El conflicto en torno a Mina Conga va durando ya lo que dura el Gobierno del Presidente Humala y se ha tumbado a dos primeros ministros con sus gabinetes. Ha costado, además, 5 muertos,  decenas de heridos y más de una centena de denunciados y procesados, y el gobierno sigue sin saber bien qué hacer al respecto, salvo mantener el Estado de Emergencia en Cajamarca para impedir que la resistencia se manifieste abiertamente.

En este escenario, y cuando ya era evidente que el Gabinete Valdés y la estrategia del puro palo sin zanahoria no daba más, a fines del mes de junio, el Presidente Humala se dirigió a país para anunciar dos cosas.

La primera, que le ponía a la empresa minera Yanacocha cuatro condiciones para seguir adelante con este proyecto minero: respetar 2 de las 4 lagunas amenazadas, cuadruplicar la oferta de agua hasta entonces considerada, establecer un fondo social y generar 10 mil empleos.  Como se sabe, al día siguiente en una entrevista periodística, el señor Roque Benavides –dueño de Buenaventura y socio de Newmont en la empresa Yanacocha, que a su vez es dueña de la concesión de Mina Conga-, desconoció las condiciones “impuestas” por el Presidente: no se puede garantizar que no se tocarán esas lagunas, no se pueden garantizar esos empleos, lo del incremento del agua lo  iremos viendo, de fondo social nada.

La segunda, que nombraba una Comisión Multisectorial –encabezada por el entonces Primer Ministro Valdés y con el aún Ministro del Ambiente Pulgar Vidal en la Secretaría Técnica- para proponer las políticas y las normas de una “Nueva Minería” en el Perú. Esta tendría un mes de plazo para presentar sus propuestas.

A buen entendedor pocas palabras: la Nueva Minería se anunciaba en el mensaje presidencial. Lamentablemente, en este, el Presidente anunció que efectivamente la Comisión había presentado sus propuestas y nada más. Aquí quedó la iniciativa.

Perdida esa oportunidad se pensó entonces que la siguiente era la presentación por parte del nuevo Premier Jiménez al Congreso Nacional de su “Política General del Gobierno y Principales Medidas de Gestión”. La presentación se hizo el pasado 20 de Junio y puede encontrarse en la web de la PCM.

Lamentablemente, se perdió nuevamente la oportunidad de anunciar al país algo que realmente pueda llamarse Nueva Minería. Es más, se perdió la oportunidad de anunciar algo, lo que sea, más allá de la generalidad, de decir que se enfatizará el diálogo y que como expresión de ese énfasis “hemos decidido crear la OFICINA NACIONAL DEL DIÁLOGO Y SOSTENIBILIDAD, como apuesta a una política de prevención, desde donde enfatizaremos la respuesta institucionalizada del gobierno para restablecer la confianza ciudadana, articulando a los sectores públicos que tienen directa intervención en zonas de riesgo formulando estrategias inteligentes de acción para llevar al Estado también a estas zonas.” Antes había una oficina en la PCM, después se habló de un Alto Comisionado y ahora se habla de una Oficina Nacional. Pero, en concreto, respecto de qué se hará que sea diferente o mejor a lo que se hacía antes, nada específico.

De manera igualmente general, el Premier anunció “cambios en la relación con las industrias extractivas” señalando que “el Estado introducirá reformas importantes que hagan que la inversión privada sea sostenible” y que “para ello, presentaremos al Congreso una iniciativa de ley para la creación de una entidad con la responsabilidad de certificar los Estudios de Impacto Ambiental que operará de manera coordinada con los sectores productivos. Se buscará que este organismo actúe promoviendo inversiones sostenibles, de modo que se eviten futuros conflictos; pero también que se acorten los plazos que se emplean en la actualidad en esta tarea.”  Líneas después anunciaba “un agresivo proceso de fortalecimiento de la fiscalización ambiental” antes bien referido a la minería ilegal como la de Madre de Dios, y nada más. 

Claro, uno siempre puede tratar de leer entre líneas. Por ejemplo, al hablar de una entidad encargada de certificar los estudios de impacto ambiental “de manera coordinada con los sectores productivos”, quiero creer que –¡por fin!- le encargan los famosos EIAs al MINAM –que no es un sector productivo- y que este los “certificará” en coordinación –por ejemplo- con el MINEM que sí es un sector productivo. Pero también leo que se hace un guiño a los empresarios al prometerles que estos EIAS se certificarán en menos tiempo que lo que toma actualmente al hablar de que “se acorten los plazos que se emplean en la actualidad en esta tarea”.

También puedo leer este silencio, ya tan largo, como la manifestación de una suerte de empate entre los Ministros Pulgar Vidal de Ambiente y Merino de Energía y Minas, en la batalla por el control de los EIAs mineros, que son la carnecita del problema. Y puedo leer a un Presidente y a un Premier que no quieren (o no pueden) romper ese empate y que sólo atinan a decir que ya anunciarán lo que anunciaron que ya pronto anunciarían.

Asimismo, no leo ni una palabra sobre la participación de los gobiernos regionales y locales en esta certificación de los EIAs y en el funcionamiento de la nueva entidad. Ni una palabra tampoco sobre  EIAs más exigentes, ni sobre cambios en la lógica de las concesiones ni sobre las relaciones entre las concesiones y procesos que debían ser previos como la zonificación para el ordenamiento territorial. Nada tampoco sobre la creciente y peligrosa dependencia del país respecto de las extractivas y la necesidad de una estrategia de diversificación de las bases del crecimiento y de a renta pública. Es decir, nada que permita hablar de algo tan grande como una “Nueva Minería”.

En suma, 50 días después de que el Presidente anunciase al país que en 30 días se anunciaría una Nueva Minería, seguimos en nada.

Mientras tanto, Yanacocha sigue adelante con algunas actividades pese a que formalmente el proyecto sigue suspendido y la empresa no ha aceptado ni rechazado formalmente las condiciones anunciadas por el Presidente. Mientras tanto, sigue la resistencia en Cajamarca, con Estado de Emergencia y todo. Mientras tanto, sigue la incertidumbre general respecto que en que consiste esta Nueva Minería.

Ahora bien, mientras pasa el tiempo surgen también propuestas desde la sociedad y la clase política, como la propuesta de nueva minería suscrita por gremios sociales nacionales y partidos políticos de izquierda democrática, o aquella presentada por una amplia coalición de instituciones de la sociedad civil. En ambos casos, se reclama también que el Gobierno haga pública de una vez su propuesta y que esta sea debatida de manera democrática con todos los sectores involucrados, incluyendo empresas, autoridades regionales y locales, organizaciones sociales y partidos políticos. Se ha hablado de una Mesa Nacional sobre Minería y Ambiente que podría instalarse en el Acuerdo Nacional.

Señor Presidente, el país está esperando. Resuelva ya y abra el debate.