La modernización y el fortalecimiento de Petroperú fueron plasmadas en la Ley 28840, de febrero del 2006, que explícitamente dice: “Artículo 3: El objeto social de PETROPERU SA es llevar a cabo las actividades de Hidrocarburos que establece la Ley Orgánica de Hidrocarburos, Ley 26221, en todas las fases de la industria y comercio del petróleo, incluyendo sus derivados, petroquímica básica y otras formas de energía”.

El objetivo de modernizar y fortalecer a la empresa estatal está sólidamente instalado en los países de América Latina, pues todos, absolutamente todos, tienen una empresa petrolera que incursiona en toda la cadena del negocio. Esto no solo es válido en América Latina, sino que es parte de una política mundial, pues los Estados  consideran, de un lado, que deben participar de las ganancias extraordinarias que proporciona la renta petrolera (es decir, la gran diferencia entre el costo de producción del petróleo y su precio de venta) y, de otro, por consideraciones relacionadas con la seguridad energética que proporciona este activo estratégico. Eso es lo que determina que el 85% de las reservas mundiales de petróleo pertenezca a empresas estatales.

Agreguemos que en el Perú el 57% de la producción de petróleo está en manos de empresas estatales chinas como SAPET en Talara y CNPC en el Lote 8  y en el Lote 1AB de la Selva Norte (asociadas a Pluspetrol), africanas como Sonatrach de Argelia en el Consorcio Camisea, Petrobras en Talara y ECOPETROL y Korean National Oil Corporation, en Savia en el mar de Piura. En la venta minorista de combustibles, la estatal chilena ENAP es dueña del 50% de PRIMAX (el otro 50% es del Grupo Romero), que posee el 30% de las ventas en las estaciones de servicio en el Perú.

Así, en los últimos años PETROPERU ha venido cumpliendo con la Ley 28840. Ha sido completada la totalidad de la ingeniería que permitirá modernizar la Refinería de Talara y se ha buscado participar en las actividades de producción de petróleo para tener acceso a la renta petrolera. Petroperú, desde el 2009, practica el Buen Gobierno Corporativo y forma parte de la Bolsa de Valores de Lima (aunque su acción aún no “flota” en el mercado). Camino similar tomaron hace varios años otras empresas estatales que a PETROPERU le interesa emular, como Ecopetrol y Petrobras.

El gobierno del Presidente Ollanta Humala ha afirmado en sus mensajes del 28 de julio que se desea el crecimiento, la modernización y el fortalecimiento de PETROPERU. Por tanto, estamos frente a una política de Estado. Es importante remarcarlo.

Dicho esto, ¿puede PETROPERU participar, solo o con otros socios, en la compra de la Refinería La Pampilla? Nuestra respuesta es que sí puede, tal como lo dice la Ley 28840: “llevar a cabo las actividades de hidrocarburos en todas las fases de la industria y comercio del petróleo”.

Si se opta por dicha compra como política de Estado, le corresponde a la Junta General de Accionistas (JGA) de PETROPERU (constituida por tres representantes del Ministerio  de Energía y Minas y dos representantes del Ministerio de Economía, donde se incluye a ambos ministros) definir sus alcances y disponer que ésta sea cumplida por el Directorio de PETROPERU. Esta política debe incluir, necesariamente, el conjunto de las inversiones de PETROPERU, principalmente la modernización de la Refinería de Talara y el desarrollo del Lote 64. Esto es tanto más importante cuando se sabe que PETROPERU no dispone del flujo de caja suficiente para hacer frente, en conjunto a las 3 inversiones mencionadas.

Recibido el encargo de la JGA, el Directorio deberá determinar el valor de los activos de la Refinería La Pampilla, lo que incluye a las estaciones de servicio, así como el valor de los activos de Repsolgas. Para realizarlo, se deberá recurrir a un banco de inversión de reconocida capacidad (nacional o extranjero), para saber el valor de los activos que se están comprando, si estos activos tienen o no deudas ó pasivos contingentes, obligaciones de inversión y la rentabilidad esperada en los años futuros.

Para la venta de un activo tan grande como la Refinería de La Pampilla, Repsol ha contratado a Bank of America/Merrill Lynch para que reciba las ofertas de las empresas interesadas. Una empresa similar debe ser contratada por el probable comprador para que haya una clara transparencia de la operación y establecer la rentabilidad del negocio en los años venideros.

Para terminar, es clave resaltar la importancia de que PETROPERU, como parte de su política integral, vuelva a tener campos de explotación de petróleo, pues es allí donde se encuentra la renta petrolera. No sucede lo mismo con la refinación de petróleo (que es lo único que actualmente hace PETROPERU), pues en esa actividad la rentabilidad es muy pequeña: se compra el crudo a precio internacional, se refina y los combustibles se venden con un pequeño margen de ganancia.

Este camino debe estar íntimamente ligado a los principios del Buen Gobierno Corporativo para asegurar la entrada de la empresa a la Bolsa de Valores de Lima, lo que le dará más transparencia y, también, la necesaria autonomía económica y administrativa.

No se sabe aún con claridad el camino que podrían tomar las negociaciones. Pero una cosa sí es segura: el rumbo debe determinarlo la política de Estado a través de la JGA y cualquier transacción debe ser informada al público con la transparencia debida.