“Lula Libre” fue el reclamo de millones de brasileños y latinoamericanos durante el más de año y medio en que Luis Ignacio Lula Da Silva, el dos veces presidente del Brasil por el Partido de los Trabajadores, estuvo preso. Y Lula salió finalmente libre, pero lo que es mejor, otro año y medio después, las cuatro condenas que tenía por supuestos delitos de corrupción que habría cometido durante sus gobiernos, fueron anuladas por el Juez Supremo encargado de revisar los casos. La razón, las gravísimas faltas al debido proceso, ya denunciadas en 2019, por parte del Juez Sergio Moro que actuó en complicidad con los fiscales de la operación Lavajato para incriminar a Lula. Un caso típico de lawfare o persecución política usando la legalidad, contra el expresidente brasileño con propósitos ajenos a impartir justicia. En su caso, para sacarlo de la carrera presidencial el año 2018 cuando lideraba todas las encuestas luego del golpe parlamentario contra Dilma Rousseff, aunque en la práctica buscaban liquidarlo políticamente para siempre.

El significado político de la libertad primero y de la anulación de las condenas después es de gran importancia para la izquierda brasileña y latinoamericana. Lo inmediato es que Lula vuelve a ser, como ya lo era cuando le prohibieron postular, un posible candidato ganador en una contienda electoral con Jair Bolsonaro el 2022, y quizás si lo más importante en el largo plazo es que recupera su sitial como el gran líder de la izquierda latinoamericana de nuestro tiempo. Las reformas que hizo en sus mandatos, impulsando desarrollo, derechos y democracia, así como una política exterior independiente; cuyo efecto ha buscado ser eclipsado por la vía de la calumnia, vuelven a tomar actualidad y ser referencia en esta región del mundo.

Es bueno hacer un recuento de los hechos porque la persecución judicial a Lula, en su caso con cuatro condenas, fue la más sonada de las que se dio contra diferentes presidentes de izquierda que perdieron el poder en los últimos años. Están los casos también de Cristina Kirchner, Evo Morales y Rafael Correa. En el caso de Cristina Kirchner, tras casi seis años de persecución, incluidos los cuatro años de gobierno de Mauricio Macri, no hay condena ninguna en su contra. Evo Morales, con golpe de Estado incluido tampoco y Rafael Correa ha sido condenado por acusaciones tan burdas en su contra que la Interpol se ha negado a ejecutar las órdenes de arresto respectivas (ya que vive en Bélgica) debido a que las considera motivadas políticamente. 

Más allá de que puedan existir casos puntuales de corrupción en algunos de estos gobiernos, el devenir de los hechos viene demostrando que no se ha tratado de gobiernos corruptos ni menos de modelos políticos intrínsecamente corruptos, como la derecha no ha parado de decir en todo este tiempo en la región, sino de una persecución política usando la legalidad contra gobiernos de izquierda debido a los programas que han aplicado luego de sus sucesivos éxitos electorales.

Es importante también aclarar el alcance de esta anulación para los casos de corrupción contra las empresas brasileñas, en particular Odebrecht, que se llevan adelante en el marco de la operación Lavajato en el Perú. Las medidas sobre Lula no anulan investigaciones en curso ni sentencias dictadas como producto de la operación anticorrupción en el Brasil. Son cuestiones distintas. Los errores de la justicia brasileña probablemente lleven a un ajuste de la colaboración entre los dos sistemas de justicia, pero no tienen por qué afectar el fondo de la misma.

Esta realidad nos demuestra el delicado papel que le toca cumplir a la justicia en el proceso de democratización de América Latina. No estamos ante sistemas de justicia que sean neutrales en sus respectivas sociedades, sino que, por el contrario, expresan las contradicciones de cada formación estatal y la mayor o menor influencia que hayan tenido gobiernos de distinto signo en su desarrollo. Al respecto, es muy difícil hacer generalizaciones porque las dinámicas han sido diferentes, pero sí debemos tener muy presente la relación de los que imparten justicia con su entorno social y los usos políticos que se da a la misma en cada momento histórico. La lucha contra la corrupción política depende entonces del grado que alcanza la democratización, tanto social como política, de allí es que podremos concluir la verdad de esta.

La libertad de Lula mientras tanto es una prueba de que la persecución política usando la legalidad, también denominada lawfare , puede ser derrotada por más que sean muy grandes las fuerzas que la favorezcan. Ello depende del apoyo popular, más allá de los contratiempos, con que cuenten los líderes y las alternativas populares que ellos expresan. Lula, una vez más, sigue siendo ejemplo de ello.