Una oportunidad histórica: el Congreso de la República discute la Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional

Si usted, atribulado lector, es de los que cree que en el Congreso de la República prima no solo la corrupción, sino también la improductividad, el disenso y el conflicto, permítanos sorprenderlo.  Al parecer, no todo está perdido en este Poder del Estado. Nuestros Padres de la Patria tienen una oportunidad única de revertir la poco menos que deteriorada imagen que reflejan las encuestas. En efecto: el Pleno de hoy tiene como primer punto de agenda la discusión del Dictamen de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional.

Este Dictamen tiene una particularidad que lo hace excepcional en la historia reciente del Parlamento: fue aprobado por dos Comisiones ordinarias –la Comisión Agraria y la de Inclusión Social y Personas con Discapacidad–, con el consenso de congresistas de todas las bancadas. Ni más ni menos. ¿Se la cree, amigo lector?

¿Qué propone el Dictamen?

El Dictamen que discutirá el Congreso el día de hoy aporta tres elementos fundamentales: En primer lugar, incorpora el derecho humano a la alimentación dentro del ordenamiento jurídico nacional (en consonancia con los compromisos asumidos por el Estado peruano ante el sistema internacional de derechos humanos). En segundo lugar, adopta el enfoque de soberanía y seguridad alimentaria como ejes de las políticas nacionales y sectoriales en materia de promoción agraria y de la biodiversidad. En tercer lugar, considera la participación de las organizaciones de la sociedad civil organizada –particularmente de representantes de los pequeños y medianos agricultores– en las instancias de coordinación técnica y multisectorial en materia agraria.

Lo paradójico de este proceso es el sesgo ideológico de quienes se oponen a la Ley y que buscan pasar por alto el trabajo de dos años y los acuerdos alcanzados por un poder del Estado autónomo, como es el Legislativo. El Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) objeta principalmente que el Dictamen aprobado incluya el término Soberanía Alimentaria, al considerar que este entraría en contradicción con los compromisos asumidos por el Estado peruano en el marco de los acuerdos de libre comercio.

Sin embargo, no existe evidencia empírica alguna que muestre esta relación causal; ni económica, ni sustento jurídico. ¿Por qué tanto interés en bloquear la aprobación de un dictamen que cuenta con el consenso de todas las bancadas, y que fue aprobado por unanimidad luego de dos años de discusión en dos comisiones?

Desmontando mitos

El término ‘Soberanía’ implicaría, en el contexto del Dictamen, que el Estado promoverá la producción local de alimento invirtiendo prioritariamente en el desarrollo de las capacidades de los pequeños y medianos productores agrícolas; utilizando para ello instrumentos de política agraria, agroindustrial, comercial, fiscal, etc. con el fin de resguardar la seguridad alimentaria de su población. Nada que no vengan haciendo, invirtiendo miles de millones de dólares, los países desarrollados que tanto admiran los promotores de los TLC locales.

Por lo demás, la Soberanía Alimentaria es un enfoque que diversas instancias internacionales y regionales –como la Organización Mundial para la Agricultura y la Alimentación (FAO), agencia especializada de las Naciones Unidas, y el Parlamento Andino, a las que está adscrito el Estado peruano–, viene recogiendo e incorporando dentro de sus discusiones programáticas y acciones institucionales, o traduciéndolas en instrumentos normativos que buscan orientar la acción de los Estados en materia de promoción agraria y seguridad alimentaria.

¿A quienes beneficiaría la aprobación del Dictamen que discutirá el Congreso?

La aprobación del Dictamen apunta a beneficiar al conjunto de la población (especialmente a los 13 millones 800 mil peruanos que se encuentran en situación de inseguridad alimentaria, según el MIDIS), al plantearse como objetivo fundamental garantizar que las actuales y futuras generaciones puedan acceder a alimentos adecuados, nutritivos, culturalmente aceptados, reduciendo la dependencia alimentaria respecto de la producción foránea de alimentos (actualmente el 40% de nuestro consumo de alimentos es importado).

En segundo lugar, el Dictamen recoge  una demanda legítima de las organizaciones agrarias y campesinas, que reclaman del Estado peruano una mayor presencia en la promoción de la pequeña y mediana agricultura; particularmente aquella que dedica su trabajo y esfuerzo al abastecimiento del consumo interno.  Demanda que recogió, dicho sea de paso, el candidato Ollanta Humala en el programa electoral que lo llevó al poder el año 2011.

Esperamos que el Congreso esté a la altura de las circunstancias y dé este importante paso a favor de las grandes mayorías y el desarrollo social de nuestro país.