El Gobierno ha aprobado diversas medidas con el argumento de acelerar la inversión privada principalmente, que estaría desalentada por trabas burocráticas.

Ha señalado que lograría unos 15 mil millones de dólares de inversiones con estas medidas que simplificarían procedimientos administrativos.

Por un lado ha promulgado el D. S. Nº 054-2013-PCM que pone plazo para resolver las solicitudes de Certificación de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA), que deben cumplir las empresas para realizar obras de infraestructura vial, agrícola, energética y actividades extractivas, sin el cual no pueden realizar las inversiones previstas. Vencido el plazo (20 días hábiles) si no hubiera respuesta del Ministerio de Cultura se aplicaría el silencio administrativo positivo otorgando autorización automática para la ejecución de los proyectos. De igual forma se ha promulgado el D.S. 060-2013-PCM, que establece plazos no mayores de 100 días al Ministerio del Ambiente para la aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) de los proyectos de inversión.

Es cierto que el aparato del Estado es ineficiente para cumplir con sus funciones de gestión pública, que no solo retrasa la inversión privada sino principalmente los servicios básicos para la mayoría de la población, afectada en muchos de sus derechos fundamentales. Si se añade la corrupción generalizada y casi institucionalizada el panorama es menos agradable. Lo que debiera priorizarse entonces son acciones por una reforma integral del Estado y en particular de la carrera pública, y no sesgar las medidas a solo facilitar la inversión privada. Necesitamos un Estado al servicio de la gente, con calidad y calidez.

La celeridad que se pretende ahora estaría poniendo en riesgo la protección del patrimonio cultural y natural del país. Los plazos señalados en el contexto actual de carencia de personal, equipamiento e infraestructura adecuados para actuar eficazmente, significarían una tácita condena a muerte a esa riqueza nacional. En los recursos arqueológicos, el panorama se complica porque sólo un 10 % de este material está inventariado y el riesgo de su desaparición sería inminente. Si se pretende establecer plazos apropiados se debería empezar por fortalecer las capacidades institucionales de los sectores competentes que permita cumplir con celeridad, eficiencia y ética la función pública.

Hay que recordar que ya la situación del patrimonio cultural y natural es crítica. Veamos el deterioro creciente de sitios arqueológicos; las invasiones y extracción ilegal de biodiversidad en Áreas de Conservación, la degradación de bosques, suelos y aguas por actividades mineras y de hidrocarburos, la producción de carbón, de palma aceitera y la agricultura migratoria, entre otros. Podemos imaginar en qué podría devenir ese patrimonio si esta situación de deterioro se extendería con las nuevas medidas aprobadas. ¿El Perú desea este tipo de crecimiento?

La agilización de trámites de aprobación del CIRA y de la EIA pareciera no ser la única preocupación del gobierno y los grandes empresarios, sino que se trataría de evitar que el patrimonio cultural y natural constituya un obstáculo para la inversión privada. Las declaraciones del Gobierno hacen prever implícitamente que las inversiones previstas se ejecutarían sí o sí. Las decisiones de la autoridad pública de no otorgar autorizaciones para obras por tratarse de zonas con importante material arqueológico, por ser áreas de conservación o territorios de comunidades indígenas genera molestias a inversionistas y al propio gobierno, por considerarlas  como “impedimentos” al desarrollo. ¿Puede ser tan sesgada la visión de crecimiento que queremos para el Perú?

¿Por qué enfrentar la inversión privada con la protección y puesta en valor del patrimonio cultural y natural, que forman parte sustancial de las riquezas del país? ¿Por qué no se consideran estas como componentes clave del crecimiento y la lucha contra la pobreza? El  Perú es conocido principalmente por su invalorable patrimonio cultural y natural. Sus beneficios serán inmensos si logramos que su protección y apropiación social constituya una política de prioridad nacional. ¿Estarán interesados los empresarios por invertir responsablemente aprovechando esta variada potencialidad superando la visión extractivista y rentista?

El gobierno debiera propiciar el diálogo entre los sectores involucrados, para buscar propuestas consensuadas. Que se abra el debate nacional sobre políticas de ordenamiento territorial. Que se realice un inventario total del patrimonio ambiental y cultural, su potencial valoración económica, y la incorporación de esos costos en las cuentas nacionales.

Es momento de reconocer al patrimonio cultural y el ambiente como contribuyentes fundamentales del desarrollo. Por su aporte económico y por el fortalecimiento de nuestra identidad peruana, factor clave para un desarrollo sostenible.