En el Perú las cifras de muertos nunca se sabrán con veracidad, pero en este plan de apertura económica y relajamiento de las medidas sanitarias, han de superar a fin de año los cien mil fallecidos. Ello representaría, un 0.4 % a 0.5% de la población total, ante el drama del colapso del sistema de salud pública, la falta de oxígeno, y las profundas desigualdades entre el sistema público y privado de salud.Ello pudo ser peor sin la cuarentena de marzo/junio pasado, esta medida preventiva resultó insuficiente por los mezquinos bonos transferidos a la población vulnerable, mientras en países vecinos como Chile y Colombia se entregaron bonos mensuales durante la cuarentena, de allí la menor caída de la demanda interna y del PBI en dichos países.

Próximos a celebrar el Bicentenario de la República, ante esta tragedia nacional no cabe más que imaginar un Perú diferente, sin las debilidades institucionales que se arrastran desde su fundación republicana, la herencia colonial no superada, que impide la integración social y económica de nuestro país hacia la modernidad democrática que exige el siglo XXI

La crisis del “Covid 19” ha demostrado la precariedad, las limitaciones y debilidades del modelo instaurado desde 1992. Si bien desde el 2001 podemos certificar un crecimiento económico promedio anual superior al 4 % con una relativa fortaleza fiscal, el modelo ha demostrado la pobreza de los servicios públicos de salud, educación, seguridad integral.
Es más, debemos estar preparados para el surguimiento de nuevos virus más agresivos y resistentes que afectarán al conjunto de la humanidad en mayor o menor medida. De allí, la necesidad de repensar el país que queremos para las próximas generaciones.

No se puede seguir insistiendo en un modelo primario exportador que depende de los vaivenes de los precios internacionales, con un mercado de trabajo donde de cada 100 peruanos en edad de trabajar, 70 sean informales, sin un ingreso mensual asegurado, sin acceso a seguro social, ni servicios de salud. Donde la mayoría de esa población es pobre, sin ingresos suficientes, o vulnerable de caer nuevamente en la pobreza.

Un modelo alternativo, donde la educación, la salud de calidad, la seguridad integral sean derechos asegurados realmente, como el empleo digno para los millones de trabajadores informales y sub empleados. Estamos haciendo referencia a una población mayor a los 13 millones de peruanos.

En un ejercicio de apostar por una economía al servicio de las grandes mayorías, se demanda un estado fuerte, moderno, eficiente en el ejercicio del poder con transparencia democrática para limitar sino extirpar las prácticas corruptas que se constituyen en el principal problema social y político.

EN TRIBUTACIÓN

Un estado fuerte con los recursos necesarios debe tener por lo menos una presión tributaria del 30 % del producto bruto interno (PBI), y no el poco más de 14 % que tiene ahora. Ello supone terminar con los regímenes de excepción, exoneraciones tributarias, devoluciones de impuestos, tratamientos preferenciales para las empresas.

Los países escandinavos tienen una presión tributaria superior del 40 % del PBI como los países asiáticos. Es más, está demostrado en múltiples estudios que en nuestro país, los impuestos indirectos, como los selectivos al consumo y a las importaciones como el impuesto general a las ventas (IGV) tienen una participación relativamente mayor en relación a los impuestos provenientes del capital y riqueza. ¡Es decir, los pobres financian relativamente más que los ricos el presupuesto!

Solamente así se podrán disponer de mayores recursos para que la educación pública tenga los niveles de la educación privada de categoría. Donde maestros y estudiantes dispongan de mayores recursos materiales para una educación de calidad, que en última instancia determina la riqueza de las naciones: el capital humano.

MINERÍA CON VALOR AGREGADO

No debe haber discusión que la minería es el sector más importante de la economía peruana por una serie de razones que hemos expuesto en artículos anteriores. Sin embargo, no contribuye con los ingresos fiscales como debiera ser.

En Australia y el Canadá la minería tiene una efecto arrastre en su desarrollo con eslabonamientos industriales. En nuestro país ello todavía es débil. Es más una fuente de renovados conflictos sociales y de deterioro ambiental.

La gran, mediana y pequeña minería deben ser percibidas como factores de desarrollo de las comunidades, amigable con el medio ambiente, generadora de empleo local. Sin embargo, el mayor reto está en relación al mayor agregado que se pueda añadir a los productos mineros.

En los últimos años como promedio, desde el país se han exportado seis millones de onzas de oro y más de 120 millones de onzas de plata como concentrados. Ahora que la onza de oro ha superado los US $ 2,000 habrá una “fiebre de oro” por la explotación con incalculables consecuencias sociales, y ambientales.

En época de crisis es cuando debemos apostar por un mayor valor agregado de los productos mineros. ¿Qué gana el país, exportando onzas de oro y plata en barras? El efecto sobre el empleo sería mayor si parte de este oro y plata se exportará como joyería, artesanía, monedas conmemorativas etc.

Publicado en el Diario Uno