“Murió apuñalada por su ex pareja”, “La mató por celos” o “No quiso continuar la relación y le desfiguró la cara a golpes”, son tres ejemplos de titulares lamentablemente verosímiles y recurrentes en medios de comunicación. Estos casos encierran un mismo tema de fondo porque no se trata de casos aislados: La violencia contra la mujer. Esta es una realidad que daña a miles de peruanas y que, en el caso de las 83 mujeres víctimas de feminicidio (2013 -2014), mata. Hoy 25 de noviembre ha sido declarado por las Naciones Unidas el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer. ¿Qué tan cerca nos encontramos de eliminarla?

La violencia contra la mujer llega a su extremo en los casos de feminicidio. Según el último informe de CEPAL, el Perú es el segundo país en América Latina y el Caribe en los índices de feminicidio entre los años 2013-2014. Esta cifra alarma. Son 83 las mujeres peruanas que murieron asesinadas sólo por ser mujeres a merced, en la mayoría de casos, de sus parejas o ex parejas. El feminicidio constituye así una de las variables más elocuentes de la violencia a la que vivimos expuestas. Sin embargo, la base del ejercicio de violencia encuentra sus raíces en actos cotidianos que muchas veces, a fuerza de la costumbre perversa, invisibilizamos.

Nuestra intranquilidad al transitar las calles por encontrarnos expuestas a insultos o  explicitaciones groseras a plena luz del día es resultado de la violencia. Las lágrimas de impotencia y rabia de una adolescente a quien en el autobús, al regresar de la escuela, un hombre decidió tocar so pretexto de la cantidad de personas en el colectivo, son la consecuencia de una injusticia cotidiana. Los comentarios sobre nuestros cuerpos, como si no tuviéramos derecho a ser gordas, feas, bajas, altas, morenas, blancas sin ser objeto de calificación pública es también violencia.

Pero hay más: ¿Qué tan cerca de la eliminación de la violencia podemos estar cuando nuestras propias leyes nos violentan? Porque impedir la libertad de elección de las mujeres sobre sus cuerpos es también violencia. Porque cuando nos obligan a llevar a término un embarazo producto de una violación, el Estado, de manera cómplice, nos revictimiza. No sólo nos invadieron contra nuestra voluntad, sino que nos siguen invadiendo, esta vez desde las leyes. No olvidemos que hasta el código penal de 1991 se eximía de pena a un violador si es que este contraía matrimonio con la víctima. Como si la violación no fuera un abuso contra nosotras, sino un acto que podía taparse con un papel. En suma, como si los hombres tuvieran el derecho de violentarnos.

Lo que subyace a la violencia contra las mujeres es la noción machista de que somos ciudadanas de segunda categoría y que por tanto los hombres, el Estado y la iglesia tienen derechos sobre nuestros cuerpos. Es más, hasta fines del siglo XIX, en la legislación de la época era permitido que se empleara violencia física contra nosotras con fines “correctivos”. Como si fuéramos menores de edad y necesitáramos tutelaje.

Sin duda, se ha avanzado respecto de la igualdad de derechos de las mujeres a nivel mundial y en el Perú; sin embargo, la apuesta continuará limitada en la medida en que la autonomía de las mujeres no sea plena. Hace falta, por ejemplo, que el porcentaje de mujeres que acceden a educación de calidad aumente para que, en un futuro, puedan gozar de autonomía económica y laboral, o que participemos en la toma de decisiones en el país para lo cual deben cumplirse las medidas contempladas en el sistema electoral, o que la sanción contra la violencia en cualquiera de sus formas sea efectiva y contundente. Sólo así daremos pasos reales en el camino hacia eliminar la violencia contra la mujer. Esta lucha no es sólo de las mujeres. No se trata de solidaridad con las víctimas, sino de la defensa por la justicia y la igualdad.