Hace unas semanas, la representante de la Oficina en Washington para Asuntos Latinos, Coletta Youngers, señaló que la política represiva contra el narcotráfico encabezada por Estados Unidos, hace 40 años, había fracasado.

Esta conclusión se suma a lo dicho por el escritor Mario Vargas Llosa en enero pasado, respecto a que la llamada “guerra contra las drogas”, seguida por el presidente mexicano Felipe Calderón, había perdido respaldo en la medida que había generado más violencia, tal como viene ocurriendo en la ciudad de Juárez. 
En el caso peruano, la actual situación del tráfico ilícito de drogas (TID) no es alentadora. Cada día, este fenómeno sigue extendiéndose y muestra nuevas facetas, como el “ajuste de cuentas” entre bandas de narcotraficantes. ¿Estaremos ante una guerra perdida?
El verdadero problema
En el Perú, la comercialización de la cocaína que sale del país asciende a unos 22.000 millones de dólares, cifra que representa el 17% del PBI nacional. Lo preocupante del asunto es el crecimiento de esta comercialización, pues, desde el año 2004, esta aumentó en 3.800 millones de dólares. 
Para el economista Hugo Cabieses, el actual gobierno ha tenido logros específicos en la lucha contra el TID, sin embargo, su política sigue siendo un calco y copia de la estrategia norteamericana, que consiste en atacar la oferta y erradicar los cultivos de coca. Esta estrategia tiene éxitos mediáticos de una supuesta disminución del narcotráfico persiguiendo consumidores, cultivadores y micro-comercializadores, mientras que los “barones de la droga” siguen sueltos en plaza.
Es necesario conocer cuál es el real problema del país respecto al TID, que no es solo el consumo sino la producción y tráfico de drogas. En cuanto a la producción, el problema no es solamente los cultivos de coca sino su transformación en cocaína para su exportación ilícita. Por esto, la necesidad de concertar las propuestas con los dirigentes y autoridades de las cuencas cocaleras, a los que se suele criminalizar para quitarles legitimidad en la solución de este problema.  
Sí hay alternativas 
Necesitamos una política de Estado propia para enfrentar al TID. Una propuesta interesante es la del especialista Ricardo Soberón, quien considera importante despenalizar la venta de drogas, es decir, que la represión severa se oriente al crimen organizado y no a los micro-comercializadores, quienes son un “eslabón reemplazable de la cadena de venta de estupefacientes”. 
Según Soberón, existe libre disponibilidad de drogas en farmacias y tiendas, a pesar del sistema restrictivo que tenemos, además “hay teléfonos a los que uno puede llamar para pedir un poco de cocaína o marihuana por delivery”. Ante esto, en su opinión, se debe crear un mercado regulado de estupefacientes en el que haya control estatal permanente de los centros de expendio. 
El debate continúa abierto. Esperemos encontrar nuevas propuestas en el debate electoral que se avecina en los próximos meses.