El presidente Kucksynki ha realizado, en dos extensas entrevistas concedidas a El Comercio y La República, una suerte de balance de su primer año de gobierno de cara al discurso que brindará el próximo 28 de julio. La principal autocrítica que señala en estas entrevistas es haber “pecado de optimismo” sobre las posibilidades reales de recuperar la dinámica económica. El “pecado”, según sus declaraciones, estuvo en no darse cuenta del “inmenso aumento de los procedimientos burocráticos", un artilugio al que recurre para enmascarar o justificar la falta de resultados concretos en este primer tramo de su gobierno. 

El argumento del aumento de los procedimientos burocráticos como el elemento que estaría impidiendo o dificultando la gobernabilidad peruana resulta, además de curioso, sorprendente porque el gobierno no menciona o no parece tomar nota sobre los trascendentes cambios que han tenido lugar en el mundo en los últimos tiempos y cómo afectan al Perú. El primer cambio en la realidad internacional es la finalización de ese súper-ciclo con precios extraordinarios en las materias primas que permitió registrar una década de tasas elevadas de expansión económica e ingresos fiscales abultados. El cambio de escenario supone, como mínimo, intentar responder con políticas innovadoras que posibiliten enfrentar las nuevas condiciones, pero nada de eso aparece en el balance autocrítico del presidente. El diagnóstico que presenta el gobierno sobre las dificultades es erróneo. A ello se suma que tampoco propone un rumbo alternativo para dar respuesta a las nuevas realidades, señalando solamente el tema de las trabas burocráticas. 

Seguidamente señala como factores inesperados, pero que también complicaron las posibilidades del gobierno,  al proceso Lava Jato y El niño que afectó a la costa norte del Perú. En ambos casos, lo que el presidente señala como problemas podrían haber sido oportunidades para retomar la iniciativa política. El Lava Jato fue el momento en el que el Poder Ejecutivo podría haber intentado liderar una agenda anticorrupción de cara a la ciudadanía con acciones conjuntas con los otros poderes del Estado. El niño costero fue otro momento en el que el Poder Ejecutivo podría haber intentado ponerse al frente de una respuesta sostenida y estructural, cargada de simbolismo, que pusiera en marcha un decidido cambio en las relaciones entre el estado y la sociedad. En ninguno de estos casos hubo un claro liderazgo del gobierno por articular y sostener respuestas más firmes a estos dos problemáticas.

La razón de la falta de reflejos del gobierno hay que buscarla en la ceguera ideológica de una tecnocracia que se ha encerrado y ensimismado en el desprecio hacia la política como pilar que sostiene el edificio del régimen democrático. Es que la tecnocracia es una de las expresiones de la anti-política que ha calado hondo en el Perú en las últimas dos décadas. El viento de cola de la economía internacional y las condiciones extraordinarias hicieron creer a los tecnócratas que un país tan complejo como el Perú se puede y debe gobernar con un núcleo de personas con experiencia probada en el sector privado, apartando todo lo posible a la política y a los políticos. Esa forma tan particular de concebir la política, sin un sentido de lo que es el Estado, sin definir para qué sirve y cómo utilizarlo para impulsar mayores niveles de equidad y bienestar para las mayorías, pudo haber funcionado mientras la coyuntura internacional era favorable pero terminado el ciclo se requiere legitimar al régimen democrático a través de otros mecanismos y con otras mentalidades. 

El gobierno ha estado en este primer año alejado, distante y desconectado de la ciudadanía y esa es la fragilidad que no le permite equilibrar la relación numérica desfavorable que tiene en el Congreso.  Como solución a ello el gobierno supone que cediendo y dejando hacer a la oposición mayoritaria, puede lograr mantenerlos tranquilos y gobernar. No importa que lo contrario esté sucediendo. A pesar de la evidencia el gobierno persiste en el error hasta el punto de poner en la agenda pública el tema del indulto, una movida que solamente aumentará su fragilidad porque perderá para siempre la posibilidad de recuperar y fortalecer el vínculo con los ciudadanos que lo apoyaron en segunda vuelta. 

El sector de Fuerza Popular que está sometido a un liderazgo vertical y asfixiante por parte de Keiko Fujimori –solamente discutido por su hermano- continuará imponiendo la dinámica política a menos que el gobierno gire el rumbo, algo poco probable, o que su actitud de acorralamiento al gobierno envenene la dinámica económica al punto de hacer peligrar seriamente las posibilidades de llegar a la presidencia en 2021. El punto es que con un gobierno que niega la fragilidad en la que se encuentra, suponiendo que en una conversación de dos horas ya se ha dado “vuelta la página” y que a partir de ese breve encuentro solamente nos espera un camino de colaboración y encuentro, tendremos por delante otros años de pocas luces y muchas sombras. 

Es difícil suponer o pensar que se produzca una apertura a discutir y considerar un cambio de rumbo por parte de un gobierno que sostiene que el desafío para gobernar es simplemente abrir el camino mediante un destrabe burocrático. Eliminar trabas o pasos puede contribuir a dinamizar el país pero eso no puede confundirse con desarticular la capacidad del Estado para dotarlo de un poder fiscalizador que asegure mejores reglas de juego para todos y de mayor capacidad para asegurar bienes públicos de calidad para las mayorías. En todo caso, pareciera que el gobierno solamente piensa en alentar la inversión sin importar demasiado el contexto en el cual debe producirse. Es por ello que las instancias como la Oficina Nacional para el Diálogo y la Sostenibilidad fueron rápidamente desarticuladas, indicando que la gestión de la conflictividad no es un asunto de la mayor trascendencia ni de la importancia que tiene la promoción de la inversión. 

El desprecio hacia la política aleja al gobierno de la posibilidad de impulsar una agenda que responda a las demandas y anhelos de las mayorías que todavía esperan y necesitan del estado para poder salir adelante. No alcanza con el discurso que glorifica al emprendedor o la persona que por sí misma construye su destino. Una comunidad se pega y sostiene cuando la política se pone en marcha para asegurar un piso mínimo a partir del cual todos pueden estar en mejores condiciones de forjar su bienestar. Para ello, el ejercicio político imprescindible es el fortalecimiento de los vasos comunicantes con la ciudadanía para captar lo que demandan y articular respuestas a sus necesidades.    

La ciudadanía, después de este primer año, empieza a sentir al gobierno distante de sus necesidades y demandas.  El gobierno, a juzgar por el balance que hace el presidente, parece empeñado en profundizar una receta que no le está dando resultado a pesar del rumbo deslucido que han mostrado. Por ese camino la historia no lo absolverá, lo condenará.