Desde que el 26 de febrero del 2020, Brasil anunciara la llegada del primer caso de Covid19 a América Latina y el Caribe, han fallecido 1,6 millones de personas en esta parte del mundo, convirtiéndola en su momento en el epicentro global de la pandemia. De los casi 6 millones de víctimas mortales del COVID19, 26,9 por ciento son latinoamericanos; vale decir, 1 de cada 4. 

Desde un inicio, expertos epidemiólogos, infectólogos, gestores de servicios de salud, intensivistas y salubristas en general e inclusive una miríada de “influenciadores de opinión”, lanzaron varias teorías para tratar de explicar esta desgracia, proponiendo diferentes salidas. Muchas de ellas basadas en la poca evidencia existente y, otras tantas, basadas en la experiencia y hasta en la fe. 

Estas teorías incluyeron los índices de preparación para la pandemia, la existencia de sistemas públicos universales, el número de camas hospitalarias y de unidades de cuidados intensivos, la adecuada dotación y distribución de los recursos humanos en salud, la disponibilidad de pruebas diagnósticas y, cómo no, el desarrollo de un potente sistema “trazador de contactos” (Contac tracing). Incluso se usaron indicadores relacionados con el tipo de sistema político y la capacidad estatal para brindar servicios en general. No faltaron explicaciones como la estacionalidad, la altura, la densidad poblacional y la estructura demográfica. 

Aunque es evidente que todos estos elementos son elementos importantes, lo cierto es que ninguno de ellos, de forma aislada, logra explicar los diferentes desempeños de los países, medido en términos de mortalidad. Ante la falta de evidencias, la pandemia se fue ganando su adjetivo de “misteriosa”. ¿Por qué, en algunos casos, países ricos, con poderosos sistemas de salud, tenían una mayor mortalidad que algunos países menos ricos o pobres?, ¿Por qué dos países similares en casi todos sus indicadores sanitarios, incluso vecinos colindantes, muestran resultados tan disímiles?  

La prestigiosa revista The Lancet, en su número del 1ro de febrero, reseña un estudio realizado de forma colaborativa entre la Universidad de Washington y el prestigioso tanque del pensamiento “Consejo de Relaciones Exteriores”. Los hallazgos del estudio, que cubre 177 países, demuestran que “si todas las sociedades tuvieran una confianza en el gobierno al menos tan alta como la de Dinamarca, el mundo habría experimentado 13% menos de infecciones. Si la confianza social (confianza entre las personas) alcanzara el mismo nivel, el efecto sería aún mayor: un 40% menos de infecciones a nivel mundial”. 

Efectivamente, la confianza en el gobierno y la confianza entre los ciudadanos es un factor potente protector de los individuos y de la sociedad en su conjunto. El informe, menciona a la comunicación social y la participación ciudadana como herramientas útiles que los gobiernos debieran usar para fortalecer el tejido social y la confianza como mecanismo efectivo para enfrentar la postpandemia y los futuros riesgos poblacionales, como una futura pandemia. 

Según el Latinobarómetro, los niveles de confianza en el Gobierno, el Congreso y el Poder Judicial, han venido en descenso sostenido y el país donde se encuentra los menores niveles de confianza es en Perú. 18% de nuestros compatriotas tiene confianza en el Gobierno (América Latina: 39.5%), 25% en el Congreso (América Latina: 34.48%) y 18% en el Poder Judicial (América Latina: 29.7%). De hecho, la Fundación Carolina, sostiene que América Latina “vive una auténtica crisis de confianza”.

Hundidos en el último lugar de la tabla latinoamericana de confianza en el gobierno, el país muestra que también la desconfianza entre nosotros está por el suelo. La muestra más palpable de ello es la polarización social, política, económica. Prácticamente no hay actividad en la que este fenómeno no se manifieste. 

El debilitamiento institucional resultante nos pasó la factura en materia de gestión de gobierno. Durante la pandemia, hemos tenido 4 presidentes de la república (incluyendo un golpe), dos congresos, 6 ministros de salud y 3 presidentes de la seguridad social. 

Sin embargo, en medio de esta convulsa situación emerge una institución que es capaz de entregar un bien público, de forma universal, gratuita y segura, la estrategia de inmunizaciones del Ministerio de Salud. Creada en los 80, en el marco de los grandes debates sobre los diferentes modelos de atención primaria, el ex – programa de inmunizaciones cambió de nombre, pero no dejó de ser una escuela de miles de profesionales de la salud pública, especialmente enfermeras, que son las responsables de entregar 17 vacunas a diferentes grupos de edad, desde el momento de nacimiento hasta muy entrado en la tercera edad, protegiéndonos contra 24 daños a la salud. 

Este programa ha sido responsable de garantizar que la vacuna contra la COVID19 llegue a millones de hombres y mujeres, jóvenes, adolescentes y niños de todo el país en un tiempo bastante corto. Se nos devolvió la esperanza y la alegría de sabernos más seguros y con una renovada confianza en el gobierno. 

Lamentablemente, en una serie de malhadadas decisiones el presidente Castillo cambia al ministro de salud responsable de conducir este proceso y reemplazarlo por un personaje altamente cuestionado. Como consecuencia de esta decisión, la estructura de mando de la estrategia de inmunizaciones se resquebraja. Renuncia el viceministro de Salud Pública, primero, y la directora de Inmunizaciones, después. Esta última, además, incluye en su carta de renuncia una serie de acciones que denotan falta de apoyo y maltrato; por ejemplo, ¡que el equipo de profesionales responsables de conducir actividad no tiene contrato vigente! Otras versiones señalan que la situación ya era inestable y que el pronto vencimiento de cientos de miles de vacunas COVID19 Astrazeneca precipitó el desenlace.  Lo más probable es que sea una mezcla de ambos. 

Sin embargo, el problema no es solo de la vacunación. Desde la llegada de Castillo se le ha ido quitando importancia al manejo de la pandemia y postpandemia. Primero, nunca se presentó una estrategia multisectorial que contemple el manejo de todos sus ángulos – social, económico, empleo, etc. -, se le redujo a ser un problema de salud. Por su parte, el MINSA no presentó una estrategia integral que abordase la pandemia COVID19 y los efectos postpandemia (especialmente el COVID largo y las secuelas del manejo de la enfermedad), así como el enorme embalse NO-COVID. Cevallos redujo todo a impulsar una vacunación exitosa; tarea que todavía está por ser cumplida ya que aún faltan 2/3 partes de la población por recibir su tercera dosis. 

Por si no fuera suficiente, múltiples voces de la sociedad, especialmente de las corporaciones profesionales médicas piden el cambio del ministro; pedido que ha sido asumido por el Congreso, quien ya prepara una interpelación y su eventual censura. Situación que se agrava aún más por las últimas revelaciones periodísticas que comprometen al propio presidente. 

Nuevamente, la incertidumbre, la desconfianza y la polarización, generadas por el propio Castillo, debilitan nuestra respuesta a la pandemia, especialmente la consolidación de la vacunación, así como el manejo de la compleja agenda postpandemia. 

* Exministro de salud y director ejecutivo de Gobierna Consultores