En la economía venezolana, existe una tensión persistente entre las urgencias del ahora y las transformaciones estructurales necesarias para avanzar en el horizonte estratégico. En términos generales, la intensidad de esta relación dialéctica depende de cuán profundo sea el proceso de cambio. En aquellos proyectos políticos de gran inercia conservadora, las tensiones desaparecen. Por el contrario, en la revolución bolivariana, durante estos quince años, se ha impuesto un ritmo acelerado de cambio que exige inevitablemente superar tensiones y contradicciones que constituyen la base-motor creativa para seguir avanzando.

Hoy, los retos son otros y las urgencias también. Afortunadamente, nada tienen que ver con aquellos objetivos que fueron prioritarios a finales de siglo XX. Esta época ganada en Venezuela ha generado nuevas expectativas. Todo lo que se ha logrado hasta el momento va condicionando las actuales reivindicaciones. Lo que ayer fue un logro, hoy ya es un derecho adquirido; lo que ayer fue una utopía, hoy se convierte en una demanda concreta.

En este escenario es preciso analizar la actual guerra económica que azota el país en los últimos dos años. Hasta el momento, se pueden identificar cinco etapas de esta ofensiva prolongada: 1º) el uso del término default para “aislar” a Venezuela de las fuentes tradicionales de financiación, 2º) comenzar una carrera ascendente, irracional en lo económico pero racional en lo político, con el tipo de cambio ilegal del dólar, 3º) incrementar precios para arrebatar el máximo poder adquisitivo a la mayoría social, 4ª) iniciar un proceso de desabastecimiento selectivo en algunos bienes fundamentales, y lo último, 5º) intentar instalar la idea de dolarización parcial en algunos sectores estratégicos económicos.

Esta guerra económica actual, con efectos muy palpables en lo coyuntural, también tiene claramente una base estructural que es preciso caracterizar. La nueva economía en Venezuela, la del siglo XXI, es el resultado de un proceso de reapropiación de la renta petrolera en origen a favor de la mayoría social, que viene privilegiando la satisfacción de los derechos sociales sin excepciones, acompañado de una significativa democratización del consumo. Buena parte del sector empresarial privado, acostumbrado a un modo ocioso de reapropiarse de la ganancia, declinó la invitación a incorporarse al nuevo modelo de desarrollo productivo; prefirió llevar a cabo una duradera huelga de inversiones; y entonces, se dedicó a la nueva disputa: la disputa por la renta petrolera, pero esta vez no en origen sino en destino. Esto es, la renta petrolera en manos de la mayoría venezolana. La inflación es de hecho el fruto de esta puja distributiva entre unos pocos empresarios y la mayoría social. La burguesía importadora se ha reapropiado de la máxima ganancia por la vía precios quedándose así con el mayor porcentaje posible de la renta petrolera en destino, en los bolsillos de los venezolanos a la hora de consumir.

¿Por qué sucede esto? ¿Cómo se puede alterar esta relación? La clave está en el proceso de transformación de la matriz productiva nacional. Nadie discute que la dinámica productiva en Venezuela no se ha realizado al mismo ritmo que se ha producido la recuperación de los sectores estratégicos, la inserción soberana en el sistema mundo, la construcción del Estado de las Misiones y la democratización de las pautas de consumo. Todas estas transformaciones fueron necesarias y urgentes para que hoy se pueda pensar en la siguiente etapa e imprescindible, en el desafío productivo. De nada hubiera servido afrontar lo productivo antes de gozar de una economía con buena salud en términos sociales, laborales y humanos. Esto no quiere decir que no se podría haber hecho más hasta la fecha. Pero sí es preciso comprender la complejidad de un proceso que apostó desde un principio a erradicar la deuda social heredada por encima de cualquier otro propósito macroeconómico. Asumir estas contradicciones es propio de un proceso revolucionario a favor de la mayoría social a diferencia de lo que ocurre en otros lugares donde se impone el objetivo de la estabilidad macroeconómica a costa de una gran desestabilización social. Es cuestión de elegir.

Sin embargo, ahora no hay duda, lo productivo es imperativo, tanto coyuntural como en términos estructurales. Se parte de indicadores sociales avalados por todos los organismos internacionales, cuya la perdurabilidad dependerá en buena medida de abordar exitosamente el siguiente desafío, el productivo. Esta es la clave del desafío estratégico del proceso económico bolivariano para garantizar la irreversibilidad de lo logrado y para hacer reversible de todo lo que aún resta por transformar. Por ello, en lo coyuntural, hoy en día, el propósito es afrontar la inflación y el desabastecimiento selectivo en algunos productos básicos como consecuencia de la guerra económica. Pero esto, indudablemente, tiene su cara en lo estructural, en el gran desafío de transformar la matriz productiva tanto en productos como en productores.

En otras palabras, el reto estratégico es producir más, más eficazmente, y con otro patrón productivo de tal forma que las pequeñas y medianas empresas participen; donde el poder comunal tenga un rol protagónico.

La nueva tarea productiva exige sustituir los actuales “Certificados de No Producción” que permiten acceder a divisas por “Certificados de Producción” para que el Estado otorgue las divisas necesarias a los productores siempre y cuando satisfagan unas “Cuotas Obligatorias de Producción”. Se trata de cambiar el paradigma: incentivos para producir en vez de facilitar que se importe todo afuera. La nueva política productiva tiene que garantizar que el contrato de asignación de divisas exija compromiso productivo; en caso de no cumplirse, las divisas deberían ser reembolsables.

El componente nacional es el otro foco de atención de la nueva política productiva para que aquello que se dice “venezolano” no sea importado. Es cada día más habitual que se le denomine producto nacional a bienes que están conformados por una mayoría de insumos productivos importados. Es importante sortear esta trampa para que el cambio de la matriz productiva sea real y no aparente. La producción nacional no es aquella que tiene un componente nacional reducido en el valor agregado. Resulta preciso identificar cómo Venezuela debe insertarse virtuosamente en los encadenamientos productivos globales y regionales.

De cómo se hilvane la política productiva con el modelo de desarrollo local, con la política tributaria, financiera, comercial, monetaria, laboral y con la política de divisas dependerá en gran medida el éxito de un modelo económico basado en “el precio justo con abastecimiento seguro”. Son esos y muchos más los nuevos retos productivos para luchar contra el nuevo rentismo importador del siglo XXI, con el objetivo de vencer al metabolismo social del capital que todavía reside hoy en día en Venezuela. Es el ámbito de lo productivo el verdadero campo de disputa de la economía venezolana.

Alfredo Serrano Mancilla* Director del Celag

Publicado en Página12, 30 agosto 2015