Nuevamente se quiere postergar un necesario reajuste de la remuneración mínima vital (RMV). El principal (y secular) argumento en contra de un aumento trae consigo una alta carga ideológica, ya que considera los ingresos laborales como un costo que obstaculiza la formalidad laboral y que inhibe la inversión privada. Sin embargo, esta visión “contable” del salario soslaya su potencialidad como herramienta para la recuperación económica. No contempla que un aumento de la remuneración mínima tendría un claro impacto positivo en la política (estabilidad) y en las propias empresas (utilidades).

La debilidad de los argumentos en contra de un aumento salarial es que ven a la RMV como un inoportuno “costo laboral” y no como un factor de demanda en las remuneraciones. Ello los lleva a defender la continuidad de los bajos salarios como estrategia empresarial bajo cualquier coyuntura: lo hicieron en los años 1990 para justificar las reformas neoliberales y para enfrentar la crisis asiática (1997-1998); lo repitieron durante el boom minero en la década pasada (2004-2012); y lo vuelven a hacer en un contexto de caída de precios de los commodities, apreciación del dólar y salida de capitales (2014-2015). Esta visión de competitividad rentista de corto plazo (algunos autores la llaman “competitividad espuria”), además de insostenible es muy peligrosa, dado que confunde a la población en base a “falsas soluciones” que vienen mostrando -¡hace casi treinta años!– sus profundas limitaciones y contradicciones para mejorar la distribución del ingreso laboral.
 
Esta discusión se da en un contexto internacional en el que cobran fuerza consistentes tesis que señalan que una reducción en los niveles desigualdad salarial al interior de las propias empresas, tiene un efecto positivo en términos de productividad y rentabilidad. En un reciente artículo publicado en El País, el profesor Antón Costas se pregunta en qué medida la desigualdad salarial influye en los resultados de las empresas. Citando estudios sobre el tema, llega a la conclusión de que aumentos en los salarios más bajos –de manera conjunta con la inversión en capacitación y formación de los trabajadores–, resulta una estrategia que beneficia a la economía en general, al mejorar la competitividad bajo una lógica win-win (todos ganan).
 
Como ejemplo Costas cita la experiencia de empresas de Estados Unidos (Costco, Chipotle, Starbucks, el Aeropuerto de San Francisco) y Europa (BMW, SAP, Mercadona). En estos países y bloques –la cuna del capitalismo mundial– se viene implementando simultáneamente un enfoque fordista de elevación de los salarios y una fuerte inversión en formación y capacitación laboral, con muy buenos resultados en términos de productividad, rentabilidad y reputación.
 
En nuestro país existe evidencia “técnica” y documentada sobre el impacto real de la RMV en la situación del empleo. A partir de ésta especialistas laboralistas han desbaratado varios de los “mitos” en torno a uno de los principales mecanismos de política económica.

• Un aumento de la RMV impulsaría la economía beneficiando alrededor de 780 mil trabajadores formales (la cuarta parte del empleo privado); precisamente los de más bajos ingresos, que trasladarían inmediatamente esos mayores recursos al mercado a través del mayor consumo de bienes y servicios producidos por micro y pequeñas empresas.
• A pesar de haberse aumentado la RMV hasta en siete oportunidades durante el presente siglo, la tasa de informalidad laboral se redujo de manera significativa entre el 2005 y 2013 en más de 12 puntos porcentuales en el sector privado. Es más: en los 2 meses posteriores al incremento del año 2011 (cuando aumentó de S/.600 a S/.675), se generaron más de 80 mil empleos formales netos adicionales. Y con el último incremento (a S/. 750 en junio 2012) el impacto real fue de 60 mil nuevos empleos.
• Un incremento del salario mínimo basado en los criterios técnicos planteados por el CNTPE, no tendría por qué afectar negativamente el mercado de trabajo, ni generar desempleo o un incremento de la informalidad laboral. Por el contrario, aumentos en la RMV contribuyen a reducir la desigualdad económica (durante la década pasada, el porcentaje de trabajadores que ganan menos de la remuneración mínima se redujo de 46% a 37%).

Finalmente, es momento de abordar seriamente la política salarial peruana, dotándola de una institucionalidad eficaz que supere el entrampamiento constante del Consejo Nacional de Trabajo (CNT). Esto pasa por repensar los criterios utilizados para definir el valor funcional de la RMV desde la perspectiva del costo de la canasta básica familiar (lo que pasa por “sincerar” las características demográficas de la familia peruana). Tan importante como esto es promover la negociación colectiva: institución clave del derecho laboral y principal mecanismo para regular y redistribuir el ingreso en el ámbito de una relación laboral.
 
Mecanismos previsibles, periódicos, vinculantes y eficaces de ajuste salarial, cuya sola aplicación evitarían debates repetitivos y bizantinos donde la posición dominante (no necesariamente la más viable o válida) entiende al salario como un costo y no como factor de demanda, paz social, productividad y rentabilidad empresarial.