El jueves pasado, luego de un prolongado debate en el Congreso de la República, se aprobó por 51 votos a favor (13 en contra y 14 abstenciones) la polémica Ley de Reforma Magisterial que ha sido motivo de una larga  discusión mediática, y diversas movilizaciones del magisterio,  durante los últimos meses. Sin embargo, queda el sinsabor luego de esta aprobación, toda vez que un  amplio sector del magisterio mantiene su rechazo ante la misma por considerar que, sobre todo, no ha contemplado algunas de las propuestas básicas  de los directamente involucrados: los docentes.

La conflictividad en el sector educativo ha sido una constante frente a la cual no ha habido aún medidas exitosas. Los últimos gobiernos no han hecho sino agudizarla al no incorporar a los docentes en las iniciativas que conformarían la esperada revolución educativa que, hasta la fecha, es sólo un rótulo. Consecuentemente, el malestar magisterial no se circunscribe a aspectos salariales, sino que responde a décadas de ausencia estatal respecto de un sector fundamental para el desarrollo del país. La revolución educativa para el desarrollo, sigue siendo la reforma bloqueada. 

Con la aprobación de la Ley de Reforma Magisterial entramos a un nuevo capítulo donde, una vez más, han primado y se ha diseñado desde el cálculo  restrictivo fiscal, pese a existir recursos. El desempeño y la carrera pública se han diseñado desde esta óptica. No se han considerado una serie de propuestas de los docentes que resultan legítimas. Como señalamos en nuestro suplemento Nº18 “Sin educación no hay desarrollo”, además de la propuesta presentada por el Ministerio de Educación, el SUTEP ha presentado un proyecto alternativo (Nueva Ley del Profesorado) que tiene algunas diferencias respecto de la propuesta por el ejecutivo y que debieran ser tomadas en cuenta. También existen importantes propuestas planteadas por el Foro Educativo, varios especialistas y distintos sectores de la comunidad educativa nacional, que no han sido tomadas en cuenta. El MEF  incluso detuvo y tergiversó  varias  propuestas de la comisión del Congreso.

Mencionemos algunos puntos, que no han sido resueltos y deben debatirse en una movilización desde la ciudadanía. Entre ellos: el tema de jubilación y gratificaciones. Otro punto es el referido al examen de desempeño: la evaluación con examen cada tres años y  tres intentos de aprobación, de lo contrario el profesor es retirado de la carrera docente. Otro tema es el referido a la organización de la carrera docente que en la ley aprobada tiene una base universal y consta de 8 niveles de desarrollo magisterial y 5 áreas de desempeño docente, lo que es motivo de controversia.

Un tema muy importante, en la ley recién aprobada, las plazas para los ascensos a cada nivel son determinadas por el ministerio, mientras que en la propuesta del SUTEP se indica que los ascensos dependerían de la cantidad de profesores que aprueben las evaluaciones. Este asunto resulta fundamental pues revela el tipo de enfoque en el sector. Siendo “educación” una cartera prioritaria, la limitación de plazas evidencia que el ministerio de Economía (dueño, finalmente, del presupuesto público y por tanto quien decide cuánto asignar a este sector) no quiere apostar por una revolución educativa que pasa, necesariamente, por un aumento considerable del presupuesto destinado a este sector y que debería implicar, también, que las plazas no sean decididas por Castilla.

Finalmente, la ley de Reforma Magisterial debe ser revisada también respecto de su enfoque general ya que, por sí sola, constituye únicamente una cáscara, un maquillaje superficial que no logrará hacerle frente a los problemas de fondo de la educación. Esta solución necesita ser integral y no aislada.