Ha llovido en Catalunya el domingo de ayer. Ha llovido durante muchas horas  y aún así, ciudadanos de todos los pueblos han hecho cola desde las 6am en locales electorales para votar contra viento y marea y fuerzas del orden. La vergüenza de la represión vivida en España ayer 1 de octubre ha dado ya la vuelta al mundo. Las portadas internacionales de hoy son elocuentes. Catalunya ha sufrido, pero toda España ha perdido.

Cuando los ciudadanos catalanes despertaron el domingo 1º de octubre sabían, seguramente, que se enfrentarían a la represión en las calles. No imaginaron, sin embargo, el nivel de dureza de las agresiones. Ayer domingo hemos vivido el punto más alto de una escalada de violencia que se inició hace semanas y que tiene al Partido Popular y a Mariano Rajoy, presidente de España, a la cabeza. Mientras algunos se empeñan en justificar las agresiones y violaciones a DDHH y libertades civiles de estas semanas, al decir que todo el conflicto catalán se reduce a un tema legal y procedimental (y obvian lo que ha ocurrido desde el 2006 en Cataluña), las imágenes hablan por sí solas. Hay que responder con el rigor de las variables de lo que ha sido un proceso. Ayer hemos vivido la consecuencia, no la causa.

Era el año 2006 cuando el PP inició irresponsablemente un “golpe” contra la democracia catalana. El ‘Estatut’ que había sido aprobado tanto en el Parlament catalán, en el Congreso de los Diputados de España y refrendado por referéndum por el pueblo catalán, se ponía en riesgo. ¿Por qué? Por irresponsabilidad política. Fiel a su estilo, el Partido Popular ponía por delante los intereses y réditos electorales e iniciaba, con esto, el caldo de cultivo de un conflicto que no tiene que ver con la independencia únicamente, sino también con el reconocimiento de las diversas identidades sociopolíticas que conviven en España y que se expresan también políticamente.

Es verdad que las fuerzas llamadas “independentistas” han cometido una serie de errores en el camino. Es verdad también que hace unas semanas, el espectáculo en la sesión del Parlament en que se votó la Ley del Referéndum y la Ley de Transitoriedad (de “desconexión” de España)  fue un bochorno. Es verdad que esta convocatoria no fue un referéndum al no contar con garantías, ni implicaba que el resultado fuera vinculante. Y aún así, para cualquiera que se considere demócrata, nada de esto justifica el espectáculo de ayer. Lo que ha sido un conflicto donde se pedía que se respetara un ‘estatut’ legítimo, luego fue caldo de cultivo para el independentismo. El aumento de independentistas en Cataluña tiene un responsable, la cerrazón del Partido Popular que ha optado por la estrategia de la fuerza antes que por la del diálogo y la política.

Sin embargo, este conflicto que evidenciaba una polarización en la sociedad catalana entre independentistas y quienes querían seguir en España, llegó a un nuevo punto gracias –lamentablemente- al choque de trenes entre el Estado español y la Generalitat catalana. Con la tensión creciente, sobre todo durante el último mes de septiembre, la supresión de libertades como el derecho a reunión, expresión y manifestación, o con operaciones como la llamada ‘Anubis’ (nombre del dios de la muerte en egipcio) que contempló 14 detenciones a altos cargos de la Generalitat por poner urnas y 41 registros en Barcelona para buscar urnas y papeletas, el conflicto tomó un nuevo color. No se trató más de independentistas, soberanistas o “unionistas”. La polarización fue entonces mucho más cruda y dolorosa. Se trató desde entonces de una lucha entre los defensores de la democracia y el derecho a decidir de la ciudadanía (no sólo la catalana) frente a quienes han optado por la utilización de la fuerza con la excusa del “procedimentalismo” y utilizando la Constitución del 78 como camisa de fuerza que justifique cualquier represión.

No nos equivoquemos, lo que hemos visto ayer domingo no es la representación del independentismo catalán. Lo que hemos visto es a un pueblo donde tanto independentistas como no independentistas decidieron plantar cara frente a la represión del estado español. Lo que ha conseguido Mariano Rajoy con la estrategia de la fuerza es que fueran a votar hasta los que hace unas semanas no lo hubieran siquiera pensado. Lo que ha conseguido Mariano Rajoy es que esta elección no hablara ya de la independencia, sino de la defensa de la democracia. Y lo que ha conseguido este domingo primero de octubre en particular, es que España sea la vergüenza de Europa.

En Perú nos puede costar imaginar que en cualquier país europeo la represión por poner urnas dé imágenes como las que vemos en portadas y medios de todo tipo. Pues no debería costarnos mucho. Ha ocurrido y ha sido lamentable. Diversos líderes europeos han manifestado su rechazo a la represión del Gobierno y han exigido que se abra urgentemente una ventana al diálogo. Ese diálogo para el cual Mariano Rajoy es un interlocutor incapacitado. Ayer ha demostrado que no es capaz de enfrentar democráticamente un conflicto que es político y eso demuestra también que es incapaz de seguir gobernando la España real que es, aunque a su partido y a su socio de gobierno C’s no les guste, plurinacional.

Frente a todas las imágenes que han mostrado un día que la democracia española recordará por siempre como una vergüenza, hemos visto dos reacciones alarmantes: por un lado, el presidente Rajoy anunciando con un cinismo sin precedentes que “no ocurrió nada” aunque la evidencia es innegable y, por el otro, al President de la Generalitat, Carles Puigdemont, afirmando que llevará al Parlament los resultados con la intención de que se proceda a la Declaración Unilateral de Independencia. En efecto, ambas reacciones nos alejan de solucionar un conflicto que ayer ha dado un paso hacia delante en lugar de encontrar su punto final.

Los datos oficiales de la Generalitat hablan de un total de 2.262.424, con lo cual, la participación se habría situado en el 42,7% del censo total. El ‘Sí’ habría ganado con un 90% de lo votos. Estas cifras serán las que utilizará la Generalitat para legitimar una eventual declaración de independencia. Pero hay más cifras importantes de este 1º de octubre en Catalunya: 12% de locales electorales fueron intervenidos por la Policía, seis diligencias han abierto procesos a los ‘Mossos d’Esquadra’ (la policía de Catalunya) por “desobediencia” al proteger a quienes iban a ejercer su derecho a voto, en lugar de sumarse a la represión y, tal vez la cifra más aterradora, un aproximado de 844 heridos por las agresiones durante la jornada. ¿Qué país que se precie de ser democrático puede avalar estas cifras?

Sin duda se trata de un punto de no retorno en Catalunya. El conflicto ha tomado otro color. Una Europa democrática debe rechazar las acciones represivas del día de ayer y condenar a quienes ven en las urnas y la decisión de un pueblo, un problema. Una España con futuro pasa necesariamente por la configuración de un nuevo acuerdo constituyente que contemple la realidad plurinacional de España y le permita a Catalunya decidir sobre el encaje territorial que quiere. Ha quedado claro que un referéndum legal, vinculante y pactado con el Estado es la vía de la solución y que llegará más temprano que tarde. 

Frente a las reacciones de alarma toca abrir las puertas de par en par al diálogo y a la política, lo que significa, qué duda cabe, revisar esa camisa de fuerza, a todas luces caduca, llamada constitución. Esa revisión es constitucional, legal y, sin duda, necesaria. El pueblo catalán ha protegido y defendido, con lo que ha podido, su derecho a decidir. Eso ha sido lo que ayer se ha llevado a cabo: una movilización legítima por el derecho a decidir. Frente a la utilización desmedida de la fuerza (bruta) por parte del Gobierno, la ciudadanía se ha protegido bajo el paraguas de la democracia. Y ese paraguas es lo suficientemente grande y fuerte para movilizar a quien haga falta. Es momento ya de la política. Europa entera debe manifestarse con ese propósito.