La decisión del Tribunal Regional Federal de Porto Alegre de reafirmar e incluso aumentar los años de sentencia contra Luis Inazio “Lula” Da Silva por presuntos delitos de corrupción, han generado una fuerte reacción por parte del Partido de los Trabajadores y del mismo Lula, quienes congregaron la noche de este miércoles, a más de 100 mil personas que se apostaron en las afueras del tribunal para defender a su líder. 

Los magistrados, que se pronunciaron en segunda instancia, avalaron los argumentos del juez Sergio Moro quien emitió una sentencia de nueve años de prisión, al concluir que Lula recibió una casa de playa en Sao Paulo por parte de la empresa OAS y que ésta habría sido en pago como un soborno para beneficiarse con contratos de la empresa petrolera estatal Petrobras. 

La defensa de Lula, planteó que ni él ni su familia llegaron a ocupar la vivienda y que no existen documentos que prueben que el ex presidente de Brasil es propietario del inmueble. Sin embargo, los magistrados consideraron que hay numerosas pruebas de que el apartamento de tres plantas, estaba reservado para la familia de Lula y que incluso se realizaron obras de reforma en él para adaptarlo a las solicitudes de sus futuros ocupantes. 

El colegiado, al igual que Moro, consideró la confesión sincera del expresidente de la constructora OAS Leo Pinheiro, quien reveló los detalles del presunto acuerdo para regalar el apartamento a Lula Da Silva.

¿Qué dice el PT? 
Planteadas así las cosas, el futuro político de Lula y del PT entra en un momento crucial. O asumen que la prisión es inminente para el líder de su movimiento o promueven una rebelión frente a esta decisión judicial, tal como ya lo han adelantado al negarse a reconocer la decisión y calificarla como una “maniobra política” para evitar que Lula retorne a la presidencia en las próximas elecciones. 

Al respecto, Valter Pomar, ex secretario de Relaciones Internacionales del PT, escribió para Otra Mirada, lo siguiente: 

“Al terminar su voto en la sesión de la octava sala del Tribunal Regional Federal, el magistrado Leandro Paulsen dejó claro que, concluido el juicio en segunda instancia, aplicados los eventuales embargos, publicada la decisión, etc. Se dará la ejecución inmediata de la pena.

En el caso de Lula, de acuerdo a la cantidad de la pena, esto podría significar prisión efectiva en régimen cerrado.

Si es así, la izquierda brasileña, empezando por el Partido de los Trabajadores (PT) y por el propio Lula, tendrán que decidir -ya este 25 de enero de 2018- si va a aceptar resignadamente esta decisión o si va a rebelarse contra ella.

El PT ya decidió que, independientemente de lo manifestado por el tribunal regional federal, inscribirá a Lula como su candidato a la presidencia de la República. Esto fue reafirmado en el comunicado "NO NOS RENDIMOS ANTE LA INJUSTICIA: LULA ES CANDIDATO".

En la reunión de este jueves 25, además de debatir en profundidad lo ocurrido - incluso para alejar las ilusiones que aún existen acerca de hasta dónde el "otro lado" está dispuesto a ir - el PT debe decidir ahora qué hará, si efectivamente deciden arrestar Lula.

La presidenta nacional del PT (Greisi Hoffman) ha dado más de una declaración fuerte al respecto. Ahora corresponde al Directorio Nacional adoptar la misma postura.”

El futuro cercano 
Al cierre de este informe, el PT estaría decidiendo postular de todas formas a Da Silva y confirmar su candidatura para el 15 de agosto de este año. Además, ha quedado abierta la posibilidad de que la defensa del expresidente apele la sentencia al Tribunal Supremo, mientras que la prisión efectiva no podría ejecutarse hasta que se analicen todas las pruebas y recursos presentados en las investigaciones.

De darse la prisión efectiva, Lula sería el segundo expresidente de la región -después de Ollanta Humala- que estaría en la cárcel por el caso Lava Jato, mientras que en Ecuador el vicepresidente Jorge Glas es una de las primeras autoridades en actividad que purga prisión por este escándalo internacional de corrupción. Sin embargo, queda la sensación que más que justicia se trata, en algunos casos, de persecución política.