El 02 de octubre, los diferentes gremios de transporte han realizado una medida de fuerza potente, que paralizó el tránsito en varias importantes vías de la Capital, exigiendo a las instancias de gobierno, una solución a la ola de asesinatos generados por el sicariato y extorsionadores y que se han ensañado con toda la sociedad, principalmente con los transportistas y emprendedores.

Las cifras de la criminalidad en el país, son de terror: 5,196 homicidios, en lo que va de este gobierno, sólo en agosto de este año se han registrado 209 asesinatos. Según SINADEF, este año, hasta la fecha se han reportado 1,513 asesinatos, “de los cuales 67 fueron menores de edad, la cifra más alta de los últimos ocho años”. (Caretas, 2025)

La medida de fuerza desarrollada por los gremios del transporte, ha concluido con la firma de un acta entre el presidente del Congreso y la dirigencia de los transportistas, de apenas 3 puntos. El primero de ellos, señala que las comisiones de transportes y seguridad ciudadana del Congreso, elaborarán una “propuesta legislativa”, para la creación de un grupo de élite especializado “basado en un oficio ingresado con fecha 30 de setiembre”, por los transportistas.

El segundo punto, fija un plazo de 10 días hábiles para la presentación de la propuesta que debe ser priorizada para su debate y aprobación. Mientras que el tercer punto del acta, fija la fecha de la próxima reunión (“mesa de trabajo”) para “evaluar los avances en máximo 10 días hábiles”.

Eso fue todo. Se levantó la medida de fuerza y todos regresaron a su realidad: los congresistas fortalecidos, porque pudieron “apagar el incendio” y los transportistas a la extorsión y la muerte. 
El Ejecutivo, ha dicho, por su parte que, el accionar de bandas de extorsionadores, es una realidad de toda la región, que no afecta solo al Perú, que no es su culpa, que los que pierden con los paros son los que realizan dichos paros, que esta medida de fuerza ha sido un fracaso, etc., etc.

La pregunta del millón: ¿Quién ganó con esta fuerte acción de fuerza que terminó en una mesa de diálogo con un Congreso desprestigiado? 

El diálogo siempre es importante y necesario, pero, cuando las instituciones dialogan con el único fin de apagar el incendio, éste se desvirtúa. El Perú ha desarrollado diferentes formas de diálogo. Uno de los escenarios más importantes fue el Acuerdo Nacional, institución para la transición democrática, creada para salir de la dictadura de los 90 y dar paso a la reconstrucción de los espacios democráticos. 

La siguiente experiencia de diálogo, son las mesas de diálogo en el marco de los conflictos sociales. Así, se ha creado la Oficina Nacional de Dialogo y Sostenibilidad (ONDS) en 2010, que desde el 2017, es la Secretaría de Gestión Social y Diálogo, adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros (D.S. N.° 022-2017-PCM). Hoy, la mayoría de ministerios tiene una oficina de diálogo.

Para un diálogo fructífero, se necesita, además de los demandantes, un Estado con real voluntad política de cumplir lo que se pacte. Cuando hay un Ejecutivo con menos del 3% de aprobación y un Congreso con menos del 7% y, que juntos han generado un paquete de leyes conocidas como leyes pro crimen, la confianza, se mueve en un escenario de muy poca calidad para un diálogo productivo. 

Jorge Zapata, presidente de CONFIEP, entrevistado por un medio de comunicación el último fin de semana, ha señalado que el Acuerdo Nacional, ha desarrollado una propuesta para hacer frente al azote de la delincuencia, un documento que ha sido elaborado durante tres meses con la participación de diferentes sectores de la sociedad. (RPP, 2025)

Tanto el Gobierno como el Congreso, han sido sobrepasados en sus capacidades para comprender la magnitud de lo que significa no hacer algo para hacer frente a la criminalidad organizada, pero también han sido sobrepasados en su capacidad de acción, porque están maniatados por un pacto que no les permite tocar algunos aspectos legales, que podrían desfavorecerle a ellos mismos (a los miembros de pacto). 

Por eso, es esperanzador el documento que propondrá el Acuerdo Nacional, aunque habrá que esperar que el Ejecutivo y el Legislativo den los pasos para poner en marcha lo que se les proponga. 

O, la ciudadanía encuentra una salida democrática o, seguimos en este punto muerto. 
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* Especialista en conflictividad social, magister en ciencia política, abogada, periodista, locutora.