Por Nicolás Lynch

Da rabia ver a los congresistas aprobar reformas insignificantes luego de la repartija, la movilización juvenil y tanto reclamo popular por reformas políticas profundas que aunque sea nos acerquen a superar la grave crisis de representación que vivimos. Todo pareciera estar organizado para la foto y para quedarse, burlándose por enésima vez de los ciudadanos del Perú.

¿Qué han hecho en el Congreso en las últimas legislaturas sobre el tema? Cerrar el sistema político, haciendo crecer los requisitos para registrar un nuevo partido de 1% del padrón electoral a 3% y por último a 5%, más de medio millón de firmas. Lo que significa, según los expertos en el asunto, un gasto de aproximadamente dos millones de dólares y un par de años de trabajo. ¿Quién puede hacer esto? Sólo los que tienen gran poder económico y pueden armar tamaña operación. Lo curioso es que semejantes requisitos no existen en ninguna parte del mundo, nada más en el Perú, donde las cosas están hechas para que los pechugones de turno sigan prendidos de la mamadera para siempre.
 
En los regímenes democráticos el pedido de firmas suele ser simbólico, entre cincuenta y cien mil firmas, y más bien se pone cuidado en revisar si los comités partidarios funcionan y los partidos tienen una vida militante real. Es decir, se facilita la legalidad partidaria y se cuida, eso sí, la entrada a la institución parlamentaria. Aquí, ésta barrera mínima ya es 5% de la votación nacional, pero podría subir al 7% inclusive si se promoviera la legalización de más partidos y así la entrada en competencia de nuevas alternativas. En otras palabras, muchos y nuevos compitiendo, pero pocos entrando a la institución parlamentaria para que esta pueda gobernarse adecuadamente. Por lo demás, preguntémonos, si todos los que tienen registro –casi 20 en estos momentos- tuvieran que volver a sacarlo ¿cuántos llegarían a las cincuenta mil firmas? Me atrevo a decir que muy pocos.
 
La siguiente maniobra es la mantención del voto preferencial. Este se ha convertido en una herramienta de los amantes del negocio rápido para llegar al Congreso de la República. ¿Qué se necesita para ser elegido congresista en muchos de los casos? Harto “cash”, es decir plata en mano para burlar la legislación electoral sobre financiamiento a los partidos y comprar todos los votos preferenciales necesarios para la elección. No por gusto hay tanto congresista denunciado por vínculos con la economía delictiva: prostitución, narcotráfico, minería ilegal, uso indebido de fondos públicos, etc. etc. De esta manera, la política se convierte desde su origen electoral en un negocio, peor todavía, en uno de los más sucios negocios. La alternativa es eliminar el voto preferencial y reemplazarlo por elecciones primarias abiertas en los partidos para elegir candidatos a puestos públicos. De esta manera, cualquier ciudadano podrá acercarse al partido que le sea afín y votar por quien mejor le parezca. Así, se fortalece y al mismo tiempo se democratiza la institución partidaria.
 
Por último, el financiamiento público a los partidos políticos. Todas las democracias desarrolladas han dado un salto cuando se ha establecido en sus países el financiamiento público a los partidos. La razón es muy sencilla, la política en las democracias representativas es muy cara y si son además participativas, es más cara todavía. Si no se financia con dinero público se financia con dinero negro, es decir el dinero de la corrupción, que compra políticos para después pedir favores. Por supuesto que si se usa dinero público debe ser con el control y las sanciones adecuadas para que se hagan bien la cosas. En el país, desafortunadamente, los que se financian con dinero negro hacen una intensa campaña para que no haya financiamiento público, que se reparta democráticamente, porque no les conviene. Es más, está tan desprestigiada la política que nos da vergüenza decir que hay necesidad de financiar el funcionamiento de los partidos, no solo las campañas, porque esta es la única manera para que estos existan y se conviertan en escuelas de democracia. Dejemos de lado entonces los prejuicios y las maniobras y vayamos a una legislación equitativa y eficiente de financiamiento público de los partidos.
 
Otra medida inmediata, asociada a la anterior, que ayudaría mucho al mejor financiamiento de la política es la prohibición de la propaganda pagada en la TV privada. Nuevamente, en la mayor parte de las democracias desarrolladas esta propaganda está prohibidísima. Restringir la propaganda en TV a la franja electoral gratuita que se trasmite en la TV pública sería un gran paso en hacer las elecciones más justas, porque pondría a los contendientes en un mayor pie de igualdad al evitarles el mayor de los gastos de cualquier campaña electoral.
 
Todo ello, sin avanzar a otras reformas, como el retorno a la bicameralidad, la renovación por mitades de las cámaras, la elección parlamentaria de un jefe de gobierno o la limitación del número de mandatos de los congresistas. Los primeros puntos planteados podrían aprobarse de inmediato, pero no  lo hacen porque no les conviene, porque una buena mayoría querrían estar en sus sillones para siempre.
 
Me temo que la irresponsabilidad de nuestros congresistas lleva a pensar que solo una crisis mayor podrá terminar con la clase política que tenemos por delante y abrirá el camino para rediseñar un sistema que represente verdaderamente a los ciudadanos. Mientras tanto, preocúpese, porque se van a seguir burlando de nosotros.