Las elecciones presidenciales y legislativas del 14 de noviembre en Nicaragua han generado rechazo internacional por considerarse que fueron fraudulentas y carecieron de legitimidad y transparencia, en un escenario en el que líderes de oposición, incluidos siete precandidatos presidenciales, continúan detenidos.

Los llamados para desconocer las elecciones, invocar la Carta Democrática Interamericana (CDI) de la OEA para expulsar a Nicaragua de este organismo e incrementar las sanciones económicas no se hicieron esperar. Las declaraciones de líderes como el presidente Joe Biden al calificar las elecciones de “farsa” y señalar que “la familia Ortega y Murillo gobiernan Nicaragua como autócratas, no diferentes de la familia Somoza contra la que Ortega y los sandinistas lucharon hace cuatro décadas” así como las de representantes de la Unión Europea, no se hicieron esperar. Tampoco, los pronunciamientos conjuntos de excancilleres y expresidentes latinoamericanos quienes, entre otros, apuntaron a la destitución de ese país de la OEA. 

La respuesta del gobierno nicaragüense llegó el 19 de noviembre a través de su canciller, Denis Moncada, quien anunció su retiro de esa organización toda vez que “tiene como misión facilitar la hegemonía de los Estados Unidos; con su intervencionismo, sobre los países de América Latina y el Caribe.” No obstante, la acción que más podría afectar a la población nicaragüense es la ley Renacer, promulgada por Biden el 10 de noviembre.

El protagonismo de la OEA

El mismo día de las elecciones, cuatro expresidentes (Fernando Enrique Cardoso de Brasil, Laura Chinchilla de Costa Rica, Ricardo Lagos de Chile, y Juan Manuel Santos de Colombia) y el actual secretario general de IDEA Internacional, Kevin Casas Zamora, denunciaron que las condiciones de la ilegítima jornada electoral estuvieron marcadas por la violación de los derechos ciudadanos para elegir de manera libre y democrática a sus autoridades y que ese era el camino mediante el cual una democracia se convierte en autocracia.

En ese marco hicieron un llamado a “las instituciones democráticas de Estados Unidos, Canadá, Europa y los países latinoamericanos, más los organismos internacionales que corresponda, para desconocer sus resultados” y profundizar el aislamiento internacional del régimen, incluida su suspensión de la OEA. Asimismo, exigieron la inmediata liberación de todos los presos políticos, y la suspensión de todos los programas o negociaciones en el seno de las instituciones financieras internacionales y regionales en tanto las condiciones mínimas de vigencia de la institucionalidad democrática no retornen a Nicaragua.

Dos días después, 40 ex cancilleres de 14 de los 34 miembros de la OEA, entre los que se encuentran cuatro peruanos (Eduardo Ferrero Costa, Diego García Sayán, Eda Rivas y Allan Wagner) suscribieron una carta en la que instaron a los gobiernos a censurar al gobierno de Nicaragua en la 51 Asamblea General por la violación de la CDI, tal como efectivamente ocurrió el viernes 12.

Los excancilleres señalaron que el gobierno nicaragüense no sólo contaminó el proceso electoral, sino que ignoró los elementos esenciales de la democracia como la independencia de poderes, la libertad de expresión, la alternancia en el poder y el pluralismo político. “Todos estos principios, establecidos en la Constitución de Nicaragua, la CDI y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, han sido conculcados”, hechos que marcan “el afianzamiento de un régimen totalitario en Nicaragua”. Hicieron también un llamado a la OEA para que se convocara a una Asamblea General Extraordinaria para tomar acciones enmarcadas en los compromisos de la CDI que podría llevar a la suspensión de Nicaragua de la OEA si el gobierno no acepta realizar nuevas elecciones libres, transparentes y justas.

Para poder tratar el tema de Nicaragua en la 51 Asamblea General de la OEA, que tuvo lugar del 10 al 12 de noviembre, ocho países (Estados Unidos, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, República Dominicana, Uruguay y Antigua y Barbuda) habían presentado el 20 de octubre un proyecto de resolución sobre la Situación de Nicaragua en el Consejo Permanente de esa organización. La resolución fue aprobada el 10 de noviembre por 25 votos a favor (entre ellos el de Perú), uno en contra (Nicaragua), 7 abstenciones (Bolivia, México, Honduras, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Belice y Dominica) y un país ausente (Saint Kitts y Nevis). Si bien la resolución no pide abiertamente la activación del artículo 21 de la CDI, en virtud del cual se puede suspender a un Estado miembro, esta no se descarta.

La Carta Democrática Interamericana

Esta fue adoptada por los 34 miembros de la OEA en 2001, en Lima, en momentos en que Perú se desprendía del régimen autoritario de Alberto Fujimori y dotó a la organización de un instrumento jurídico que le permitiría actuar no sólo ante golpes de Estado. Al introducir el concepto de “alteración del orden constitucional” podía abordar los abusos de poder de nuevo tipo después del fin de las dictaduras militares, frente a las cuales, dependiendo del signo político, el organismo miró a un costado.

Si bien los objetivos de la CDI son loables y suenan bien, sus 20 años de existencia no dejan muchos resultados para festejar. Esta no sólo no fue invocada en todas las crisis políticas que ocurrieron en la región, sino que existe una suerte de doble rasero para evaluar el respeto a la institucionalidad y el Estado de Derecho. El ejemplo más reciente ocurrió en Honduras en 2017 cuando, a pesar del fraude electoral perpetrado por el presidente Juan Orlando Hernández –denunciado por la propia Misión Electoral de la OEA– el secretario general de la OEA y los gobiernos de Colombia, Estados Unidos, México (de Enrique Peña Nieto), entre otros, reconocieron rápidamente a Hernández como legítimo vencedor, bloqueando una posible activación de la Carta.

Cuando en 2012 el Senado destituyó al presidente de Paraguay, Fernando Lugo, en lo que muchos califican como neogolpismo, a la OEA se le pasó el tiempo en investigaciones. Sin embargo, fue suspendido en el Mercosur (por violar la cláusula democrática del Protocolo de Ushuaia) y de la Unasur (por incumplimiento de los artículos 1, 5 y 6 de su Protocolo Adicional)

El único caso de suspensión de un Estado por medio del artículo 21 de la CDI fue Honduras en 2009, después del golpe de Estado en contra del presidente Mel Zelaya. Entonces, 33 países votaron por la expulsión del país centroamericano en una Asamblea General Extraordinaria. A pesar de que la “normalidad electoral” retornó al país, no se restableció el mandato de Zelaya, por lo que muchos observadores cuestionan la real efectividad de la Carta.

La CDI tampoco ha sido invocada, ni siquiera mencionada, cuando los vándalos dirigidos por el expresidente Donald Trump irrumpieron en el Capitolio el 6 de enero de 2020. La OEA no se inmutó tampoco con los audios en los que funcionarios de las filas del Partido Republicano del Estado de Georgia se negaron al pedido de Trump de alterar los votos y revertir las elecciones que Biden ganó limpiamente. Varios meses antes de la contienda electoral, Trump decía con total desparpajo, que sólo reconocería el resultado si él ganaba pues su derrota sólo se explicaría por un fraude. En el reino de la democracia y del respeto a la institucionalidad, y con una OEA silente, un inimputable Trump tiene chances de ser el próximo presidente de ese país.

“Renacer”

En general, si le interesa, el gobierno estadounidense prefiere optar por sanciones unilaterales para asfixiar la economía de un país cuestionado, antes que entrar en las disquisiciones de la OEA. En el caso de Nicaragua, Biden ha sido presionado por sus opositores para promulgar, el 10 de noviembre, la ley de Reforzamiento de la Adherencia de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral (Renacer, por sus siglas en inglés), la cual abre la puerta a sanciones más duras contra ese gobierno. Los senadores Marco Rubio, Ted Cruz y los congresistas Juan Vargas y María Elvira Salazar, entre otros, han tenido un papel decisivo en su promulgación.

El proyecto de ley Renacer fue aprobado a principios de agosto por el Senado, pero estuvo encarpetado en la Cámara de Representantes, donde recién esta semana se aprobó y se envió al despacho de Biden para su promulgación. Esta ley permite solicitar a los bancos multilaterales que restrinjan el otorgamiento de préstamos e inclusive revisar la pertenencia de Nicaragua al Tratado de Libre Comercio de América Central (CAFTA). Estados Unidos es el principal socio comercial de Nicaragua, pues importa el 60% de sus productos. Biden preferiría no ahogar económicamente a Nicaragua para no provocar una nueva oleada migratoria que repita la situación de Haití o del Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala Honduras y El Salvador). El 86% de los inmigrantes centroamericanos en Estados Unidos proviene de estos tres países mientras que solo 6,8% proviene de Nicaragua. La crisis migratoria en la frontera sur es uno de los problemas más serios que enfrenta su administración.

Entretanto, los miembros de la OEA habían instruido al Consejo Permanente a nombrar una comisión para que realice gestiones diplomáticas al más alto nivel para procurar una solución pacífica y efectiva a la crisis política y social en Nicaragua y que rinda un informe en un plazo máximo de 75 días. Luego de recibido el informe de esa comisión, se adoptarían las medidas necesarias, incluida, la convocatoria a una sesión extraordinaria de la Asamblea General para invocar el artículo 21 de la CDI para su expulsión. La respuesta del gobierno de retirarse de la OEA le quita el piso a los funcionarios y consultores del organismo.

Es decir, la OEA no sería la entidad que fiscalizaría las fallas de la institucionalidad democrática en Nicaragua. Durante la Asamblea General, la representante de México, Luz Elena Baños Rivas, ya había señalado que se “pretende poner soluciones desde fuera a problemas locales” con “decisiones que están en contra del derecho internacional”. La mexicana agregó que “la OEA debería de ser una organización inclusiva, promotora del diálogo político, de la cooperación, la integración y el desarrollo de los Estados miembros, pero no lo es (…) Por el contrario, es un espacio donde se profundizan las diferencias y el aislamiento, y donde se impulsan agendas parcializadas”.

Uno de los absurdos que la OEA cometió en su última Asamblea General es haber acogido en su seno a enviados de Juan Guaidó como representantes del gobierno de Venezuela, a pesar de su retiro de ese organismo en 2017, hecho que produjo el rechazo de México, Argentina, Bolivia, entre otros, mientras que el Perú mantuvo silencio. 

Es una paradoja que muchos de los gobiernos dispuestos a juzgar desde ese organismo el irregular proceso electoral de Nicaragua y los atropellos que se producen en ese país contra la libertad de expresión, carezcan de ética para hacerlo. Como si fueran carmelitas descalzas, varios de los gobernantes que alzan el dedo acusador contra Nicaragua están involucrados en actos de corrupción, evasión de sus fortunas en guaridas fiscales, militarizan regiones para contener los reclamos de la población originaria (los mapuches, por ejemplo) o imponen estados de excepción para reprimir la protesta social. Otros están acusados por crímenes contra la humanidad por negar y manejar mal la pandemia, por permitir la destrucción de la Amazonia, por reprimir brutalmente manifestaciones sociales, por no tomar acciones frente al escándalo de los falsos positivos (inocentes asesinados por el ejército en calidad de trofeos) o a la matanza de dirigentes sindicales y medioambientales, entre otros. En estas condiciones, el régimen de Nicaragua se encontrará cada vez más aislado de la comunidad internacional y su población expuesta a la asfixia que generaría la instrumentación de la ley Renacer promulgada por Biden. Una vez, más, la OEA demuestra no ser el organismo idóneo para hacer respetar el Estado de derecho y la institucionalidad democrática en la región.