El primer año de gobierno sin duda abre nuevamente la esperanza de que las cosas puedan mejorar en la región, provincias y distritos. Sin embargo, lo que se escucha decir a las nuevas autoridades es que “no hay presupuesto”, que “la anterior gestión nos ha dejado con grandes deudas” o que “todo es un desorden y no se puede trabajar”.

La ciudadanía, a través de sus organizaciones, viene participando activamente, cada año, en los procesos del presupuesto participativo, y lo que se puede observar es que ello sirve de poco, pues de los proyectos que se priorizan, al final, algunos no son tomados en cuenta en los planes de gasto que deben ejecutar las instancias regional o local de gobierno. Esta situación viene generando descontento, desánimo y desprestigio en relación a la buena intención que tiene el proceso en sí.

Por otro lado, anualmente se actualizan los planes de desarrollo concertado, que dicen contener los proyectos estratégicos, ya sea para el desarrollo regional y/o local. Sin embargo, no se revisan los resultados ni los efectos que están causando las inversiones en las diferentes dimensiones o ejes estratégicos de dichos planes, pues hace falta implementar mecanismos que permitan medir el desarrollo que se está logrando y la pertinencia de las inversiones que se realizan. Hay que considerar que se invierten muchos millones de Nuevos Soles, pero los indicadores de pobreza, desnutrición y anemia, entre otros, en algunos casos van empeorando y ello es una mala señal de que las inversiones no están causando efectos positivos.

Últimamente, los alcaldes de las provincias y los distritos de Puno realizan viajes a Lima para reclamar la transferencia de presupuestos mayores para sus obras, y en medio de ello piden más canon. Sin embargo, en las protestas que se han dado en la región, buena parte han sido para rechazar las actividades extractivas. Imagino que esta realidad pone en una situación bien difícil a las autoridades regionales a la hora de reclamar más presupuesto para sus localidades, porque un porcentaje considerable del presupuesto proviene, precisamente, del canon.

Entre las fuentes de financiamiento que han tenido regularmente las municipalidades tenemos a Foncomun, Canon y Sobre Canon (petrolero, minero, hidro energético, pesquero y forestal), así como recursos propios (provenientes de impuestos: predial, de alcabala y al patrimonio vehicular; tasas: arbitrios, limpieza pública, licencia de funcionamiento, derechos –TUPA-, autorizaciones y constancias, entre otros). No obstante, se constata que esta última fuente genera montos ínfimos, sobretodo en municipalidades rurales, donde la recaudación de impuestos a nivel local tiende a cero. Tanto las autoridades como la población local deberían  tomar, pues, muy en serio esta realidad, para así pensar en formas de recaudar recursos a nivel local.

Para incrementar estos presupuestos, el gobierno central ha promulgado leyes e implementado, por ejemplo, el Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal (PIMM), teniendo por finalidad  elevar los niveles de recaudación de los tributos municipales, mejorar la ejecución de proyectos de inversión, reducir la desnutrición crónica infantil, simplificar trámites generando condiciones favorables para el clima de los negocios, mejorar la provisión de servicios públicos y prevenir riesgos de desastres. Hay que decir, sin embargo, que muy pocas municipalidades vienen logrando cumplir con los requisitos exigidos. Por eso, sería conveniente que las autoridades locales emprendieran acciones que mejoren la gestión municipal actual.

Desde hace ocho años, se viene implementado, además, el Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional y Local (FONIPREL), que fue creado por ley N°28939 y tiene por finalidad el cofinanciamiento de proyectos de inversión pública, tanto de los gobiernos regionales como de los gobiernos locales. Orientado a reducir las brechas en la provisión de servicios e infraestructura básicos que impactan en la disminución de la pobreza y pobreza extrema en el país, sus recursos atienden proyectos prioritariamente referidos a servicios de salud básica, desnutrición infantil, educación básica, infraestructura vial, saneamiento, electrificación rural, infraestructura agrícola y telecomunicación rural. Además, se tiene previsto realizar en las regiones, una mejor calidad de las inversiones, con la intención de ayudar a cumplir con los objetivos de infraestructura y a lograr una mayor cobertura de los servicios a las poblaciones. Sin embargo, sería bueno que FONIPREL atiendiera también proyectos de promoción y prevención de la salud, así como aquellos relacionados a mejorar la gestión del medio ambiente.

De acuerdo a la información revisada sobre la situación actual de los convenios 2011-I al 2014, se tiene que el departamento de Puno, con sus trece provincias y 109 distritos, ha logrado el cofinanciamiento de FONIPREL por el monto de 168 millones 510,847.23 Nuevos Soles. Tal cantidad ha servido para implementar 108 proyectos, de los cuales 36 están liquidados (33.3%) y 72 están en situación de incumplimiento (66.7%). Consecuencia de todo ello, se tiene que para el año 2015, solo el 33% de municipalidades del departamento estarían habilitadas para participar de los concursos a los que convoquen los administradores de dicho fondo.

Ciertamente, FONIPREL es una oportunidad para los gobiernos regionales y, sobre todo, para los locales que tienen escasos recursos. Aun siendo de carácter centralista, es una posibilidad para incrementar recursos para obras públicas y beneficiar a poblaciones pobres. No obstante, el incumplimiento de compromisos y, en muchos casos, el mal uso de los recursos por parte de los gobiernos locales está haciendo que se limite el acceso a este dinero, a pesar de que es política de FONIPREL atender a todos los gobiernos regionales  locales.

Observando el comportamiento, tanto del gobierno regional como de los gobiernos locales, se percibe que la tendencia ha sido: incremento de la cartera de proyectos, gestión deficiente en la ejecución de los mismo, incumplimiento de compromisos asumidos con los convenios y un inusitado crecimiento de actos de corrupción en el manejo de los fondos públicos. Este panorama, en vez de beneficiar y generar condiciones favorables al logro de una mayor transferencia de recursos, hace que el MEF restrinja cada vez más estas transferencias. Por eso, es de imperiosa necesidad que las autoridades del nivel regional y local reviertan esta situación, en el corto plazo, gestionando proyectos con eficiencia, en los plazos establecidos y con transparencia absoluta en el manejo de los recursos.

Publicado en Noticias Ser 12 agosto 2015