Los especialistas consideran necesaria la renegociación del Gas de Camisea debido a las negativas condiciones en las que se desarrolló el contrato, principalmente del lote 56. El exministro de Energía Carlos Herrera Descalzi sostiene que la cláusula 8 de ese contrato, firmado en el 2004 por el gobierno de Alejandro Toledo, establece una fórmula perjudicial para el Perú.
 
"No se calculan las regalías como porcentaje del precio internacional, que es el Henry Hub, sino como porcentaje de otra cifra. El Perú hubiera recibido 3,600 millones de dólares en regalías e Impuesto a la Renta si el gas no se hubiera exportado sino vendido en el mercado, pero solo se ha recibido una sexta parte más o menos (unos 600 millones)".

 
Entre el 2010 y el 2011, el Consorcio Camisea y Repsol (hoy Shell), exportaron embarques de gas natural del Lote 56 a México, pero la consultora Galway, contratada por Perupetro, verificó que 10 de estos embarques fueron reexportados a otros destinos donde el precio del gas era mayor.
 
Herrera Descalzi explicó que los precios del gas en el mercado americano podía estar entre 2 y 3 dólares el millón de BTU y en Asia podía estar costando 10, 12 y en algunos casos hasta 15 dólares por millón de BTU.
 
En julio del 2012 fuimos a un arbitraje del CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) y el Estado ganó, haciendo que dicho Consorcio y Repsol paguen 64,9 millones de dólares por las regalías dejadas de pagar en los 10 embarques reexportados.
 
"El solo hecho que el gas exportado sea revendido a un precio mayor (en Asia) ya es motivo suficiente para plantear la renegociación", refirió Herrera Descalzi.

En febrero de 2013, la petrolera española Repsol vendió a Shell sus contratos de exportación en el Perú y desde el 2014 Shell exportó gas a México. Sin embargo al igual que Repsol, Shell también incurrió en reexportar nuestro gas. La ministra de Energía y Minas, Rosa Ortiz, declaró que en julio del 2015, Shell pagó al Estado peruano US$ 13,7 millones por regalías dejadas de pagar por el gas natural de siete embarques exportados el 2014 a México.
 
SEGURIDAD JURÍDICA
Ante ello, el investigador de la Universidad San Marcos, Jorge Manco Zaconetti, dijo que no solo debe renegociarse el contrato por el Gas de Camisea, sino que debe ampliarse a otros casos de acuerdos perjudiciales para el país, como el de los petroleros para que el Estado recupere soberanía.
 
Sobre la seguridad jurídica, que podría afectarse al plantear renegociaciones, Manco dijo que cuando se afectan los intereses del país, la seguridad jurídica debe pasar a un segundo plano. Mientras que el exprocurador anticorrupción Luis Vargas Valdivia sostuvo que jurídicamente es posible que el Estado renegocie contratos.
 
"Sí se puede renegociar. En esa relación de dos, una de las partes está negociando un bien público; por eso estos contratos tienen un marco legal que los diferencia. Es como en un acuerdo de particulares. Si uno con el tiempo se perjudica con un contrato, nos sentamos a renegociar, lo que no quiere decir que necesariamente se llegue a un acuerdo", explicó Vargas.
 
COMO ETANOL
El candidato de Acción Popular, Alfredo Barnechea, llamó la atención por su cerrada defensa de la renegociación del Gas de Camisea, tras explicar que el Perú está perdiendo dinero, y para ello comparó los precios con los que el Perú y Bolivia exportan gas natural.
 
Explicó que mientras Bolivia cobra a Brasil y Argentina 5,9 dólares en promedio por un millón de BTU (o unidad térmica de calor), el Perú solo cobra 0.56 dólares por la misma cantidad.
 
Planteó que el gas de Camisea sea comercializado como etanol líquido, componente utilizado por la industria petroquímica y por el cual se paga un precio mayor y sugirió que el etanol sea utilizado principalmente para la industrialización del país y el desarrollo de un complejo petroquímico en la costa sur peruana, en vez de exportarse casi en su totalidad.
 
Además, Barnechea ha pedido que se renegocie en vista que el Perú ha perdido su soberanía sobre la molécula energética y no tendría derechos para decidir a quién se está exportando, según lo establece el Art. 10 de la Ley 26221 de 1993. Es decir, de acuerdo a Ley, el Consorcio Camisea decide a quien le vende GLP y eso es lo que se tiene modificar.
 
Actualmente la empresa privada negocia sobre el destino de nuestro gas y el Estado peruano no puede intervenir, de acuerdo al artículo 62 de la Constitución de Fujimori sobre los contratos-ley, que solo pueden ser renegociados por acuerdo entre las partes. Frente a ello es que los especialistas consideran necesario la renegociación y que se realicen los cambios para que, finalmente, el Perú decida soberanamente sobre el destino de su gas.