¿Qué es una constitución? Esta pregunta está a la base del debate sobre la necesidad de una nueva constitución porque muchas veces se deforma, por parte de los adversarios de una nueva Carta Magna, el significado y el contenido de una nueva constitución.

Una constitución no es otra cosa que la expresión jurídica del poder, más específicamente, de la estructura de poder en una sociedad. Esta relación directa, entre sociedad, poder y constitución es la que invalida el argumento banal de que los cambios constitucionales no sirven para nada. Lo que sucede es que determinados cambios en la relación entre poder y constitución pueden afectar a los que gozan del orden existente. Los cambios constitucionales por ello pueden ser muy importantes y ayudar a cambiar una sociedad. En este sentido, nos decía Ferdinand de Lasalle, una constitución no es otra cosa que el reflejo de una determinada correlación de fuerzas. 

La constitución así, con más o menos intensidad, expresa a los que mandan en una sociedad. El dilema es si son las élites o el pueblo. Ahí está el detalle.

Sin embargo, si se trata de una sociedad en la que el poder se ha democratizado, se busca que este se exprese como un acuerdo mayoritario en una nueva carta fundamental. Pero los acuerdos constitucionales no son, como les gusta a los liberales, solo la sumatoria de voluntades individuales sino principalmente la proyección de una hegemonía, ideológica y política, construida entre muchos, ciudadanos, colectivos y dirigentes, que se procesa en el tiempo y que se plasma constitucionalmente. La hegemonía, lograda en democracia, apela a la legitimidad intelectual y moral y es por ello que le da el contenido sustantivo a una constitución.

Pero la constitución como expresión jurídica del poder también establece un orden en la sociedad. Para empezar se trata de la norma jurídica suprema, la primera en la jerarquía normativa sobre leyes y reglamentos. Además, es el texto que le da sentido a los principios sobre los que se basa el régimen político. Por ejemplo, los principios básicos de la modernidad en este campo como son igualdad, libertad, justicia y fraternidad, adquieren su contenido en los derechos que se señalan y en las instituciones que se diseñan en la parte orgánica de la constitución.

De esta manera, y por nuestra relación entre poder y violencia en el Perú, la experiencia de los últimos cuarenta años en constituciones, se ha expresado en una doble y opuesta forma: constitución como acuerdo de paz y constitución como declaración de guerra. La constitución de 1979 fue un acuerdo de paz entre los peruanos y la constitución de 1993 una declaración de guerra contra el pueblo. 

A la constitución de 1979 se llega por una transacción entre el reformismo social de la revolución militar y el liberalismo de los partidos del orden que estaban ansiosos de regresar al poder. Esta constitución no expresa una hegemonía clara entonces, de allí su debilidad, pero tenía algo de legitimidad porque se trató de una constitución que se planteaba como la salida de una dictadura militar. La constitución de 1993, en cambio, fue una constitución producto de un golpe de Estado que no buscaba un acuerdo sino, más bien, sacralizar el desacuerdo facilitando el camino para que el país entrara a un régimen autoritario. Carecía entonces y carece ahora de legitimidad democrática, por origen, contenido y ejecutoria. A diferencia de la constitución de 1979, la de 1993 ha tenido la característica de expresar una hegemonía clara, pero neoliberal y antidemocrática, que ha buscado hacer pasar los intereses de unos pocos como los intereses de la mayoría. 

La tragedia es que la constitución de 1993, sacralizando el desacuerdo y estableciendo una hegemonía reaccionaria, ha sobrevivido en la formalidad democrática actual. Esto ha hecho que no se la identifique en la memoria colectiva del último cuarto de siglo con la dictadura de Fujimori y Montesinos sino con el supuesto auge económico que habría traído el neoliberalismo. Recién con la ola de corrupción “descubierta” en los últimos dos años se empieza a ligar esta, específicamente la política, con las debilidades estructurales de un régimen de democracia neoliberal que ha producido un vaciamiento de la soberanía popular, dejando la cáscara democrática en las fauces del mercado. Se producen así las condiciones para una nueva construcción hegemónica que esté a la base de un momento constitucional y eventualmente de una nueva constitución.

No nos debemos desesperar entonces y creer que lo único que hay que cambiar es el capítulo económico de la constitución de 1993 y/o introducir algunos derechos olvidados o negligidos en aquel documento, no. Lo que se necesita es una nueva constitución que exprese desde la primera línea el poder de los ciudadanos que desean constituir nación y producir democracia, sin cortapisas, para todos. Cualquier maquillaje, aunque sea “constitucional” y suene bonito se lo come el monstruo neoliberal y regresamos a las mismas.

Tenemos entonces la tarea de lograr una constitución que tenga un acuerdo mayoritario y que ponga el bienestar de los peruanos por encima de la ganancia particular de algunos individuos y corporaciones.