El MEF quiere que Petroperú vuelva al FONAFE. Así lo ha declarado César Liendo, funcionario de ese ministerio, afirmando que eso se concretaría en las facultades legislativas delegadas al Ejecutivo por el Congreso. Y cuando le han preguntado su opinión al Ministro de Energía, Gonzalo Tamayo, ha dicho que “eso lo propone el MEF”. Augusto Baertl, Presidente de Petroperú dijo lo mismo.  Lo que nos dice que eso es lo que quiere el MEF y no necesariamente el Ministro Tamayo ni el Ingeniero Baertl.
 
El FONAFE (Fondo de Financiamiento de la Actividad Empresarial) es un “holding” de empresas públicas que depende del MEF y que es la dueña de casi todas las empresas públicas peruanas, pero no de Petroperú. Allí están, entre otras, Sedapal, Electroperú, EGASA, Electro Oriente, Electro Puno, Perupetro, Corpac, ENAPU (Empresa Nacional de Puertos) y el SIMA (Servicio Industrial de la Marina).

 
El FONAFE aplica la política del MEF, supervisa los ingresos y egresos de las empresas, decide sobre sus compras, actividades e inversiones. Y, claro, nombra a los directores de dichas empresas y, también, tiene plena injerencia sobre la plana gerencial. El FONAFE aplica el principio de la “rienda corta”, es decir, que sujeta firmemente a las empresas por el camino señalado por el MEF. 
 
Petroperú salió de FONAFE en julio del 2006 con la Ley de Fortalecimiento y Modernización de Petroperú (Ley 28840) que fue publicada en insistencia por el Congreso a finales del gobierno de Toledo, quien se opuso a promulgarla. La Ley estableció una cuestión esencial: Petroperú podía participar en toda la cadena de la industria, desde la exploración, explotación (producción), refinación, transporte,  distribución mayorista y minorista, así como en la actividad petroquímica. También se establece la conformación del directorio y un reglamento ad hoc para las compras y adquisiciones que realice la empresa.
 
Esta Ley es una estocada al corazón de la Constitución de 1993, que establece la subsidiariedad de la actividad empresarial del Estado, es decir, que la empresa pública solo puede funcionar allí donde la empresa privada no quiera intervenir porque el negocio no le interesa o no es rentable. Si ahora Petroperú puede intervenir en toda la cadena del negocio de hidrocarburos (y puede tener la integración vertical), es obvio que hay un conflicto con la Constitución. En buena hora que así sea. 
 
Por eso el MEF siempre ha querido que Petroperú vuelva al FONAFE. En esta oportunidad, debo decirles a mis lectores que el Ministro de Economía y Finanzas, Miguel Castilla, me planteó, en el 2011, cuando era Presidente de Petroperú, que la empresa vuelva al FONAFE. Mi respuesta fue un rotundo NO. Porque detrás de esa propuesta está la voluntad y el empeño privatizador que vive, colea y engorda en la sede el MEF en el Jirón Junín. 
 
Actualmente la Junta General de Accionistas de Petroperú está compuesta por 3 representantes del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) y dos del MEF. Ellos representan 20% de las acciones cada uno. Por tanto, Petroperú, está en el ámbito del Ministerio de Energía y Minas. Y allí debe seguir. 
 
Queremos creer que el Ministro de EyM, Gonzalo Tamayo, desea que Petroperú continúe allí porque el gobierno ha manifestado que quiere modernizar a Petroperú, llevar a cabo la necesaria reingeniería de la empresa, terminar la modernización de la Refinería de Talara, potenciar el Oleoducto Nor Peruano para que no haya ni un solo derrame más de petróleo y fortalecer el Buen Gobierno Corporativo.
 
Además Petroperú es dueño del Lote 64 en la Selva Norte, con 55 millones de barriles de reservas probadas de petróleo ligero (valorizados en US$ 2.500 millones a los precios actuales) y está ad portas de firmar un contrato con la empresa GeoPark para su explotación. GeoPark pondrá toda la inversión necesaria y Petroperú le pagará con los ingresos del petróleo producido. 
 
A esto se agrega que el Congreso aprobó en el 2015 la ley 30357, que autoriza a Petroperú a explotar el Lote 192, el más grande del país,  con 74 votos a favor, 10 en contra y 4 abstenciones. Votaron a favor Fuerza Popular, Acción Popular/Frente Amplio, teniendo en contra a algunos congresistas del  Partido Nacionalista y al PPC. La negociación para entrar a este Lote debe materializarse en las próximas semanas. 
 
Antes, en diciembre del 2013 se aprobó en el Congreso la Ley 30130, de modernización de la Refinería de Talara, con 85 votos a favor, uno en contra y 13 abstenciones. Lo que tenemos entonces son las condiciones para un consenso positivo de largo plazo para Petroperú. Esto es necesario para conseguir el cambio de la matriz energética y para asegurar la seguridad energética. 
 
Pero el MEF, erre que erre, quiere regresar a la situación pre-2006. Lo que asombra es que el MEF se concentra en este capricho, pero hasta ahora no decide sobre un tema clave para Petroperú: la aprobación del financiamiento para la Refinería de Talara, que sigue pendiente. Este financiamiento consiste en una emisión de bonos por US$ 1,500 millones y un crédito por un monto adicional, también de US$ 1,500 millones, con aval de CESCE, agencia de seguro de crédito del gobierno de España. Ya han pasado 4 meses en el gobierno y todavía nada.
 
Lo mejor sería que el MEF deje de lado su plan de regresar Petroperú al FONAFE, primer paso en un intento privatizador, porque el Decreto Legislativo seguramente será observado en el Congreso, lo que constituiría una derrota del gobierno de PPK. ¿Eso es lo que quiere el MEF? ¿Recapacitará a tiempo el Ministro Alfredo Thorne? Dentro de poco lo sabremos. 
 
Mientras, el pueblo de Talara y Piura, así como todo el Perú, debe permanecer alerta, junto con los partidos políticos, los gobiernos regionales y locales, así como las organizaciones de la sociedad civil para impedir este despropósito. Estaremos atentos.