Una condición esencial para el fortalecimiento y modernización de una empresa estatal, en este caso Petroperú, es que debe establecerse una clara política de Estado que defina sus roles y objetivos. Esto le corresponde a la Junta General de Accionistas, constituida por tres representantes del Ministerio de Energía y Minas (incluido el Ministro, que la preside) y dos representantes del Ministerio de Economía y Finanzas (incluido el Ministro). Cada uno representa un 20% de las acciones de la empresa.

En lo que concierne al Directorio de PETROPERU, cinco de sus miembros son designados por la Junta General de Accionistas-JGA, mientras que el sexto es el representante de los trabajadores y de la empresa y es elegido por éstos. La Ley Orgánica de Petroperú establece las atribuciones, funciones y responsabilidades del personal de la empresa –incluido el Directorio- las mismas que tienen como objetivo, entre otros, implementar las políticas que emanan de la JGA.

En el caso de la venta de las acciones de Refinería La Pampilla SA (Relapasa) por parte de Repsol y la voluntad de compra expresada por el gobierno peruano, debemos decir, en primer lugar, que la Ley 28840 del 2006 (reseñada en un anterior artículo de Otra Mirada) establece que Petroperú puede participar en todas las actividades de la cadena de hidrocarburos.

Dicho esto, esa voluntad de compra de activos de un tercero (en este caso, Relapasa) debe venir acompañada de un informe técnico, económico y financiero, que permita establecer con claridad y transparencia los montos de la compra, la viabilidad de la inversión a realizar y, sobre todo, las razones que determinan la necesidad de dicha compra (seguridad energética, abastecimiento oportuno de combustibles, entre otros).

A nuestro juicio la compra de Relapasa era muy problemática por los pasivos que tiene y la enorme inversión a realizar para la desulfurización. Pero eso debió ser determinado por un análisis prolijo y detallado de un banco de inversión, mandado por la Junta General de Accionistas e implementado por el directorio de PETROPERU. Esto fue lo que hizo el anterior Directorio de PETROPERU, con carta del 31 de octubre del 2012, donde se planteó a la JGA la posible venta de los activos de Relapasa para que impartan al Directorio “las instrucciones que consideren convenientes”. Pero no hubo respuesta de la JGA.

Agreguemos que el análisis que debió haber encargado la Junta General de Accionistas al Directorio de Petroperú debió haber sido integral, lo que quiere decir que debe también incluir la realización de los proyectos de inversión que ya tiene la empresa (Modernización de Talara, entrada a lotes petroleros, como el Lote 64 y, también, a los lotes productores de Talara que revierten al Estado en el periodo 2013-2016). Estos objetivos figuran en el Plan Estratégico de Petroperú 2012-2025.

Agreguemos, también, que debe informarse ampliamente y con transparencia a la opinión pública en general, al sector empresarial y al periodismo las razones que llevan al Estado a considerar factible la compra de La Pampilla y la realización de las inversiones existentes. Mas aún si el Presidente de Repsol viene a Lima a conversar con las más altas autoridades del país pero no se informa sobre el contenido de estas reuniones.

Es también clave que la política de Estado sea respaldada por todos los integrantes del gabinete, lo que no sucedió en este caso durante varios meses. Solo al final, por ejemplo, el Ministro de Economía declaró que dicha compra de activos solo se realizaría después de estudios exhaustivos que demuestren su conveniencia.

Finalmente, pero no menos importante: debe quedar claro que el Buen Gobierno Corporativo implica la autonomía del Directorio de la empresa en su manejo técnico y económico, lo cual otorga la garantía a la ciudadanía de que la empresa no estará –como antaño- dependiendo del poder político, lo que implica la ausencia de “encargos” como la decoración de Palacio de Gobierno y, menos aún, la imposición de políticas de precios que hacen que la empresa venda por debajo de su costo de producción (como ocurrió de 1987 a 1990, con el primer gobierno de García). Por lo que se ha visto, no es eso lo que ha sucedido en estos últimos meses.

El corolario es la “flotación” de las acciones de la empresa en la Bolsa de Valores de Lima, emulando a las exitosas Ecopetrol y PETROBRAS. Decimos bien corolario pues esta “flotación” debe producirse, no cuando la empresa solo refina petróleo (lo cual le da una de las más bajas rentabilidades empresariales) sino cuando ya esté definido un horizonte de mayor rentabilidad en el mediano plazo, es decir, cuando esté concretada la producción de petróleo y, también, la modernización de la Refinería de Talara.

Debe remarcarse que la población aprueba el potenciamiento de PETROPERU, lo que quedó claramente demostrado en una reciente encuesta de APOYO, que estableció que el 72% de los peruanos así lo quería.

En este artículo hemos tocado los temas de la institucionalidad necesaria para llevar adelante una política de Estado, lo que incluye a la Junta General de Accionistas y sus mandatos claros al Directorio de la empresa. En ese marco actúa la política. Si no se cumple con esa institucionalidad (lo que fue el caso pues la JGA no se pronunció sobre el pedido del Directorio de Octubre 2012), entonces aquellos que tienen una política contraria a la modernización –son una minoría, pero tienen gran control mediático-, encontrarán terreno fértil para debilitar a la empresa con miras a desaparecerla. De lo que se trata, entonces, es de volver a unir política e institucionalidad para modernizar y fortalecer Petroperú.