Lo que Alan García no quiere que sepas
¿A qué le teme el APRA? Como señaló Tejada luego de que la policía lograra contener a la turba: “Es una pena que no se pueda discrepar democráticamente”.
El Grupo de Trabajo Contra la Corrupción, el Instituto de Defensa Legal (IDL), Forum Solidaridad Perú y el Instituto de Democracia y Derechos Humanos (IDEHPUCP), realizó el Foro de Debate sobre la Megacomisión que investiga el segundo gobierno de Alan García. En cuanto el Presidente de la Megacomisión, Sergio Tejada, empezó a hablar, una turba de apristas buscó con agresividad, llegando incluso a los golpes, boicotear el evento. ¿A qué le teme el APRA? Como señaló Tejada luego de que la policía lograra contener a la turba: “Es una pena que no se pueda discrepar democráticamente”.
Ocurre que el APRA no quiere debatir. El objetivo es limpiar, usando cualquier medio, a su líder Alan García quien podría ser inhabilitado de postular en las elecciones del 2016. Con la agresión cometida el martes, los apristas buscaron que nadie se entere de lo que en el Foro se discutió. Y, aunque varios medios cayeron en el engaño, y algunos otros concentrados se pusieron de acuerdo en señalar que la violencia fue “provocada” por Sergio Tejada, en Otra Mirada no caeremos en el juego. Aquí contamos lo que Alan García no quiere que se sepa.
La Megacomisión tuvo como atribución principal investigar la gestión de gobierno de Alan García como Presidente durante el periodo 2006-2011. El objetivo fue identificar y comprobar posibles ilícitos generados a partir de la dación de decretos de urgencia y decretos legislativos que habrían permitido presuntas irregularidades en concesiones de recursos del Estado, asociaciones público privadas, implementación de proyectos de inversión y ejecución de infraestructura pública. Pero además, investigó también el manejo de instituciones públicas como SEDAPAL, Agua para todos, OSCE, etc. y, claro, las irregularidades en el otorgamiento de las conmutaciones de penas e indultos.
La Megacomisión investigadora ha investigado los siguientes casos:
· Colegios emblemáticos
· Sedapal – Sistema Integral de Actividades Comerciales
· Programa Agua para todos
· Indultos presidenciales y conmutaciones de pena
· Interferencia política en Business Track (BTR)
· Patrimonio, bienes y rentas de ex funcionarios públicos
· Venta del terreno e instalaciones de la base aérea de la FAP Collique, el aeródromo de Collique, la escuela civil de aviación y del terreno e instalaciones de la empresa INADER Perú
· Decretos de urgencia y otras normas emitidas
· Complementarios: Una laptop por niño, ley de cuotas de pesca, entre otros.
Los casos que mayor repercusión han tenido son los escándalos de los narcoindultos y BTR. El primero, señala que las conmutaciones de penas durante el gobierno de Alan García se habrían realizado de manera sistemática y cobrando por las mismas, poniéndonos a un paso de ser un narcoestado. Además, como señaló ayer Sergio Tejada, había un grado tan bajo de registro respecto de las conmutaciones de penas que en algunos casos se daba una doble conmutación a la misma persona. Desorden, informalidad, irresponsabilidad y corrupción. Respecto del caso BTR, ya en julio del año pasado, la Megacomisión denunció intervención política que buscaba manipular la investigación.
Pero hay más, en el período 2006-2011 se habrían expedido una serie de normas, decretos legislativos y de urgencia, que buscaron petardear el sistema de control del gasto del presupuesto público con el fin de beneficiar a determinadas personas naturales y jurídicas. Asimismo, en los procesos de adquisiciones y contrataciones públicas, altos funcionarios del Estado se habrían coludido con funcionarios de menor rango y con personas jurídicas proveedoras de bienes y/o servicios para dirigir los procesos de selección en beneficio de una o más empresas. En suma, los hechos “irregulares” principales, evidenciarían la existencia de una red de altos funcionarios y operadores políticos que habrían actuado de forma concertada y continua, aprovechando su control sobre áreas claves de la administración pública.
Estamos frente a una serie de indicios de actos de corrupción y ello implica violación a nuestros derechos ciudadanos. Esto es lo que con bravuconadas y bufaladas buscan los apristas desviar de la atención pública. Sin embargo, no se puede negar que si el escándalo frente a las conclusiones de la Megacomisión ha sido tal, es porque algo de temor corre en las filas del partido de la estrella. Y eso es una señal para todos. Estemos atentos.
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