Han tenido que pasar más de quince años para que las víctimas de AQ forzadas encuentren algo de justicia y, aunque no se precisen cifras, todos sabemos que las afectadas fueron principalmente mujeres pobres de zonas rurales y periurbanas.

Lima no estuvo al margen y eso lo supe de manera casual al ser testigo de un diálogo hosco entre el jefe del servicio de ginecología y el Dr. John Nagahata, Director del Programa de Planificación Familiar del MINSA, quien reclamaba la falta de compromiso del personal por no encontrar quince candidatos dispuestos para las vasectomías. Años después, aun en pleno apogeo del Programa y siendo el Congresista Aguinaga, Ministro de Salud, este falleció, lo que lo liberó seguramente de estar en el banquillo de los acusados.

Todas las evidencias señalan que las esterilizaciones fueron parte de una política de gobierno, propia del pragmatismo que caracterizó a Fujimori y a su entorno más cercano. A su juicio, las AQ contribuían a disminuir las demandas de la población por más servicios, facilitando el cumplimiento de las directrices del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del llamado “Consenso de Washington”.

La historia de la AQV en el Perú

Hasta el 1995, la Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV) estaba permitida a mujeres con “alto riesgo reproductivo” y, por lo tanto, solo podía realizarse bajo prescripción médica. Sin embargo, las mujeres de clase media y alta, si podían hacerse la intervención sin ningún problema, convirtiéndose la AQV en un símbolo de inequidad, que las feministas de ese entonces lo demandaban como un derecho.
 
Este tema fue ampliamente debatido en 1985, a propósito de la aprobación de la Ley de Política Nacional de Población, sin lograr su incorporación. Diez años después, Fujimori lo incluyó en la lista de anticonceptivos, acción que fue aplaudida por las feministas de este entonces, sin imaginarse en la amenaza en que esto se convertiría.
 
La AQV como política sanitaria de respaldo de la “reforma neoliberal”

Fujimori empezó la “reforma” que hoy nos norma, en el Ministerio de Salud (MINSA), produciendo transformaciones en la gestión del Estado, que simbólicamente se expresaron en la Sede del MINSA con la división del llamado “tercer” y “cuarto” piso.
 
En el “tercer piso” se ubicaban los “programas”, pero era el Programa de Planificación Familiar, el que tenía asignado el 90% de personal y presupuesto y tenía a la AQ como producto estrella. En el “cuarto piso” estaba el corazón de la “reforma”, con funcionarios de gobierno pagados por el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), bajo el comando del Dr. Augusto Meloni, Director de Cooperación Externa, quien años después con la huida de Fujimori al Japón, termino siendo el “apestado”, que nadie recibía, pese al poder que había tenido. Hoy, Meloni, es sacerdote católico y activo opositor a los derechos de las mujeres.
 
Al poco tiempo de incorporada las AQ, ocurrieron las primeras alarmas, por algunos sectores de iglesias y feministas como Gulia Tamayo de Flora Tristan, quienes destaparon el escándalo a nivel internacional. También fue tema de la Defensoría del Pueblo, quien mantuvo de manera sistemática durante esos años, el seguimiento de las denuncias y de los servicios.
 
Sin embargo, no han faltado quienes, aprovechándose de la situación, han tratado de jalar agua para su molino, tales como el Dr. Luis Solari, Ministro de Salud de Toledo, quién aprovechándose de la situación, no encontró mejor pretexto para sacar a las AQV de las opciones anticonceptivas. El resultado de su gestión, junto con la de Carbone, fue el desmantelamiento del Programa de Planificación Familiar y la persecución de los médicos para que no realicen AQV.
 
En el Congreso de la República las cosas no fueron distintas; Se formó una comisión investigadora presidida Chavez Chuchón, católico ferviente, quién decía no usar condones “para no ofender a su esposa”, que terminó proponiendo la proscripción de la AQV.
 
Tal como se puede ver, ellos no querían defender los derechos de las mujeres, sino, proscribir los métodos anticonceptivos, insumo importantísimo para decidir cuantos hijos tener.
 
No hay duda que hoy, ningún fujimorista puede zafarse de las AQ forzadas; Ni Martha Chavez, ni Luz Salgado, ni Maria Luisa Cuculiza, pero tampoco Keiko, más aun cuando ninguna de ellas tuvo un gesto de apoyo un gesto sincero con las víctimas del concepto maquiavélico de Fujimori. 
 
Ahora queda mirar hacia adelante y el registro es un punto de partida que debería conducirnos a la reparación de las víctimas, pero no hay que olvidarse que el Estado también tiene que poner al alcance de todos/as una amplia gama de opciones anticonceptivas, porque negar un método anticonceptivo elegido, resulta tan ofensivo, como imponerlo.