A seis meses de ocurrido el escandaloso caso de los Petro-audios todavía no se analiza el material incautado a la empresa Business Track (BTR). Lo grave de este asunto es que la propia jueza María Martínez Gutiérrez, encargada de la investigación, viene entorpeciendo dichas pesquisas con el respaldo del presidente de la Corte Superior de Lima, César Vega Vega.
Aquí les presentamos un breve recuento de esta “mecida” judicial:
- Luego de que el 30 de enero la jueza María Martínez autorizara al fiscal Walter Milla revisar el material incautado a BTR, el 13 de febrero la jueza suspende dicha revisión y dispone que lo confiscado sea entregado a su despacho, anulando los avances realizados por la fiscalía.
- El 24 de febrero, el fiscal Milla cumple el mandato judicial de la doctora Martínez. Sin embargo, recién el 23 de marzo, faltando un día para que concluya el plazo inicial del proceso, Martínez programa una diligencia para establecer si la revisión de la fiscalía adulteró dicha información. De ser así, estos materiales no podrían ser utilizados como prueba1.
- Con el propósito de separar a la jueza Martínez del caso y que este regrese a la fiscalía, el despacho de la doctora Gladyz Echaíz (Fiscal de la Nación) elabora una norma para que delitos como la interceptación telefónica, “chuponeo”, ya no sean vistos en un proceso sumario, sino en uno ordinario2. Desde el 30 de marzo, la doctora María Martínez se aparta de la investigación judicial a BTR.
- Sin embargo, el 3 de abril, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial decide, vía la modificatoria a la ley 26689, que los juicios por interceptación telefónica sean vistos por los mismos jueces que iniciaron las investigaciones3. Con ello, se respalda el trabajo de la jueza Martínez, quien hasta ahora no reprograma dicho proceso.
Es preocupante observar cómo oscilan las decisiones para enfrentar la corrupción que vincula al partido del gobierno, pero más aún preocupa que estas “mecidas” eviten una mayor información sobre quiénes pagaron por el “chuponeo”. Urge que el Congreso de la República se pronuncie sobre este grave caso y no se deje pasar más tiempo para conocer a los personajes que pagaron por el “chuponeo”, pues los “chuponeadores” no son los únicos delincuentes.

1 El Comercio 24/03/2009
2 Caretas 2073 08/04/2009
3 El Comercio 14/04/2009.