Mientras la movilización de los pueblos indígenas de la amazonía se radicaliza y expande, pocos medios nacionales cubren la noticia y periodistas como Jaime de Althaus afirman que sus reclamos no tienen ninguna base. No es así: el reclamo amazónico tienes raíces profundas y urgentes, como también afirman los obispos de la amazonía en su pronunciamiento publicado el día de hoy (click aquí).

El problema de fondo es que la presión sobre los territorios indígenas por la explotación de los recursos naturales, se ha multiplicado. A raíz de la entrega acelerada de concesiones petroleras realizada por este gobierno (petroaudios y “faenón” de por medio), 72% de nuestra amazonía está cubierta por lotes de hidrocarburos (49 millones de hectáreas). Brasil, cuya área amazónica es mucho mayor que la nuestra, no tiene concesiones petroleras ni por la séptima parte que el Perú. La entrega de concesiones petroleras se ha hecho violentando el Convenio 169 de la OIT, suscrito por el Perú, que establece la obligación de obtener un consentimiento previo de las poblaciones indígenas.
 
Los riesgos que esto trae para los indígenas son enormes. Por ejemplo, entre noviembre de 2006 y marzo del 2009 ha habido 48 derrames de petróleo en los lotes 8 y 1 AB de Pluspetrol, afectando los ríos Tigres y Corrientes. En las 34 comunidades nativas de la zona, el Ministerio de Salud encontró que el 98% de menores sobrepasan los límites aceptables de cadmio en la sangre y el 66% los de plomo. En muchas zonas, la explotación petrolera o maderera ha afectado la pesca y la caza, actividades básicas para la sobrevivencia de estos pueblos.
 
La anterior huelga amazónica logró la derogatoria de los Decretos Legislativos 1015 y 1073 que legalizaban y profundizaban la política de otorgar concesiones sin diálogo con los pueblos indígenas. Pero las concesiones petroleras otorgadas ilegalmente siguen en pie. También siguen vigentes otros decretos, como el Decreto Legislativo 1089 que permite que vía COFOPRI sus tierras les sean arrebatadas, o el D. L. 1090 que favorece que nuevas áreas del bosque amazónico sean depredadas por la extracción maderera. En la anterior huelga, el gobierno prometió revisar estos Decretos y una Comisión Multipartidaria del Congreso recomendó su derogatoria, pero el control del partido de gobierno sobre el Parlamento impidió que ello se realizara.
 
El principal reclamo de los indígenas de nuestra amazonía es que los territorios sobre los que tienen derechos, el bosque del que depende su supervivencia, sea respetado. Engañados por el gobierno y enfrentados a una situación extrema, la fuerza de su movilización solo puede asombrar a quienes quieren cerrar los ojos a la realidad. ¿Hasta cuándo en el Perú los pueblos indígenas esperarán por el respeto que se merecen como cualquier otro ciudadano?