Esta semana, el Tribunal Constitucional (TC) declaró inconstitucional la norma que penalizaba las relaciones sexuales consentidas entre un menor de edad desde los 14 años y un mayor de edad. Según la norma declarada inconstitucional, aquel mayor de edad que sostuviera un encuentro sexual con un menor podía ser sancionado hasta con treinta años de cárcel.

Saludamos esta decisión toda vez que los adolescentes son sujetos con derecho a ejercer todas sus libertades respecto de sus actos. Cabe resaltar, sin embargo, que el mandato del TC no es de carácter retroactivo. Vale decir, que quienes han sido condenados o se encuentran inmersos en un proceso judicial no pueden acogerse a esta revocación de la norma. Debería considerarse la situación de estas personas.

No obstante, la posición del TC resulta lógica no sólo por un tema principista, sino también por un contexto práctico. Informes de la Policía Nacional del Perú ratifican que desde que la norma revocada entró en vigencia (hace 6 años) no han disminuido los casos de violaciones sexuales en ese grupo de edad. En el mismo sentido, no se ha disminuido la iniciación sexual entre los adolescentes.

No podemos cerrar los ojos a la realidad. Resulta absurdo pensar que una norma logrará “inhibir” los deseos de cualquier individuo tenga este la edad que tenga. Pero, lo más importante, es que esta norma, desde que fue planteada, carecía de toda lógica no sólo por su inconstitucionalidad, sino porque no reparaba en casos como el de una joven pareja donde uno tuviera 19 años y otro 17. El de 19 se veía en el riesgo de ser sancionado con prisión efectiva. Estos casos sostienen el carácter surreal de dicha norma.

Sin embargo, este discurso que busca “prohibir” o adaptar a un guión las relaciones humanas forma parte de una serie de iniciativas que promueve y defiende el discurso de la Iglesia Católica que interfiere, aunque no debiera, en temas legales y políticos constantemente. Que representantes de la iglesia sostengan a viva voz que la decisión del TC fomenta la promiscuidad carece de lógica y apunta a los responsables equivocados. En un comunicado publicado por la Presidencia de la Conferencia Episcopal Peruana sostuvieron que “determinar por ley que los menores de edad tienen la madurez suficiente de prestar su consentimiento en el tema de su vida sexual, no escapa a unas consecuencias ético-morales de imprevisible alcance; generará el inicio prematuro de la misma en los menores, incrementará la paternidad no responsable, el aborto, la acentuación del libertinaje y promiscuidad (…)”

La promiscuidad no tiene relación con la libertad o restricción del desarrollo sexual, sino con la sociedad y los valores que se desarrollan en la misma. Una sociedad donde la mayoría de  medios venden sexo en portadas y contraportadas, donde los programas televisivos ensalzan a los “jugadores” que tienen más de una mujer, donde las noticias resaltan el morbo, donde los escándalos son aplaudidos y donde impera el machismo y la denigración a las mujeres, habría que preguntarse si antes que una norma que regule las relaciones sexuales entre adolescentes no debería existir una que regule estos excesos mediáticos.

Lo que hace falta es un buen programa de educación sexual en las escuelas y la difusión de información para que todo adolescente sepa de los riesgos y cómo prevenirlos y evitarlos una vez que se inicie sexualmente. Del mismo modo, hacen falta normas que protejan a los menores de edad y sancionen con firmeza a los violadores. Esa responsabilidad queda ahora en manos del Congreso de la República.