Hace casi 7 meses que el gobierno silenció a radio La Voz de Bagua. ¿El motivo? Según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), esta radio habría incumplido ciertas especificaciones técnicas por lo que no debía seguir operando.

Sin embargo, no debemos olvidar que el cierre de esta emisora se dio días después de ocurrido el Baguazo y que algunas autoridades culparon a este medio local de “azuzar” con información desproporcionada y falsa a los nativos para agravar el estallido de la violencia en Bagua. ¿Persecución política? El Consejo Nacional de Prensa Peruana (CPP) y el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) han calificado este hecho como un atropello a la libertad de expresión. A pesar de esto, el gobierno insiste en silenciar a esta emisora. 
Cronología de la persecución
El 13 de febrero de 2009, radio La Voz inicia el trámite de homologación de su transmisor sugerido por el MTC.
A pesar de esto, el 8 de junio, sin tener en cuenta que estaba pendiente este trámite, el MTC le cancela a radio La Voz la autorización de funcionamiento atribuyéndole que no tenía transmisor homologado.
Tres meses después, el MTC le niega a radio La Voz su solicitud de homologación por no tener autorización. 
Como se observa, esta es una típica jugada para desacreditar a un medio local crítico al manejo del gobierno respecto al conflicto en Bagua. 
Pero hay más, según denuncia el periodista Carlos Flores Borja, director de radio La Voz, por orden judicial ha sido retenido el dinero ahorrado en una cuenta que posee en el Banco de Crédito, el cual era utilizado para alquilar un espacio de dos horas diarias en una emisora local para trasmitir desde allí su informativo. Como si todo esto fuera poco, hace uno días, Oswaldo Arroyo, Procurador Público Ad Hoc del Ministerio de Justicia, remitió un documento a la Fiscal Provincial de Utcubamaba para que formalice una denuncia penal contra la familia Flores por la comisión de los delitos contra la tranquilidad pública y contra la paz pública. ¿Queremos más pruebas de esta clarísima persecución política del gobierno?
¿Defensa ausente?
Si bien la CPP y el IPYS se han pronunciado en defensa de radio La Voz, como también lo ha hecho la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, no existe un ente autónomo, con atribuciones vinculantes, que vele por que este tipo de hechos no ocurran, pues la existencia del Consejo Consultivo de Radio y Televisión (CONCORTV) no suple esta imperiosa necesidad.
La censura de medios de comunicación contrarios al gobierno y la compra de editoriales de los mismos son hechos indignantes que hemos vivido en el pasado y que han debilitado nuestra democracia. Lamentablemente, nuestros gobernantes siguen sin aprender de esos errores. 
El caso de radio La Voz, pinta de cuerpo entero la intolerancia del actual gobierno y muestra el posible uso de una estrategia represiva contra algunos medios locales contrarios al Ejecutivo, de cara a las próximas elecciones regionales, municipales y nacionales, pues las emisoras locales juegan un rol importante en el interior del país, ya que son quienes diseñan la agenda política en esas zonas.
Por todo esto, es necesario denunciar, una vez más, el atropello que viene sufriendo este medio de comunicación, que afecta la libertad de expresión y el derecho de los peruanos a contar con una diversidad de espacios de información, pues no es posible que solo aquellos que cuenten con la venia del gobierno tengan cancha libre para ser escuchados.