El nueve de Julio se cumple un año de la aprobación de la Nueva Ley Universitaria, y  el Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) ha manifestado a través de un comunicado que apenas seis de las 31 universidades públicas autorizadas han cumplido con acogerse a la misma. El resto se encuentra en lento proceso de cumplimiento. Asimismo, diez de ellas, incluida la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) se encuentran en condición de ‘rebeldes a lo dispuesto por la ley’.

 
Las casas de estudio que vienen cumpliendo el cronograma establecido ya han elegido a rectores y vicerrectores. Solo queda pendiente la elección de nuevos decanos. Por su parte, las demás universidades están en proceso de aprobación de sus nuevos estatutos y autoridades principales. No obstante, los avances a la fecha son insatisfactorios.
 
El propósito de esta ley es mejorar la administración de las universidades, lo que influirá en la mejora de la calidad educativa. Sin embargo, esto no será posible hasta que las universidades públicas se pongan a derecho y respeten la disposición legal.

San Marcos y la negativa de Cotillo
 
En el caso de las universidades privadas, cerca del 80% ya ha cumplido con adecuarse a los cambios. Entonces, ¿qué ocurre con las universidades públicas? La oposición a la medida legal no se debe a que dicha ley sea perjudicial para las instituciones o no aporte nada a la calidad de la enseñanza superior. El problema radica en los grupos de poder al interior de estas universidades, que actúan por intereses propios y quieren continuar beneficiándose del manejo del poder.
 
La situación de San Marcos rebasa los límites del escándalo. Once meses después de aprobada la Nueva Ley Universitaria, la Decana de América aún no cumple con acatarla. Así, la labor del Comité Electoral Universitario Transitorio y Autónomo se ha visto obstaculizada por las propias autoridades. Se les ha negado los recursos necesarios y no se les ha facilitado la lista de estudiantes y docentes para la elaboración del padrón electoral. Asimismo, el Consejo Universitario ha intervenido en la modificación del reglamento electoral, algo que no le competía.
 
El pasado lunes 22 de Junio, Cotillo suscribió un comunicado a título personal en el que desconocía la autoridad de SUNEDU y acusaba a la institución de atentar contra a la autonomía universitaria. El miércoles 24 convocó a una reunión al Consejo Universitario. La agenda propuesta era revisar el reglamento  del  Comité Electoral, atribución que de acuerdo a ley no le corresponde al rector ni al Consejo Universitario. En la reunión se modificó el Artículo 20º, inciso D, del reglamento que establecía que las autoridades vigentes no podían ser candidatos a la Asamblea Estatutaria. El peligro de esta disposición es que el rector y sus decanos puedan permanecer en el poder por más tiempo.
 
En dicha reunión, seis decanos se mostraron en contra de la medida y optaron por retirarse. Cabe señalar que el mencionado Consejo es cuestionable. No cuenta con representación estudiantil ni de los egresados. Asimismo, entre los decanos que se quedaron en la reunión, tres de ellos se encuentran en la condición de ‘encargados’, es decir, nombrados a dedo por el propio rector. Ellos y nueve decanos más, que no representan ni la tercera parte del Consejo, suscribieron la voluntad de su máxima autoridad. Y hasta el momento el Comité Electoral no puede convocar a elecciones.
 
Por su parte, el sindicato de docentes de San Marcos, recientemente elegido y que se ha manifestado abiertamente en contra del rector, alista medidas de protesta. Ellos exigen la elección de nuevas autoridades, tal y como lo dispone la legislación. En su último comunicado, emitido el lunes 30 de Junio, señalan textualmente que “Pedro Cotillo llegó al rectorado y se mantiene a través del clientelismo que implica un reparto de cargos sin ningún criterio institucional, técnico, ni académico”.  Ellos consideran que esta sería la razón por la cual, Cotillo aún se niega a reconocer la normativa.
 
Pero caso de San Marcos no es el único. Esta situación se replica en todo el país. La Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco y la Universidad Micaela Bastidas de Apurímac aún no cuentan con estatutos ni han convocado a nuevas elecciones, por problemas internos. Las autoridades de ambas casas de estudios han decidido continuar en sus cargos, pese a que con ello estarían incumpliendo la ley. En el caso de la universidad apurimeña, incluso se ha llegado a la instancia judicial exigiendo la salida del actual rector y del vicerrector.
 
La SUNEDU ha fijado como plazo máximo para que las universidades rebeldes se adecuen a los cambios el 31 de diciembre de este año. De no hacerlo, serán sancionadas por desacato a la ley. Ahora solo queda esperar la adecuación a la normativa. ¿Cuánto tiempo más? No lo sabemos. Las instituciones públicas de educación superior, así como de sus alumnos, demandan una pronta acción.