La contraofensiva neoliberal lleva semanas de actividad; se agudizó en esta última cuando se ventilaron los problemas relativos a la asignación de recursos del programa Reactiva Perú. Las primeras críticas fueron sobre el costo económico de la suspensión de actividades no esenciales, luego por la demora y las restricciones que se imponen a la apertura de actividades productivas. Su objetivo es activar los negocios rápidamente sin regulación estatal, sino con autoregulación, como si alguna vez esta hubiera funcionado. 

Los poderes económicos y mediáticos, primero indirectamente y luego a través de sus gremios empresariales, insisten no solo en el cambio de políticas sino de gran parte del gabinete ministerial. No les gustan las observaciones, como si el desempeño del sector empresarial hubiera sido ejemplar en esta pandemia, con casos como la especulación en medicinas, oxígeno y clínicas. Quieren la cabeza del Ministro de Salud, de otras autoridades que no estén alineados a sus intereses y del Presidente del Consejo de Ministros. Desean como siempre un gabinete y gobierno a su servicio. Es difícil, pero ojalá el Presidente de la República no ceda a sus pretensiones.

Muertes evitadas

Es indiscutible que el gobierno ha cometido muchos errores por la velocidad de los acontecimientos. Hemos destacado, desde meses atrás, sobre la ausencia de planeamiento estratégico, análisis prospectivo y sistémico que proporcionan una visión integradora. Se dejó convencer por una seudo capacidad del Estado basada en la disponibilidad de ahorros fiscales, pero olvidó las décadas de abandono, del Estado mínimo promovido por los neoliberales y nuestras severas restricciones estructurales e institucionales. 

Solo como ejemplo, desde el inicio, no se sabe si por descuido o por ese Estado capturado cometió errores con Reactiva Perú al no considerar prioridades sectoriales, no condicionar los créditos al mantenimiento del empleo, a la falta de evaluaciones financieras con estándares preestablecidos, al reducido énfasis en las Mypes y a la ausencia de criterios a favor de la diversificación productiva. 

Los analistas estándar se olvidan que si el gobierno no hubiera decretado la suspensión de actividades no esenciales el número de fallecidos por el Covid-19 sería claramente superior al actual; también hay que destacar que se ganó tiempo para mejorar la capacidad de atención del sector salud, aunque no estructuralmente. Con modelos epidemiológicos R. Burhum (2020) estima que si no se hubiera actuado se tendrían desafortunadamente 83,038 fallecidos en 5 meses y 463,643 en 7 meses. 
En un cálculo conservador se evitarían al menos 60,000 decesos al 15 de agosto. Los costos de esas muertes evitadas son tanto los gastos realizados para atender a los infectados como el PBI perdido. Con una caída del PBI del 12% se perdería US$ 27,000 millones. ¿No vale acaso la vida de cada peruano al menos US$ 450,000? Aún con una estimación crudamente economicista de la evaluación social de proyectos es evidente que la suspensión y medidas aplicadas valieron la pena. 

Nueva década perdida

Ni nuestras autoridades, ni la ciudadanía deben confiarse al momento de la reapertura de actividades económicas. La vida vale mucho para sus familias y para todos nosotros. Ya la Organización Mundial de la Salud y otras organizaciones han señalado el peligro del rebrote; más en el caso de una economía como la peruana. Asimismo, hay que tomar conciencia de que la economía internacional enfrentará en el futuro serios problemas. 

Hemos comentado los relativos a la desglobalización y su ralentización, sin considerar los impactos negativos al reducir el contenido de mano de obra por unidad de producto de la aceleración del cambio tecnológico. No podemos pretender seguir produciendo y exportando lo mismo de siempre; la diversificación productiva y la transición ecológica son necesidades imperiosas. No hay que dejarse seducir por la subida temporal del oro.

Roubini (2020), economista y financista cercano a la economía estándar, acaba de plantear que toda esta nueva década será de estancamiento económico; recién en la década siguiente podremos ver la luz si tenemos nuevos liderazgos, políticas adecuadas e impactos positivos de los cambios tecnológicos. Este autor plantea 10 elementos que se muestran en el cuadro 1, que explicarían esa tormenta perfecta. 

La salida de la crisis implicaría déficits fiscales superiores al 10% del PBI en épocas de altos niveles de endeudamiento público y privado. Las tendencias demográficas, la pandemia actual y posiblemente otras por venir obligarían a incrementar los gastos en salud. Existe un riesgo creciente de deflación, por los altos niveles de capacidad instalada ociosa de las empresas y elevado desempleo, que aumentaría el peso de la deuda real generando un mayor riesgo de insolvencia. Sin embargo, también habría el peligro de presiones inflacionarias por los déficits fiscales y las políticas monetarias heterodoxas que podrían generar estanflación.

Dos factores importantes que plantea Roubini para explicar el estancamiento prolongado sería la desglobalización resultado del desacoplamiento de la economía norteamericana y la china que estaría acompañado de más proteccionismo a nivel del resto de las economías desarrolladas y del mundo en general. Al mismo tiempo, la disrupción digital que generaría un balance negativo en términos de los niveles de empleo y de mayor desigualdad. 

Las actividades productivas tenderían relativamente a relocalizarse en sus países de origen, pero a la par promoverían mayores niveles de automatización con impactos negativos sobre el empleo y de reducción de los salarios promedio. Esto a su vez detonaría más nacionalismo y xenofobia, aislando más a las economías, estableciendo mayores restricciones a los movimientos comerciales, de capitales, de servicios y personas. El enfrentamiento geoestratégico entre EE.UU. y China y una guerra fría ampliada entre otras economías coadyuvarían a un mayor aislamiento. Por último, la disrupción medio ambiental promovida por el hombre podría poner en jaque a la economía mundial.

FMI Inclusivo

La semana pasada la directora gerente del FMI Kristalina Georgieva (2020) acaba de plantear que las autoridades económicas deben hacer todo lo que esté a su alcance para promover una recuperación más inclusiva, que beneficie a todos los segmentos de la sociedad. Si bien un acceso más equitativo a las oportunidades está asociado a un crecimiento más fuerte y sostenible, también debe generar un mayor aumento del ingreso de los pobres. 

Se plantean tres políticas: 1) Usar el estímulo fiscal de manera apropiada que redunde en beneficios para las personas. Esto significa aumentar la inversión pública en los servicios de salud para proteger a los más vulnerables y reducir a un mínimo los riesgos derivados de epidemias futuras. También significa reforzar las redes de protección social; ampliar el acceso a una educación de calidad, agua limpia y saneamiento, e invertir en infraestructuras climáticamente inteligentes. 2) Empoderar a la nueva generación mediante la educación enfrentando la pobreza del aprendizaje y cerrando brechas entre educación e ingresos; y 3) aprovechar el poder de la tecnología financiera para cerrar la brecha digital respecto de los más pobres.

Nuevos peligros

Stiglitz (2020) acaba de publicar un recuento de algunos problemas y errores de las políticas económicas que se están implantando a nivel internacional. Se pretende optimizar sus impactos internos. Esto implica una mayor preocupación con lo que ocurra con el nivel de empleo, la masa salarial y selectividad que no aumente simplemente la liquidez internacional generando más burbujas en los precios de los activos y por tanto problemas hacia adelante. Hay que tener una mirada de largo plazo. Asimismo, propone la entrega de cupones para alimentos y bienes básicos (ver el cuadro 2).  

En términos prácticos hay que maximizar los efectos multiplicadores de las políticas expansivas promoviendo mayor gasto en bienes y servicios locales, menos en importados; vinculados a Mypes como señaló aquí el Acuerdo Nacional (2020); en actividades intensivas en el uso de mano de obra y que sean útiles para mitigar los efectos del cambio climático. 

Algo más

La semana pasada la Comisión Independiente que plantea la Reforma de la Fiscalidad Internacional (ICRICT) difundió un estudio donde plantea una reforma fiscal internacional para financiar una recuperación económica sostenible frente a la pandemia. Incluye muchas celebridades como Fitzgerald, Ocampo, Piketty, Stiglitz y Zucman, entre otros. 

El grupo propone ahora 5 medidas: 1) Introducir impuestos sobre los servicios digitales, diseñados con carácter progresivo y que se apliquen sobre las rentas económicas generadas por las empresas globalizadas de este sector; 2) aplicar un tipo impositivo más elevado sobre los beneficios extraordinarios de las grandes empresas en los sectores oligopolizados; 3) acordar a nivel global un tipo mínimo efectivo del 25% en el impuesto sobre sociedades en cada país para detener la erosión de las bases imponibles y el desplazamiento de beneficios; 4) exigir más transparencia a las empresas que reciban apoyo público y que estén obligadas a publicar su reporte país por país; 5) publicar datos sobre la riqueza offshore para que cada jurisdicción pueda gravar de forma efectiva y progresiva el patrimonio neto de sus residentes, con un mayor control de las tasas que paguen las grandes fortunas y los contribuyentes de altos ingresos. 

Publicado en Diario Uno