El mes de setiembre del presente año 2022 está marcado, entre otros acontecimientos, por el incremento incesante de la inseguridad ciudadana y por las elecciones municipales y regionales a nivel nacional del próximo 02 de octubre. En la mayoría de ciudades se vive un ambiente electoral y como en todo proceso de esta naturaleza, renace la esperanza de una elección de mejores autoridades locales que resuelvan los principales problemas que se vive en la vida cotidiana. 

Sin embargo, la realidad nos va mostrando una oferta electoral con candidatos cuya motivación para postular no es la búsqueda del bien común o la solución a los problemas de los ciudadanos a quienes les piden los votos para ganar. Por el contrario, en muchos casos, postulan personas con antecedentes penales y judiciales, con denuncias por violencia familiar o incumplimiento en el pago de las pensiones de sus menores hijos e hijas, con la finalidad de evitar afrontar la ley o sencillamente, pensando en aprovecharse del cargo para ganar dinero de manera ilícita.

Como se sabe, uno de los temas más demandados por la ciudadanía, si no el más importante, es el de la seguridad ciudadana debido al incremento de los principales indicadores de inseguridad. Y, aunque no es de exclusiva competencia municipal o regional la solución de este problema, es legítima esta demanda ciudadana. A pesar de ello, un alcalde local o gobernador regional tiene herramientas importantes para contribuir a la mejora de la seguridad ciudadana, recordando que el Perú no es Lima, por lo que debe haber soluciones efectivas a los diferentes problemas locales. 

El liderazgo de una autoridad nacional decidida a la solución de la inseguridad ciudadana podría revertir la tendencia al deterioro de la seguridad en el país y motivaría el compromiso y la solución de los problemas de inseguridad ciudadana por parte de las autoridades regionales y municipales. Pero estamos lejos de ello. Ha trascurrido poco más de trece meses del gobierno de Pedro Castillo y no se vislumbra compromiso efectivo en la solución de los grandes problemas del país, entre ellos, la inseguridad que aqueja principalmente a los más pobres, que son la mayoría de ciudadanos.  

Qué duda cabe sobre la ausencia de una política nacional en materia de seguridad ciudadana del presente gobierno. Aunque existe un Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2019 – 2023, éste no se ha reformulado debido a la emergencia sanitaria implementada por la pandemia del corona virus. Las condiciones socioeconómicas variaron drásticamente en los años 2020 y 2021, sacando a luz un conjunto de dificultades estructurales que solamente se revertirán con reformas y cambios políticos que garanticen el desarrollo económico y social de todos los peruanos y peruanas. 

Otra expresión de la poca importancia que el presente régimen le da a la seguridad ciudadana es la volatilidad de los ministros de la cartera de interior. Desde el 28 de julio de 2021 hasta setiembre de 2022 ha habido siete (7) ministros del interior1 lo que da un promedio de ejercicio del cargo de menos de dos meses, que como se entenderá, no permite la implementación de política alguna2, en el supuesto de que se trate de profesionales con una capacidad de propuesta de la misma para el sector o en materia de seguridad ciudadana.

Aunque a nivel formal, en lo que va del año, ha habido dos reuniones del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana – CONASEC3, con la participación del presidente de la república, y de los integrantes que señala la ley 27933, ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana - SINASEC, no se observa la implementación de alguna política efectiva. La volatilidad de los ministros muestra también el conflicto de intereses en el Ministerio del Interior – MININTER, en donde los grupos de poder tienen intereses diferentes a la misión institucional y de la Policía Nacional del Perú – PNP. 

El SINASEC contempla el trabajo en cascada de los comités regionales, provinciales y distritales a nivel nacional, encargando a los gobernadores y alcaldes municipales el liderazgo del trabajo preventivo y coordinado en su ámbito territorial. Y es aquí en donde hay una clara deficiencia del sistema que afecta la atención del servicio de seguridad ciudadana a la población. Son pocas las regiones y gobiernos locales que han formulado su Plan territorial y muchas menos las que lo han implementado. 

En el campo municipal, se ha implementado el servicio de Serenazgo, que tiene un rol preventivo y disuasivo y que debiera coordinar con la institución policial en el patrullaje. Sin embargo, en muchos casos es utilizado por la autoridad edil para otros fines o intereses particulares.  

La oferta electoral en estas elecciones es la compra de motocicletas, más patrulleros o cámaras de video vigilancia. La compra del día de descanso de los policías, la conformación del serenazgo metropolitano y la creación de una escuela de serenos. La instalación de juzgados de paz en las comisarías, etc. Todas son medidas que se han implementado en los últimos 20 años con los resultados conocidos.  

La mejora de la seguridad ciudadana se debe dar en el marco de la democracia y el respeto a los derechos humanos. La desesperación de la ciudadanía pide la intervención de las Fuerzas Armadas, la pena de muerte o el linchamiento de los delincuentes. Estas medidas no son aplicables en una sociedad civilizada y que vive en democracia. 

La gestión pública de la seguridad ciudadana en los diferentes niveles gubernamentales y la mejora de sus indicadores se puede lograr con la mejora de los principios y valores humanos, como son: la honestidad y la responsabilidad, el respeto a las personas, la tolerancia, el diálogo. Y esto debe empezar por las autoridades que sean elegidas el próximo 02 de octubre.

* Del autor:  Luis Alberto Villafranca es economista por la UNALM y Mg. en ciencia política por la PUCP. Fue secretario técnico del Comité Regional de Seguridad Ciudadana de Lima Metropolitana entre el 2011 y 2014, además de gerente de seguridad ciudadana en la municipalidad de VMT (2005-2006) y consultor en esta materia en el Gobierno Regional de Ica en el 2015. 

--------------------
1 Juan Carrasco (fiscal) 29/07/2021; Luis Barranzuela (Suboficial PNP) 06/10/2021; Avelino Guillén (fiscal) 04/11/2021; Alfonso Chávarry (coronel PNP) 01/02/2022; Dimitriv Senmache (Abogado consultor) 22/05/2022.
Mariano Gonzáles abogado 04/07/2022; Willy Huerta (Administrador) 19/07/2022, interpelado el 07/09 con posible censura en estos días.
2 Como se sabe también, cada nuevo ministro cambia a los vice ministros, a los directores generales, entre ellos, al de Seguridad Ciudadana del MININTER.
3 En los meses de mayo y agosto de 2022. El CONASEC es presidido por el presidente del Consejo de ministros.