El actual gobierno peruano ha emprendido una política evidente ante cualquier movida social: represión. Ésta política gubernamental se ampara en una serie de decretos supremos que el segundo gobierno del Presidente Alan García ha presentado hace poco tiempo, y que conviene revisar con detenimiento. ¿Acaso se puede y/o debe criminalizar la protesta?
 
La Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) ha elaborado un análisis sobre once decretos legislativos presentados por el Ejecutivo cuyo objetivo era normar la represión (crimen organizado, delitos mencionados de forma expresa en la ley autoritativa, etc.) para lo cual se le había otorgado la facultad. Sin embargo, las medidas indicadas en estos decretos resultan reveladoras de la mano dura con la cual el gobierno actual opera frente a las manifestaciones. La ley 27686 elevó las penas para que los responsables de “entorpecer los servicios públicos y causar disturbios” tuvieran prisión efectiva. Luego, la ley 28820 elevó dicha pena. El encarcelamiento a Melissa Patiño, sin pruebas, por 70 días bajo el régimen cerrado especial en el penal de máxima seguridad, cerca de Elena Iparraguirre, dirigente de Sendero Luminoso y pareja de Abimael Guzmán, demuestra que estas leyes pueden resultar muy negativas. ¿Qué se entiende por “entorpecer los servicios públicos y causar disturbios”?
 
Por otro lado, el Decreto Legislativo 982 declara inimputables a los miembros de las fuerzas policiales y de las fuerzas armadas que causen lesiones o muerte “en el cumplimiento de su deber y en uso de sus armas en forma reglamentaria”. Ello permitiría que policías y militares atenten contra la vida de las personas sin ser procesados por este delito. Esto no quiere decir, desde luego, que miembros de las fuerzas policiales corran riesgos innecesarios como en el incidente en el Bosque de Pómac, en el cual la imprudencia fue suma y los policías fueron enviados sin conocer la situación a la cual se enfrentaban. Pero ¡cuidado! en lo que va de este segundo gobierno del Presidente Alan García, aproximadamente 10 personas han fallecido por la acción de las fuerzas policiales durante manifestaciones y el número de detenidos es mucho mayor¹. ¿Acaso así no se fortalece la idea de que en el país los excesos no son sancionables?
 
La represión y la mano dura es un lema utilizado en la práctica por el actual gobierno. La Defensoría del Pueblo ha identificado que un 37% de las reformas a la legislación penal y procesal penal no se relacionan con el crimen organizado, sino que son aplicables a cualquier delito penal² y alarma el uso que se haga de dichas reformas. El gobierno debería canalizar las manifestaciones liderando el diálogo, pero parece que prefiere, no tan disimuladamente, que la protesta sea prohibida aunque ello atente a todas luces, contra nuestros derechos democráticos.
 

 
1www.aprodeh.org.pe
2 Informe Defensorial Nº 129: Análisis de los Decretos Legislativos promulgados al amparo de las facultades otorgadas por la Ley N° 29009. Documento electrónico, www.defensoria.gob.pe/accesibilidad/biblio.php