Una noticia en el ámbito económico pasó desapercibida para la prensa en general. Al tratarse de una información del rubro construcción y de aspecto comercial pareciera que no es digna de estar en primera plana, a pesar que para los optimistas sería una gran novedad que merecería bombos y platillos. 

Sin embargo, el protagonista de la noticia y los impactos de lo que pueda ocurrir en los próximos meses, serían las razones por las que esta información no ha trascendido como debiera en los medios de comunicación. 

El distrito de Ate será escenario de la construcción de lo que promete ser uno de los centros comerciales más grandes de Lima. Se trata del Real Plaza Puruchuco, perteneciente a la InRetail Perú, división de cadenas comerciales del grupo Intercorp liderado por el empresario Carlos Rodríguez Pastor. 

En declaraciones a diversos medios, Daniel Duharte, CEO de InRetail señaló que el centro comercial estará listo para el segundo semestre del 2019 y que el área “arrendable” será de más de 120 mil metros cuadrados, el doble de lo que tiene actualmente el mall que administran en la avenida Salaverry en Jesús María. 

Hasta ahí, todo parece ser una información que emocionaría a más de un analista económico, incluso esa emoción se observa en el spot que la empresa preparó para la preventa del espacio, en el año 2015, cuando se iniciaron los trámites para la construcción. 

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La demora en los trámites (que se han acelerado justo en el último año de gestión de Luis Castañeda en la Municipalidad de Lima y de Óscar Benavides en Ate) y el impacto vial y ambiental que puede producir en una zona que era intangible, cerca al cerro Puruchuco, que fue abierto para la construcción de un túnel que no soluciona el tema del tránsito y que pone en riesgo el valor arqueológico de la zona, son temas que serán presentados en otro informe. 

Lo que hoy nos convoca, es la identificación un actor empresarial involucrado en esta construcción y que parece seguir actuando como si nada ocurriera en los pasillos judiciales. 

La suerte de Graña y Montero 
 La información publicada en medios, recogía que el proyecto está en manos de la empresa Graña y Montero (GyM), involucrada como una de las consorciadas de Odebrecht e implicada en las investigaciones del caso “Club de la Construcción” y cuyo CEO acaba de ser puesto en libertad recientemente, tras haber sido objeto de una prisión preventiva, que no duró mucho tiempo. 

El Comercio, relataba que: 

“Graña y Montero logró adjudicarse la buena pro de la construcción del proyecto que cuenta con 245 mil metros cuadrados techados. Tiene un periodo de duración de 390 días de construcción por S/243 millones, señaló la constructora en su momento.”

La historia reciente de GyM parece tocada por la suerte, a pesar de haber sido implicada -como ya lo señalamos- en el denominado “club de la construcción”, consorcio que según el Ministerio Público operó entre los años 2011 y 2014. 

La fiscalía investiga la presunta concertación ilícita de diversas empresas constructoras para repartirse obras adjudicadas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, luego de generosas coimas.

El esquema de funcionamiento del club, empezaba en un primer nivel formado por las empresas Obrainsa, Málaga, Cosapi, GYM, ICCGSA, JOHE SA, Grupo Plaza, Constructora San Marín, OAS, Andrade Gutiérrez, Mota-Engil, Queiroz Galvao y HyH Casa, las que acordaban -según los testimonios de la fiscalía- cuál sería la empresa que sería beneficiada en la buena pro, realizando una pre-relación. Estas habrían acordado pagar una coima de 2,92% del valor de la obra. 

Esto motivó que en diciembre del año pasado, el Poder Judicial dictara la orden de prisión preventiva contra los ex directivos de GyM Hernando Alejandro Graña Acuña y José Alejandro Graña Miro Quesada, éste último recientemente liberado por una decisión judicial. 

La reestructuración de GyM 
Esta situación judicial no parece perjudicar el desarrollo de GyM quien sigue ejecutando sus proyectos, y vendiendo sus activos para recuperarse de las deudas generadas por sus procesos penales. 

Hace unas semanas, la revista Semana Económica publicó detalles de la reestructuración de la empresa, mediante la venta de activos, la cual fue anunciada en enero del 2017.  

Según la publicación, esta reestructuración forma parte de la estrategia “para ajustarse a su nueva realidad reputacional y a una menor actividad del sector construcción.”

A junio del 2017 -revela Semana Económica- GyM vendió cinco activos por un total de US$193 millones, lo que corresponde al 64% del plan de desinversión previsto de US$300 millones. “Luego detuvo las ventas, pero la semana pasada G&M dio un claro mensaje de que superará su meta”, aseguran. 

Con esta venta, el grupo prevé recuperar la inversión de lo perdido en el Gasoducto Sur Peruano (GSP) (para más detalles del caso GSP, ver este artículo de Humberto Campodónico) , y por la reducción de su cartera de proyectos.

La situación de GyM se resume en este cuadro de la misma revista

Todas estas ventas, tuvieron la luz verde luego que se aprobara la Ley 30737, aquella que se usó para reemplazar el Decreto de Urgencia 003. Como recordamos en Otra Mirada, las modificaciones originales del Ejecutivo al 003 buscaban proteger a las empresas consorciadas de Odebrecht, sin embargo el congreso fue por más: 

“… (y) optó por incluir “a las empresas que hayan actuado en calidad de socios, asociados o consorciados con una participación mayor al 5% con una persona jurídica que haya sido condenada, que haya aceptado responsabilidad directamente o a través de sus representantes o que sus directivos hayan sido condenados, por actos de corrupción”.

Asimismo, buscaba limitar las transferencias patrimoniales y las colocó en un régimen de retención de utilidades. Esta medida tenía nombre propio: Graña y Montero, JJ Camet e ICCGSA, cuyos principales accionistas se encuentran hoy con prisión preventiva mientras dura la investigación de su participación en las obras que obtuvo Odebrecht en el país, con la participación de estas empresas peruanas.”

Entonces, la gran pregunta es: Con la libertad de vender activos y recuperar inversiones ¿Quién está garantizando desde el Estado que se reserve dinero para el pago de la reparación civil que ya la Procuraduría ha calculado? ¿GyM cumplirá con las obligaciones que resulten de las acciones penales? La ley que reemplazó al 003 obliga a GyM a reservar un fideicomiso para el pago de reparaciones civiles. La empresa ha señalado a través de sus voceros que no ha hecho cálculos para este fondo, pero según lo presentado aquí, hay chance de seguir vendiendo activos hasta por un monto de 500 millones de dólares.

Ojo que las brasileras OAS y Odebrecht vendieron activos antes que cayera encima todo el caso  Lava Jato. Hoy otras empresas dueñas de estos activos no se hacen responsable de lo que pueda ocurrir. ¿Sacará cuerpo GyM? ¿El Real Plaza Puruchuco le dará dinero fresco? Solo el tiempo (y el Ejecutivo) lo dirá.