En la presente coyuntura electoral se sustentan una serie de propuestas con el objetivo de ganar votos, sobre todo cuando la población del entorno minero es contraria al fujimorismo, y donde la votación por el candidato Pedro Castillo ha sido aplastante. La Sociedad de Minería, Petróleo y Energía se pregunta: si ellos invierten, y crean riqueza generando canon minero y regalías, ¿por qué tanta oposición?

Frente a ello, la propuesta fácil y expeditiva de Keiko Fujimori ha sido ofrecer que el 40 % del canon minero se distribuya a la población directamente sin intermediación alguna. Creemos que como “remedio resultará peor que la enfermedad”.

Este ofrecimiento ha sido calificado como un “tremendo disparate” por la misma derecha expresada a través del ex ministro de economía Alfonso Segura, además que se violenta la ley general del canon, la misma que requeriría un cambio legal que debería ser aprobado por el Congreso de la República.

Si asumimos como punto de partida que el 50 % del impuesto a la renta minera abonado por las empresas mineras se transforma en canon por decisión del Estado. La propuesta de la candidata fujimorista es de lo más populista y demagógica y sus asesores económicos debieran orientarla mejor.

UN CANON QUE NO ES CANON

Al margen de las consideraciones sobre la determinación del canon minero que no es realmente un canon como sí sucede en el sector petrolero el cual se fija sobre el 15 % del valor de la producción de crudo extraído y valorizado por PerúPetro en un punto de fiscalización. 

En el mismo sentido, el canon gasífero que se obtiene de la explotación del gas y líquidos de Camisea, está determinado por el 50 % de regalías pagadas y el 50% del impuesto a la renta. ¡En la actividad minera el canon es totalmente diferente!

En el caso minero, el canon depende de la utilidad imponible realmente pagado que está sujeta a una serie de deducciones en razón de los beneficios tributarios. Por ello, se debe diferenciar la utilidad antes de impuestos según el “estado de resultados” lo que antes se denominaba estado de “ganancias y pérdidas”, de la utilidad imponible que abonan finalmente las compañías mineras. 

Esta información la maneja la Sunat con excesiva reserva tributaria por ello, los montos por distribuir del canon minero anual que se realizan luego del mes de abril de cada año, un tiempo después de presentada la Declaración Jurada, no coinciden necesariamente con el impuesto a la renta declarado por sectores económicos.

Si se considera previamente que el impuesto a la renta es un ingreso derivado, que está sujeto a las deducciones del costo de ventas, de los gastos administrativos y de ventas sumadas a las deducciones de los gastos financieros y otros egresos, vemos que el impuesto recaudado se reduce. La situación se agrava si se consideran las devoluciones de impuestos que realiza el fisco. Lo que prácticamente ingresa al Estado después de sumar y restar, ingresos y egresos se reduce al mínimo. 

DISTRIBUCIÓN CUESTIONADA

Según mandato legal el 50 % del impuesto a la renta pagado por las empresas se transforma en canon minero, que se distribuye entre los gobiernos locales y regionales incluyendo un 5 % para las universidades públicas.

En principio el distrito donde opera la unidad minera percibe el 10 % del canon minero. El 25 % a la municipalidad provincial donde está ubicada la explotación minera, un 25 % adicional se distribuye para el gobierno regional incluido allí el 5% para las universidades públicas. El restante 40 % se distribuye entre todos las provincias y distritos de la región donde opera la empresa minera.

Por tanto, la propuesta de la candidata del fujimorismo apuntaría a distribuir el 40 % del canon minero entre la población de las provincias y distritos de la región minera. Lo cual significaría quitarles recursos a los gobiernos locales para las inversiones sociales, productivas y de infraestructura. Una tremenda distorsión del canon minero que encontrara la oposición de los gobiernos subnacionales.

Al margen de los montos distribuidos del 50 % del impuesto a la renta que se transforma en canon, éste tiene como objeto las inversiones sociales en salud, educación, infraestructura, carreteras etc. las cuales en la práctica no han tenido mayor impacto sobre el bienestar de la población, y es verdad han estado atravesadas muchas de ellas por prácticas corruptas, mafias y organizaciones criminales.

Un ejemplo perverso lo constituye el distrito de San Marcos en la provincia de Huari en Ancash, que en una década habría percibido un monto aproximado de canon minero cercano a los 900 millones de soles, gracias sobre todo al impuesto abonado por la Minera Antamina. 

Considerado el distrito minero más rico del país, la población de San Marcos no ha elevado su nivel. Es decir, con un promedio de 90 millones por año ha podido ser un distrito modelo en el desarrollo de ventajas competitivas, y mejores condiciones de vida para su población. Por el contrario, la mayoría de alcaldes ha tenido problemas con la justicia, es más algunos purgan prisión por los ilícitos penales cometidos.

Es decir, según la norma los montos del canon minero deben ser invertidos socialmente. Es más, el Ministerio de Economía y Finanzas distribuye los montos del canon en función de una serie de coeficientes que expresan una ponderación del tamaño de la población y los indicadores de pobreza, según el Instituto de Estadística e Informática (INEI).

Esta propuesta de distribuir directamente el canon minero a la población no resulta nueva en la historia. En los inicios de la década pasada hubo un ex presidente regional por Ancash, que ganó el gobierno regional ofreciendo S/ 500 soles a cada familia si llegaba al poder regional. Era conocido como el “loco Waldo Ríos” que recorría las calles de Huaraz cargando una cruz como Jesús de Nazareth ofreciendo las mejoras para la población sobre todo a los más pobres.

Lo increíble es que ganó las elecciones regionales y se dispuso llevar a la práctica lo ofrecido en campaña. Comenzó a distribuir los recursos del canon minero a “diestra y siniestra”. Fue denunciado por malos manejos, malversación de fondos y otros ilícitos penales por su propio Consejo Regional. Fue destituido, y estuvo en prisión una temporada, y se perdió en los recovecos de la historia.

En verdad, los recursos del canon y las regalías mineras que se distribuyen a los gobiernos locales y regionales deben ser evaluados después de 20 años de transferencias. En qué se invirtieron los millonarios recursos generados por la actividad minera. Sobre todo, en los departamentos mineros como Ancash, Arequipa, Tacna, Moquegua, La Libertad, Cajamarca, Cuzco que han sido las regiones con las mayores transferencias.

Lo cierto y evidente es que la propuesta de la candidata Keiko Fujimori además de populista debilitaría aún más la ya débil institucionalidad democrática de los gobiernos locales, fomentando el asistencialismo, la demagogia. ¡Es decir, es un disparate en pleno sentido de la palabra!