Hace dos semanas, la Defensoría del Pueblo presentó un informe sobre los sucesos ocurridos en las provincias de Bagua y Utcubamba el mes de junio del año pasado.

Este importante documento no debe pasar inadvertido, pues aquí se destaca el problema de fondo del conflicto amazónico: la falta de un Estado inclusivo que reconozca como ciudadanos a los indígenas amazónicos y su derecho a ser consultados y a participar en las decisiones sobre su desarrollo. 
¿Por qué se dio el conflicto?
Analizando el texto de la Defensoría, podemos concluir que:
1. El conflicto amazónico estaba incluido en el Reporte Mensual de Conflictos Sociales de la Defensoría  del Pueblo desde marzo del 2008, es decir, 15 meses antes que ocurriera el Baguazo. 
2. Los orígenes de este conflicto se advierten desde el año 2006, cuando el Poder Ejecutivo presentó al Congreso un proyecto de ley sobre el régimen de tierras forestales, que fue cuestionado por las organizaciones indígenas. A pesar de esto, en 2007 y 2008, se dieron nuevos proyectos de ley y se promulgaron una serie de Decretos Legislativos sobre el tema forestal y agropecuario, los que nuevamente, fueron rechazados por estas organizaciones. En medio de esta “tensa calma”, el actual gobierno NO convocó a una mesa de diálogo con las representaciones indígenas para conocer su opinión respecto a estas iniciativas, como está obligado por el Convenio 169 de la OIT. 
3. Antes de que la violencia se desatara, la Defensoría emitió un informe que cuestionaba las normas formuladas por el Ejecutivo, considerando que vulneraban los derechos a la propiedad, a la identidad cultural y a las consulta de las comunidades nativas y campesinas. ¿El gobierno tomó en cuenta este informe? No, por el contrario, se permitió que la violencia se desencadenara, como ocurrió en agosto de 2008 y en junio de 2009, para luego actuar decretando estados de emergencia en varias provincias del Oriente del país. 
4. Si bien el gobierno formó una Comisión Multisectorial para que inicie el diálogo entre el Poder Ejecutivo y la representación indígena (AIDESEP), esta se fue debilitando en la medida que no se encontraban los vasos comunicantes eficaces en dicho diálogo. 
¿Qué debemos aprender?
Este informe de la Defensoría del Pueblo recomienda al Estado, como primera tarea,  instituir el derecho a la consulta de los pueblos indígenas, ya que la falta de este instrumento originó un diálogo de sordos entre el gobierno y la representación indígena. Además, la Defensoría recomienda fortalecer la labor del INDEPA, desarrollar el diálogo intercultural y construir un Estado inclusivo y sin discriminación a los pueblos indígenas. 
Mientras este informe da luces sobre las falencias del gobierno para enfrentar el conflicto amazónico y plantea importantes medidas para resolver sus causas de fondo, se tiene un informe final sobre los sucesos de Bagua que solo respaldan los representantes del gobierno (las ex ministras Pilar Mazetti y Susana Pinilla) y que parece haber roto el diálogo entre los pueblos amazónicos y el Estado. Es necesario y urgente que el gobierno rectifique su actitud y de señales de cambio, para que  recupere la confianza de los pueblos indígenas y se pueda retomar el diálogo, la única vía que puede evitar que se desaten nuevos hechos de violencia que todos condenamos.