Por segunda vez en los últimos 15 años la exposición de la corrupción explota en el ámbito de la política. Con los “vladivideos” del año 2000, se trajo abajo el régimen autoritario del fujimontesinismo. Hoy con los “cornejoleaks”, los presidentes regionales presos y los miles de candidatos sentenciados por el Poder Judicial, la democracia tiembla y agudiza su precariedad. En el medio, los “petroaudios” del año 2009 se trajeron abajo al gabinete Del Castillo y mancharon de forma indeleble el segundo gobierno de García.

Es imposible olvidar la megacorrupción de la dictadura de Fujimori y Montesinos, cuando el Estado se convirtió en un aparato delictivo y promovió una corrupción sistémica. El esfuerzo anticorrupción del gobierno de Paniagua logró desmontar parcialmente este aparato y, por lo menos, parar temporalmente su extensión, pero no la eliminó de la política.

Hoy esta rebrota, aparentemente de manera descentralizada, resaltando los problemas en municipios y regiones. Sin embargo, los expertos nos señalan que tal es la profundidad de estos focos infecciosos que para su desarrollo han contado necesariamente con la complicidad de las más altas esferas del Estado, cosa que queda casi siempre en las tinieblas.

Por otra parte, en las últimas semanas se ha revelado la profundidad de la captura del aparato estatal por los intereses privados, lo que se expresa en los “cornejoleaks” y tiene antecedente inmediato en los “petroaudios”. ¿Hasta qué punto esta captura puede considerarse un manejo corrupto de la cosa pública? ¿Debemos acaso naturalizar el asunto como quiere hacerlo el neoliberalismo? En cualquier caso, la captura pone el aparato estatal al servicio de un grupo de intereses privados que no necesariamente coinciden con el interés público, por lo que por lo menos da un contexto favorable a prácticas corruptas.

¿Cuál es la salida a esta situación de aguda corrupción política? Un conjunto de esfuerzos que vayan en la dirección de desprivatizar el Estado, y hacerlo, aunque parezca mentira tener que decirlo, un ente público que responda al interés de los ciudadanos.

Esto supone políticas públicas en los terrenos de la economía y la política misma que generen capacidades en los ciudadanos para tener una representación adecuada, para empezar honesta. Es imposible lograr un cambio en la representación sino promovemos un modelo económico que reduzca el trabajo informal y difunda el trabajo productivo y con derechos. La informalidad es muy difícil de representar, para ello hay necesidad de agregar intereses que solo surgen de la producción y el consumo nacionales.

Asimismo, es indispensable una reforma política que permita el acceso de nuevos actores partidarios y les dé el financiamiento público adecuado que les permita escapar de las garras del dinero negro. Por último, hay necesidad de afinar los mecanismos de control que parecen haber fracasado en los últimos tiempos, haciendo hincapié en la prevención y el control político, pero también siendo drásticos y tomar medidas como la imprescriptibilidad de los delitos anticorrupción y la “muerte civil” para los que no paguen su reparación al Estado.