Asistimos a una crisis de régimen político y un franco proceso de descomposición que involucra a casi todos los actores que sucedieron a la transición política de inicios de siglo. Lejos de significar una fuerza de cambio, este elenco político mantuvo vigente el modelo económico y político heredado de la dictadura fujimorista, convirtiéndose en férreos defensores de la constitución política de 1993. Se trata, por tanto, de una crisis que antecede a la aparición de Pedro Castillo como candidato a la presidencia de la República, lo cual no es óbice para omitir que, tras llegar a la presidencia y traicionar el Plan Bicentenario que enarboló en la campaña electoral, se convierta en un actor más de los muchos que han decepcionado a la población al desperdiciar una oportunidad histórica para impulsar los procesos de cambio que los peruanos y peruanas esperábamos. 

Desde la izquierda consideramos que la salida a esta crisis estructural y coyuntural agravada por la pandemia y los enfrentamientos geopolíticos globales, estriba en la construcción de un nuevo sistema político. Lo cual exige emprender transformaciones radicales en diversos ámbitos y sentidos, de cara al futuro del Perú de las próximas décadas. Es necesario una renovación total de la política, lo cual incluye la participación de nuevos sujetos sociales llamados a liderar dicho cambio. Se trata de desterrar las prácticas tradicionales, de cambiar el modo como se han venido ejerciendo el poder en las últimas décadas en el país. De abrir el espacio a la participación popular.

Estos cambios de la estructura social peruana deben involucrar activamente a los sectores progresistas de los movimientos y organizaciones sociales de base. Es necesario, en ese sentido, un trabajo cultural y a fondo de formación y discusión sobre los nuevos paradigmas de cambio y desarrollo, involucrando activamente a los partidos políticos, barrios, organizaciones de base, gremiales y sindicales, colectivos juveniles y asociaciones. 

Debemos apuntar a un nuevo ethos en el ejercicio de la política y la función pública. La izquierda tiene que asumir este gran desafío transformador que es la razón de ser de su responsabilidad histórica en el cambio social. Desde el resultado electoral de 2021, el nuevo gobierno ha soportado la ofensiva de la derecha y la ultra derecha conservadoras, que intentan por todos los medios deslegitimar, debilitar y derrocar al gobierno.  Desde el inicio del gobierno, se abre una concertada campaña desde el Poder Legislativo para erosionar la figura del propio presidente y de su entorno. El objetivo de la oposición de derecha es claro, vacar al presidente e instalar un gobierno de la presidenta del Congreso, María Del Carmen Alva. 

Desde Otra Mirada identificamos una serie de conductas y decisiones que de no corregirse   distancian al gobierno de Castillo del ideario democrático, transformador e igualitario que hemos defendido desde diversos espacios y momentos de nuestra trayectoria política y académica. El gobierno ha optado por otorgarle el manejo de instancias claves del Estado –ministerios, viceministerios, direcciones generales, órganos reguladores y supervisores– a personas que no siempre tienen las calificaciones y la experiencia necesarias para ocupar cargos que exigen ciertas competencias, o que arrastran antecedentes judiciales y de denuncias no esclarecidas de carácter administrativo, civil y penal.. Asimismo, ha debilitado la implementación del enfoque de género en las políticas públicas.  Si bien saludamos el nombramiento de la actual ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), diversos hechos ponen en cuestión la implementación de una agenda feminista y de derechos desde el Ejecutivo, en clara complicidad con instancias del Congreso de la República que buscan desconocer la Educación Sexual Integral en el Currículo Nacional, sin que se haya dado una reacción contundente del Ministerio de Educación. 

Mención aparte merece el reto ambiental y climático, a cargo del expresidente del IPEN y ahora ministro. Preocupa la entrega del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a la tecnocracia que lo maneja desde varias décadas. Esa concesión a sectores burocráticos, que han cumplido el rol de operadores de los grupos de poder económico en el manejo de la política económica y financiera, constituye la continuidad del “modelo de piloto automático” que ha originado la profunda crisis social en que nos encontramos. Un gobierno popular y progresista debe actuar –como piso básico de gobernanza y acumulación de fuerzas– con transparencia en la gestión pública, integridad y promoviendo la participación ciudadana en la formulación, implementación y evaluación de las políticas públicas. Derrotero que debió seguir el gobierno de Pedro Castillo y que desconoció por la presión de aliados de última hora y con poca vinculación con las fuerzas democráticas y de izquierda que lo apoyaron durante la campaña.

Por todo lo señalado, desde nuestra posición de izquierda no cabe sino adoptar una posición crítica respecto de los aspectos nocivos, regresivos y peligrosos del gobierno de Pedro Castillo. Creemos que la izquierda democrática y popular debe alejar y sancionar prácticas de corrupción facilitadas por el manejo clientelar y patrimonialista del Estado peruano, y cumplir con las políticas de cambio que ofreció en campaña y que le permitieron llegar a la Presidencia.