Un mes después del cierre del Congreso, el presidente Martín Vizcarra presentó una serie de medidas -pomposamente llamadas “Plan de Gobierno”- para ser ejecutadas en lo que resta del período gubernamental. Básicamente, la presentación fue de diversos decretos de urgencia, aprobados o por aprobarse y que plantean, entre otras cosas, algunas normas que fueron retenidas por el fujimorismo mayoritario del Congreso.

Entre esas normas, dos de las más llamativas están relacionadas al reinicio de 867 obras públicas paralizadas en el país y el de la venta de medicamentos genéricos en las farmacias.
Respecto al primer caso, son -como hemos señalado- 867 obras públicas, que en su conjunto representan una inversión superior a los 16 mil millones de soles. Estas obras han estado paralizadas, básicamente por encontrarse vinculadas a casos de corrupción en especial al llamado “Club de la Construcción”.

La que implica un mayor costo de inversión es la central hidroeléctrica Cumba 4, en Amazonas con un costo de más de 3 mil millones de soles. Esta obra estuvo a cargo de Odebrecht bajo la figura del contratista Marañón Energía. Otra que también tiene un coso alto es el proyecto de irrigación Majes-Siguas II, de Arequipa, con un presupuesto de 1,200 millones de soles, y que solo fue avanzado en un 14%. Obra paralizada porque la empresa Cosapi, está incluida en el famoso club.

La ministra de Economía, María Antonieta Alva ha declarado que el 30% de las obras se encuentra en Lima, teniendo como el principal proyecto la Vía Expresa Sur, ampliación de la denominada vía desde Barranco hasta San Juan de Miraflores, que es la tercera obra pública más cuantiosa que no ha avanzado, cuyo presupuesto supera los 530 millones de soles y que estaba a cargo de la empresa Graña y Montero, hoy expulsada de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco).

Y así como estas hay más obras que deben entrar a una pronta ejecución. Sin embargo, no se ha explicado cómo se van a levantar las observaciones y los litigios judiciales para su pronta aplicación, o en el caso de la Vía Expresa -por ejemplo- en cuánto tiempo se va a proceder a la expropiación de terrenos. A esto hay que sumarle que en menos de treinta días, todas las entidades estatales que tengan a su cargo obras públicas deberán reportar la situación de las mismas ante la Contraloría General de la República, para tomar acciones inmediatas.

Genéricos para todo el mundo

El decreto de urgencia 007-2019 aprueba la medida para que las farmacias del país estén obligadas a vender medicamentos genéricos, por encima de las medicinas patentadas o comúnmente llamadas “de marca”.  Bajo esta norma, el ministerio de Salud presentará un listado de medicamentos esenciales que deben estar disponibles para su venta.

Al respecto, el decano del Colegio Químico Farmacéutico de Lima, Javier Llamozas ha señalado que la propuesta original ha sido modificada pero que necesita un ajuste a la realidad de las farmacias independientes. Según recoge el portal Wayka, Llamozas asegura que esto las afectará, sobre todo a las que se encuentran en zonas rurales. 

La multa de 8,400 soles por no contar con estos medicamentos es un monto alto para las pequeñas farmacias.

Lo que no dice la norma, señala el decano del colegio Químico Farmacéutico, es si el costo del medicamento se va a reducir o será vendido al precio que las farmacias consideren, pues la ley no habla de costo, solo de disponibilidad.

Frente a ello, el Ministerio de Salud ha informado que iniciará una “marcha blanca” de tres meses para orientar a las farmacias en el tema de la venta y stock de medicamentos genéricos.

Una medida populista que no cuenta con un adecuado reglamento e implementación que podría generar más caos que bienestar para los usuarios.
Hasta aquí solo hemos visto dos de los decretos. Habrá que esperar hasta ver la forma en que se implementen los relacionados a innovación científica y tecnológica y la que tiene que ver con el acceso universal a la salud. ¿Le alcanzará el tiempo a Vizcarra? ¿Tendrá su gabinete y su equipo las capacidades necesarias?