La renuncia de Christian Salas a la Procuraduría Anticorrupción ha generado ciertas sospechas por el momento en que ha ocurrido. Salas, quien fue procurador adjunto durante el periodo en que la Procuraduría se encontraba bajo la dirección de Julio Arbizu, ha mantenido la metodología iniciada por su antecesor y el desafío de llevar procesos difíciles de manejar por los personajes involucrados, muchas veces beneficiados por los medios de comunicación y los poderes fácticos. ¿Hasta qué punto una procuraduría incómoda como la que dirigieron Arbizu y Salas puede ser desbaratada? ¿Quiénes se beneficiarían con ello?

En un país donde la corrupción llega a niveles vergonzosos, la función de un procurador anticorrupción es fundamental. Este es el defensor del Estado, vale decir, un abogado de parte. En el Perú, tradicionalmente, el procurador se encargaba únicamente de dirigir una institución que si bien participaba en los procesos, no cumplía otra función más significativa. Durante los últimos años, sin embargo, la procuraduría ha cobrado mayor relevancia pues se han armado oficinas que cumplen otras labores: un observatorio que utiliza la data recopilada (procesos, procesados, tipos penales, tasas de incidencia, etc.) y realiza investigación para armar estrategias de combate contra los casos de corrupción. Además se ha armado una Unidad de Análisis Financiero para tener detallada la deuda que tienen los sentenciados con el Estado por reparaciones civiles, detectar dónde puede estar el dinero respectivo o los bienes productos del delito.

En suma, la orientación que ha cobrado la Procuraduría Anticorrupción ya no es sólo una comparsa del Ministerio Público (entidad que dirige formalmente las investigaciones), sino que realizan también pesquisas propias, activan la labor del Ministerio Público pidiendo el inicio de las investigaciones formales y acompañan durante todo el proceso aportando material probatorio y enfrentándose a la defensa de los imputados. Es más, podemos ver dos grandes casos emblemáticos durante la dirección de Arbizu y Salas: el caso de los Narcoindultos y el caso ‘La Centralita’. 

Siendo la Procuraduría tan importante y durante los últimos años bastante más activa, ¿cómo afecta la salida de Christian Salas de la misma? Desde el Ejecutivo han señalado que la renuncia de Salas se debe a motivos estrictamente personales, sin embargo, diversas fuentes confirman que desde el Ministerio de Justicia se le estuvo hostigando regularmente debido a declaraciones incómodas a Salas. Todo indica que desde la cartera de Justicia se decidió utilizar un viaje del entonces procurador para levantar un acta provocando la renuncia de Salas.

Las razones de la suspicacia sobre su renuncia tienen que ver con el momento, con las denuncias reiteradas en que Martín Belaúnde Lossio cobra protagonismo. Sin embargo, como bien señala Julio Arbizu, ex procurador, las dudas pueden disiparse siempre que se designe en lugar de Christian Salas a una persona que pueda continuar lo empezado hace tres años en la procuraduría y que se le dé todas las garantías para realizar su trabajo con independencia. Si su reemplazo, por el contrario, interrumpe el modelo planteado y que a la fecha ha logrado diversos resultados como, por ejemplo, que en materia de reparaciones civiles lograran recaudar un 400% más respecto a años anteriores, la procuraduría se convertiría, de facto, en un saludo a la bandera o, peor aún, podría estar liderada por alguien controlable desde las esferas de poder.

Por ello la renuncia de Salas no se agota en la explicación de los “motivos personales”, sino que constituye un tema de alarma hasta que un sucesor, esperemos idóneo, sea nombrado en su lugar.