Pronunciamiento

Ha culminado la primera etapa del proceso judicial contra Rómulo León Alegría, Alberto
Químper, Fortunato Canaán y otros implicados en el escándalo de corrupción en la
concesión de cinco lotes petroleros nacionales; y ante la cuestionable actitud del Juez
Jorge Barreto, el Grupo de Trabajo contra la Corrupción1 expresa a la ciudadanía, al Poder
Judicial y a todas las instancias del Estado lo siguiente:

1.‐ La lucha contra la corrupción y la impunidad en el Perú requiere de jueces y
autoridades transparentes, que actúen dentro de los cánones de la ley y la justicia,
rechazando cualquier presión política y sin concesión alguna a los encausados en dichos
delitos. Sin embargo, el cumplimiento de esas exigencias básicas no ha caracterizado la
actuación judicial durante el proceso contra Rómulo León y otros.

2.‐ El caso de corrupción en la concesión de 5 lotes petroleros –y otros negociados
descubiertos‐ que tuvo como principal actor al ex ministro aprista, es quizás uno de los
más emblemáticos de los últimos 5 años en nuestro país. Recordemos que, incluso, luego
de la difusión de los denominados “petroaudios” y el inicio de las investigaciones, tuvo
que dimitir el premier Jorge del Castillo y su gabinete.

3.‐ Sin embargo, durante los 15 meses que ha durado la primera etapa de este proceso, las
decisiones tomadas por el Juez Jorge Barreto han despertado desconfianza sobre la
verdadera voluntad del Poder Judicial para combatir la corrupción. Algunas de esas
acciones, que nos llevan a temer un desenlace de impunidad son:
‐ La dilación el proceso de manera cuestionable, postergando injustificadamente las
diligencias judiciales correspondientes.
‐ El juez desestimó la denuncia por asociación ilícita para delinquir presentada por la
fiscalía, reduciendo la posibilidad de sanción de cárcel prevista, de hasta 15 años, a
un máximo de sólo 10 años, generando un precedente preocupante para otros
casos de corrupción.
‐ El juez no incluyó como pruebas los informes de la Contraloría General de la
República que determinan la comisión de irregularidades en la concesión de los
lotes petroleros. Sin embargo, a inicios del presente mes, la Tercera Sala Penal
ordenó al juez Barreto incorporar al expediente dichos informes. Al respecto, nos
preocupa la información de diversos medios de comunicación indicando que el juez
Barreto habría solicitado a peritos particulares, la emisión de un informe sin
sustento técnico y que podría beneficiar a los procesados, mas aún cuando ha
impedido que el Ministerio Público interrogue a dichos peritos sobre la idoneidad
de los peritos y el sustento técnico del informe.
‐ Las diligencias de visualización del CPU del principal procesado, Rómulo León
Alegría, fueron realizadas sin la presencia del Ministerio Público ni de la
Procuraduría. El juez Barreto impidió la participación de las partes denunciantes,
1 Integrado por: Forum Solidaridad Perú, Grupo Propuesta Ciudadana, Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Instituto de Defensa Legal, Asociación Pro Derechos Humanos, Centro Interamericano para la Gobernabilidad, Movimiento Ciudadano Para Que No Se Repita, Desco, Fovida, Jubileo Perú, sólo él y el abogado de Rómulo León pudieron revisar 400 correos electrónicos, de los 73 mil archivos presentados por la Fiscalía.
‐ El pasado 22 de diciembre, el juez Barreto indicó que no se incorporaría a las
pruebas del caso los aproximadamente 100 audios vinculados a los delitos de
corrupción investigados. Según indicó, éstos no habrían sido presentados como
prueba, pero tanto el Ministerio Público como la Procuraduría han desvirtuado
esta versión ya que el juez, al ser responsable de conducir el proceso, tenía la
facultad de solicitar de oficio los audios, si es que no estaban inicialmente.
A estas acciones, habría que sumar la decisión que tomó, por 2 votos a 1, la Tercera Sala
Penal Especial – en julio de 2009 – que permitió la excarcelación temporal de Rómulo León
Alegría.

4.‐ Por estas razones, el Grupo de Trabajo Contra la Corrupción se suma a los
cuestionamientos al accionar del juez Barreto y la preocupación de quienes explican estas
acciones en la intención de los magistrados de lograr la impunidad y la absolución de los
procesados, así como evitar que se profundicen las investigaciones para determinar
responsabilidades en otros niveles del poder público en nuestro país.

5.‐ El Grupo de Trabajo Contra la Corrupción espera que la siguiente etapa del proceso ‐
juicio oral‐ se desarrolle con ajuste a ley y permita sancionar la comisión de los graves
actos de corrupción que todos los peruanos y peruanas hemos podido conocer. Creemos
que la situación generada por la actuación del juez Barreto puede ser revertida si la
siguiente instancia actúa de acuerdo a ley y sin concesiones a la corrupción. Asimismo,
instamos a que la Oficina de Control de la Magistratura evalúe una posible investigación a
la actuación del juez Jorge Barreto para determinar si se habría configurado una
inconducta funcional frente a todos los antecedentes descritos.
 
6.‐ Desde la sociedad civil esperamos que el Poder Judicial demuestre con decisiones
claras su efectivo interés para combatir la corrupción, y revierta la desconfianza generada
en la ciudadanía frente a sus mecanismos de administración de justicia. Reiteramos que
nos mantendremos vigilantes y atentos a las acciones que las autoridades judiciales
realicen, ya que los peruanos y peruanas no permitiremos que siga avanzando la creciente
impunidad.

Lima, 22 de enero de 2010.