Una propuesta de solución democrática a la crisis

En los últimos días, analistas, políticos, dirigentes sociales, etc. vienen planteando fórmulas de solución frente a la delicada situación a la que nos ha llevado la conducción errática del Ejecutivo y la actitud golpista del Congreso desde que se inició el actual periodo de gobierno.

Los asomos de desborde social que se vieron en el Huancayazo a inicios de abril, se vienen irradiando a otros lugares del país, aunque con diferentes intensidades, protagonistas, intereses y demandas. El punto medular es la crisis económica y social consecuencia de la pandemia, del modelo económico y ahora de la guerra.
Estamos frente a un grave riesgo: que la crisis de régimen que no nos permite tener un gobierno estable desde 2016, entre en una etapa de convulsión social con altos costos que no queremos ni imaginar.

En ese marco, la tendencia que más está calando en la sociedad, según encuestas y análisis, es el “que se vayan todos”. Según esta tendencia, que camina de diferentes maneras y que es necesario organizar, no es aceptable la idea de que todo es culpa de la incapacidad de Pedro Castillo, o, al contrario, de que todo es culpa del Congreso golpista. El “que se vayan todos” apunta más bien a que el único camino para que el país se encauce es la salida tanto del presidente, como de los congresistas.

¿Alguien piensa realmente que Castillo pueda darle algún curso al país? Ni siquiera me refiero a relanzar un gobierno de izquierda, sino siquiera a conformar un gobierno estable. Del otro lado, ¿hay algo que le pueda ofrecer el actual Congreso a la sociedad en términos de reformas requeridas en una situación especialmente difícil como la que vivimos?

La respuesta es no. Sin embargo, uno de los principales problemas que entrampan la tendencia del “que se vayan todos” es que en el ambiente político hay dos posturas que no reflejan la realidad, que nos llevan a una falsa polarización y por tanto a falsas soluciones.

La primera postura es que, ante el fracaso de la vacancia, la solución es que renuncie Castillo y que el Congreso continúe hasta acabar su mandato en el 2026. Esta iniciativa, que tiene variantes en la transición, es más mediática que social. La impulsa una derecha desprestigiada en el Congreso que difícilmente podrá llevarla a cabo. 

La segunda postura es un poco más ilusa. Se centra en que el problema es solo el Congreso y que, por lo tanto, el presidente lo debe disolver y en su reemplazo convocar a una Asamblea Constituyente. Basta ver la performance de Castillo, para darse cuenta de que no puede ni matar a una mosca. No tiene fuerza para salir de la crisis solo con medidas económicas, menos aún, para cerrar el Congreso y luego armar un gobierno estable.

Asimismo, una nueva constitución es un documento de paz, luego de que se ha resuelto una confrontación que cambia la correlación de fuerzas en el entendido de que alguien tiene que perder. En este caso se entiende que perderían las élites del poder económico. ¿Estamos ya en ese punto?, ¿Qué constitución saldría de la actual correlación de fuerzas?, además, si el gobierno no pudo convocar a una Asamblea Constituyente en su momento más fuerte, cuando recién empezó, ¿Cómo pensar que ahora, en su momento más débil, pueda lograrlo?

En fin, ambas posturas que polarizan al país, no responden a la realidad y solo prolongan la crisis.

Basta ver el ultimátum que la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) ha dado al gobierno para que recomponga el gabinete ministerial, los viceministerios y hasta los directores de programa. Es decir que además de que se vaya el premier Aníbal Torres y sus todos ministros, se limpie la alta dirección de todos los sectores que ha sido copada en su mayoría por militantes y allegados de Perú Libre. La ANGR también extiende el ultimátum al Congreso demandando reformas constitucionales para atender la crisis económica. De no cumplirse esta exigencia, la ANGR apoyará el “que se vayan todos”. Nada menos.

Si a ello se suma la protesta social creciente en diferentes regiones que puede derivar en convulsión, queda claro que la insostenibilidad del Ejecutivo y del Legislativo es real y a nivel nacional.

Y en este punto es importante resaltar lo falso de la narrativa que señala que la protesta social que se ha iniciado con el Huancayazo es solo una maniobra de la derecha. Eso no es real. Ninguna organización política, ni de derecha, ni de izquierda, conduce las recientes movilizaciones sociales, por más que se quieran montar en ellas como se vio en Lima por parte del fujimorismo, por ejemplo.

Al ver las asambleas comunales, gremiales y las demandas que dieron sentido al Huancayazo y a la mayoría de movilizaciones que se vienen organizando en el país, me oriento a pensar que ese desborde no tiene un sentido a la derecha. Por el contrario, se trata de un movimiento por el cambio sin relación con Perú Libre, ni con ninguna organización política izquierdista. En esa lógica, saludo y me solidarizo con ese movimiento, y concluyo que es bien difícil que el fujimorismo o el resto de la derecha lo pueda capitalizar.

La realidad muestra a un presidente centrado en la sobrevivencia (ya entregó el MEF a la derecha económica y ha abandonado todas sus propuestas electorales) y con la autoridad quebrantada (especialmente luego del toque de queda del 5 de abril). Y también muestra a un Congreso tan o más desprestigiado que el Gobierno.

La derecha golpista que se refugia de la crisis de representación en el Parlamento, cree que está mejor que Castillo. Pero es tan errática que varios coinciden en que el presidente sobrevive gracias a ella. En general, la derecha peruana realmente existente no tiene qué ofrecer a la sociedad en términos de enfrentar los enormes retos de la Pospandemia y de la Guerra. Además, en la interna, viven una pugna que solemos perder de vista. Por eso, el sambenito de que ¡cuidado!, se viene un gobierno de derecha fascista después de Castillo, y por eso hay que sostenerlo, es más una posibilidad dentro de un conjunto de posibilidades que una verdad absoluta.

Entonces, una solución realista en el corto plazo pasa por la tarea de organizar el “que se vayan todos”, ordenar esa tendencia a fin de que tenga un cauce y el país no se conduzca a la anarquía. Y eso está, por lo menos hasta ahora, en la cancha de Pedro Castillo y de los congresistas. Pero para que eso ocurra eso se les debe dar a ambos una salida ordenada con garantías e incentivos.

Una manera es que el propio presidente convoque a elecciones mediante un proyecto de ley enviado al Congreso. Lo que deslizó el premier Aníbal Torres días antes de la segunda moción de vacancia.

Esa propuesta tendría que incluir una reforma política que permita tener mejores elecciones generales. Medidas como la eliminación del voto preferencial, las elecciones primarias obligatorias, la renovación por mitades del Parlamento, etc. También un programa mínimo para enfrentar la inflación, atender los bolsillos de las familias, brindando un mínimo de protección social. Ambas cosas pondrían paños fríos a la crisis.

Se trata de un retiro ordenado y amortiguado de Castillo y de los congresistas, que implica un nivel adecuado de garantías para que, de un lado, no haya ensañamiento ni ajusticiamiento con el presidente; y del otro, un incentivo a los congresistas a fin de que tengan la posibilidad de postular a su reelección por una única vez, ante el acortamiento de su periodo.

Soy consciente de que esta solución requiere una madurez política que no se percibe en nuestra clase dirigente, pero no por eso se puede dejar de plantear. Debemos apelar al sentido de responsabilidad de todas las bancadas y del mandatario, pues nada bueno saldrá si se ponen por delante acuerdos entre partidos políticos, bastante repudiados por la ciudadanía, en una lógica de unos contra otros, como si fuera suficiente llegar a un determinado número de votos en el Congreso fruto de una correlación de fuerzas precaria. 

Convencer a Pedro Castillo para que convoque a elecciones, y al Congreso para que acorte su mandato, significa que todos ellos conduzcan su propia transición. Una solución amortiguada y consensuada con seguridades e incentivos. Si Pedro Castillo no lo hace, más temprano que tarde vendrá como por un tubo la consigna de su renuncia, pero no en el sentido golpista de que se quede el Congreso, sino como clamor ciudadano de “que se vayan todos”.