Estamos profundamente alarmados por las recientes denuncias periodísticas de la cadena Univisión de los Estados Unidos que involucran directamente a Joaquín Ramírez, secretario eneral, vocero, congresista y financista de Fuerza Popular que lidera Keiko Fujimori, en una investigación de narcotráfico. 

Esta alarma aumenta cuando vemos que el Sr. José Chlimper, candidato a la Primera Vicepresidencia de Fuerza Popular, declara que el congresista Ramírez no será separado de Fuerza Popular porque es el Secretario General y "colabora fuertemente" con el partido. Estas declaraciones indican la vigencia de las prácticas del régimen fujimorista de los años 90, donde se blindaba a personajes cercanos, a pesar de las claras acusaciones contra ellos, amparándose en el poder político. Si eso ocurre ahora, ¿qué podemos esperar si Fuerza Popular ganara la segunda vuelta de las  elecciones del 5 de junio?

Este caso, cabe señalar, no es el único donde existe probable vinculación del dinero ilícito con la alta dirigencia del fujimorismo. Al caso Ramírez se suman recientes acuerdos entre la candidata de Fuerza Popular y dirigentes de la minería ilegal, actividad que tiene efectos desastrosos en el medio ambiente y que está ligada a la trata de niños y mujeres.

Ninguna de estas dos denuncias debe ser tomada a la ligera o puesta de lado por razones de cálculo político. Exigimos que Ramírez sea inmediatamente separado de sus cargos hasta que culminen las investigaciones de lavado de dinero, y demandamos a los políticos del país, congresistas electos y candidatos, que tomen estrictas medidas para evitar la penetración de fuerzas oscuras en nuestras instituciones tutelares. Es hora de ser firmes. Mañana será demasiado tarde.