Uno de los aspectos que definen a un país democrático es la administración de justicia con independencia.

En nuestro país, la dictadura de la década de 1990 intervino al Poder Judicial para doblegar la justicia en beneficio de una cúpula corrupta y mafiosa. Esta amarga experiencia debe servirnos para promover y defender la labor que cumple la instancia de nombramiento y control de magistrados que es el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).
El CNM es un órgano autónomo que tiene un enorme poder: selecciona, evalúa, ratifica y destituye  a todos los jueces y fiscales de todas las instancias judiciales del país. Además, es el encargado de elegir a los jefes de la ONPE y del RENIEC. Para cumplir esta labor, el CNM está conformado por 7 consejeros de los cuales 5 son elegidos por entidades de la sociedad civil (2 por los rectores de las universidades públicas y privadas, 1 por los miembros de los colegios de abogados y 2 por los otros colegios profesionales), mientras que dos son elegidos por instituciones del Estado (Sala Plena de la Corte Suprema y Junta de Fiscales Supremos). Como se observa, la sociedad civil juega un importante papel en la elección de los magistrados miembros del CNM ya que lo que se busca es asegurar la independencia de las decisiones tomadas por este Consejo.  
Sin embargo, este rol de la sociedad civil se ha convertido en un piedra en el zapato para el actual gobierno aprista y por esto, el 12 de agosto pasado, el Ejecutivo envió al Congreso de la República el Proyecto de Ley Nº 3395/2009-PE que busca modificar el proceso de elección de los consejeros elegidos por los miembros de los colegios profesionales. Con este proyecto de ley ya no serán los abogados y demás profesionales colegiados quienes por voto universal elegirán a sus representantes, sino que estos consejeros serán elegidos por los decanos de los colegios profesionales ¿Qué ganaría el gobierno si esta norma preliminar es aprobada? Tendría mayores posibilidades de influir en la elección de tres consejeros ya que sería más fácil conseguir el voto de uno o más decanos que de miles de profesionales colegiados. Así, además de un CNM más partidario, tendríamos a fiscales y jueces elegidos no necesariamente por sus capacidades. 
El Consorcio Justicia Viva ha elaborado un informe sobre dicho proyecto de ley. Del análisis jurídico realizado se desprende que este proyecto del Ejecutivo es inconstitucional pues restringe el derecho fundamental a la participación de los miembros de los colegios profesionales. Por eso, para el doctor Julio Castro, Decano del Colegio Médico del Perú, este proyecto de ley es un retroceso democrático que busca impedir el derecho al voto de miles de profesionales para elegir a sus representantes ante el CNM. 
A tres años de gobierno aprista, no ha habido ningún interés por realizar cambios de fondo en el sistema de justicia, como lo recomendó la olvidada Comisión Especial de Reforma de la Administración de Justicia (CERIAJUS). Por eso, resulta extraño que ahora se quiera implementar una ley que, como hemos visto, solo favorecería la manipulación política a favor del partido de la estrella y alguno de sus aliados.