El trabajo de filigrana diplomática del gobierno mexicano permitió que el sábado pudiera realizarse la VI Cumbre presidencial de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), luego de cuatro años de parálisis. El mayor éxito del evento consistió en haber sentado en la misma mesa a los líderes de la región, a pesar de sus diferentes miradas políticas. Si bien no figuraba en la agenda, el tema central de las divergencias giró en torno a la legitimidad del gobierno de Nicolás Maduro. 

El rol protagónico de la oposición a dicho gobierno la tuvo el presidente de Colombia, Iván Duque quien, desde Madrid, en compañía de Mario Vargas Llosa, no solo rechazó la presencia de Maduro en la Cumbre, sino que rompió el consenso de la declaración final al negarse a pedir a la comunidad internacional el cese de las sanciones económicas que pesan sobre ese gobierno. 

Su negativa tuvo lugar a pesar del informe presentado por la relatora especial de las Naciones Unidas, Alena Douhan, durante el 48° periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en el que señala que “las medidas coercitivas unilaterales impuestas por Estados Unidos contra Venezuela han generado un gran impacto negativo en la población y violan en forma flagrante el derecho internacional”. Inclusive, la Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, ha pedido en días recientes el levantamiento de sanciones a Venezuela porque “profundizan la crisis”.

En el Perú, el primer discurso del presidente Pedro Castillo en una reunión internacional, la Celac, ha generado controversias internas toda vez que allí anunció que “nuestro país sostiene y sostendrá relaciones diplomáticas con todos los países de América Latina y del mundo sin ninguna discriminación, caso contrario este sentido encargo del Perú profundo caerá en saco roto”. Sin embargo, dos días después, el vicecanciller Luis Enrique Chávez aseguró que el Perú no reconoce a ninguna autoridad legítima en Venezuela desde el 5 de enero del 2021, afirmación que el premier Bellido desautorizó públicamente “por no reconocer autoridad legítima en Venezuela y que esa no es la postura del presidente izquierdista Castillo”. Asimismo, añadió: “Nuestro presidente tuvo una reunión con el presidente N. Maduro para solucionar crisis migratoria. Si al canciller o su adjunto no le gusta tienen las puertas abiertas”.  

Son lamentables estas discrepancias pues dañan la imagen del Perú en el exterior, sobre todo porque las negociaciones que tienen lugar en México, con la intermediación de Noruega entre el gobierno de Maduro y la oposición –que ya se inscribió para participar en las elecciones regionales y municipales que se realizarán el próximo 21 de noviembre– reconocen de facto la legitimidad del gobierno de Maduro. 

La política instrumentada desde febrero de 2019 por el gobierno de Trump para sacar a Maduro del poder mediante la imposición de la presidencia paralela de Juan Guaidó –con representaciones diplomáticas en más de 50 países y algunos organismos multilaterales como el BID–, la asfixia económica e incursiones armadas con mercenarios entrenados en territorio colombiano, como la Operación Gedeón, ha fracasado. La derrota se ha llevado puesto al Grupo de Lima, instancia desde la cual se promovió la ruptura de relaciones diplomáticas con el gobierno de Maduro, su expulsión de la Cumbre de las Américas –cuya secretaría técnica está a cargo de la OEA– y se exhortó a las Fuerzas Armadas de Venezuela a respaldar a Guaidó.

Es probable que el absurdo de continuar reconociendo una diplomacia paralela que represente a Guaidó, quien quedó sin paraguas de legitimidad el 6 de diciembre pasado cuando perdió su cargo de presidente de la Asamblea Nacional, y el costoso financiamiento a la oposición de ese país que fue incapaz de formar un frente único para derrotar a Maduro, haya llevado a los máximos representantes de la diplomacia de Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá, a fines de junio, a firmar un comunicado en el que abogan por una “solución pacífica” que parta “del propio pueblo venezolano” y se canalice a través de las estructuras políticas venezolanas. 

La OEA

Otro de los temas que se vislumbraban como centrales en el debate en el marco de la Celac fue la reforma o reemplazo de la OEA. El canciller  de México, Marcelo Ebrard ha calificado a la OEA de «intervencionista e injerencista» y por ello proponía su cambio. El canciller se lo había hecho saber a Kamala Harris y al secretario de Estado, Anthony Blinken, en una visita a Washington el 9 de septiembre, en el marco del Diálogo Económico de Alto Nivel, mecanismo bilateral interrumpido durante la era Trump.

Un mes antes, en la cumbre de cancilleres de la Celac, el presidente de México había advertido que “no debe descartarse la sustitución de la OEA por un organismo verdaderamente autónomo, no lacayo de nadie, [basado en] los principios de no intervención, autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de las controversias”. Por su parte, Alberto Fernández de Argentina, manifestó que la OEA “tal como está no sirve” y que es un escuadrón que avanza sobre los gobiernos populares de América Latina. Asimismo, llegó a decir que trabaja para que la Celac “sea el lugar de reemplazo”. Lo propio ha señalado el presidente de Bolivia Luis Arce, al acusarla de avalar el golpe de Estado contra Evo Morales en 2019.

Desde su creación en 1947 este organismo ha canalizado los intereses geopolíticos de Estados Unidos. Su partida de origen fue la defensa contra el comunismo en la región en el contexto de la guerra fría. En ese marco, en colaboración con la CIA y en nombre de la democracia, ha organizado golpes militares, intervenido o invadido militarmente países cuyos gobiernos intentaron alejarse de su órbita. El rol de la OEA podría hasta entenderse durante la guerra fría, pero esta terminó hace tres décadas. Sin embargo, continúa ejerciendo su rol de gendarme.

Es tanta su importancia, que ni siquiera Donald Trump la desactivó a pesar de que se retiró de la Organización Mundial de la Salud (OMS), del Acuerdo de París, de la UNESCO, de la Organización Internacional de Migraciones (OIM), entre tantas otras. La OEA se mantuvo incólume como instancia para intervenir en la región, de formas más sutiles, enarbolando las banderas de las libertades democráticas y los derechos humanos, que evalúa con un doble rasero. 

Pero en tiempos recientes, la obediencia de la región al organismo se ha visto un tanto relajada. Por eso, el ex asesor de Seguridad Nacional de Donald Trump, John Bolton, auspició con sus aliados de la región la conformación del Grupo de Lima como mecanismo de apoyo para restablecer la convivencia democrática en Venezuela, en los términos de Trump, ya que no le alcanzaban los votos en la OEA para sancionarla. Quizás por eso, en su libro La habitación donde sucedió; una memoria de la Casa Blanca, Bolton calificó a la OEA “como un organismo moribundo”.

El hecho más reciente por el que la OEA es acusada de injerencia en la región es por su aval al golpe de Estado en Bolivia, al haber creado una narrativa que indujo a suponer que hubo fraude en las elecciones presidenciales de 2019. Las afirmaciones de supuestas irregularidades han sido desmentidas por expertos en conteo de votos de universidades y por informes divulgados por diarios como el New York Times. Inclusive, a fines de julio, la Cámara de Representantes de Estados Unidos sancionó una ley que hace un llamado al gobierno de Biden para investigar si las denuncias sin fundamento de la OEA sobre irregularidades electorales contribuyeron al golpe de Estado contra el expresidente boliviano Evo Morales en 2019.

La Celac

Si bien se esperaba que México, al tener la presidencia pro tempore de la Celac, impulsaría una propuesta a ser consensuada en la Cumbre para sustituir o reformar la OEA, esta no formó parte de la agenda. La propuesta tuvo la férrea oposición de los presidentes de Colombia, Uruguay, Paraguay, entre otros. Sin embargo, ello no impidió que el presidente mexicano durante su discurso inaugural reiterara no solo la necesidad de eliminar la política de bloqueos económicos, sino que “las controversias sobre democracia y derechos humanos se diriman a petición de las partes en instancias verdaderamente neutrales”, en diplomática alusión a la impertinencia de la OEA para esa tarea.

Además, en la declaración final “se rechaza la aplicación de medidas coercitivas unilaterales, contrarias al derecho internacional”, y “se reafirma el compromiso de los gobiernos con la plena vigencia del Derecho Internacional, la solución pacífica de controversias y el principio de no intervención en los asuntos internos de los Estados”.

La imprevista participación del presidente Nicolás Maduro en la Cumbre, el cuestionamiento del canciller de Nicaragua a la candidatura del gobierno argentino para asumir la presidencia pro tempore de la Celac, tras alegar que este interfirió en sus “asuntos internos” al criticar la detención de opositores al gobierno de Daniel Ortega; la ausencia del Presidente Alberto Fernández –quien suspendió su viaje debido a la crisis post electoral parlamentaria en Argentina– y la renuncia desde México de su canciller Felipe Solá al enterarse que sería destituido de su cargo –lo que dio lugar a que la delegación argentina quedara a cargo de un subsecretario– fueron algunos de los hechos saltantes de la reunión. El gobierno mexicano no pudo entregarle la presidencia pro tempore al presidente argentino, tal como estaba previsto.

Por otro lado, la presencia de Charles Michel, presidente del Consejo Europeo y los mensajes virtuales del presidente de China, Xi Jinping, así como del secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, fueron señales de multilateralidad que el cónclave logró transmitir. 

No obstante, el camino de la coordinación es largo. América Latina y el Caribe tienen un diálogo institucional de baja intensidad. Sus gobiernos se han dedicado a conformar en la última década organismos de integración, cargados de ideología, los cuales sucumben cuando cambian los signos políticos de sus gobiernos. Así, por instrucciones de Washington, se desactivó la Unasur, un tratado internacional creado en 2008 que fue reemplazado por un engendro llamado Foro para el Progreso de América del Sur (Prosur), en Santiago, en marzo de 2019, bajo el auspicio de Iván Duque y Sebastián Piñera. La ausencia de diálogo institucional en la región ha dejado lecciones amargas, como la imposición, por el gobierno de Trump, de Mauricio Claver-Carone como presidente del BID, cargo que históricamente le correspondía a un latinoamericano. 

A diferencia de nuestra región, la Unión Africana, organización intergubernamental política y de cooperación que agrupa a los 56 países de las más diversas ideologías y culturas de ese continente, ha adoptado una sola voz en diversos temas como los vinculados con la pandemia. En febrero de este año publicó un comunicado en el que apoyó la propuesta presentada por India y Sudáfrica a la Organización Mundial del Comercio (OMC) para suspender las patentes de las vacunas contra la Covid-19 hasta que la población mundial no estuviera totalmente vacunada. 

La voz común de ese continente no se limitó a declaraciones conjuntas, sino que utilizaron el Fondo Africano de Adquisición de Vacunas (AVAT) para negociar y adquirir, coordinadamente, parte de estas. Lo mismo hizo la Unión Europea y algunas asociaciones del sudeste asiático. En cambio, nuestra región no utilizó plataformas similares que existen en la mayoría de los organismos subregionales de integración.

En el actual escenario multipolar es fundamental recuperar los espacios regionales para coordinar lineamientos mínimos comunes de negociación con las viejas y nuevas potencias. La VI Cumbre de la Celac, a pesar de sus dificultades, es un paso adelante en la construcción de la soberanía regional.