Parte importante de la última transición democrática vivida por el país, fue el desvelamiento de una red de corrupción muy bien estratificada y altamente especializada en estos menesteres. Esto desembocó en la conformación de dos grupos de investigación en el Congreso de la República. La Comisión Investigadora de Casos de Corrupción de la década 1990-2000 y otra Comisión Investigadora de los Delitos Económicos y Financieros de esta etapa.

En nuestro país, el examen de una gestión de gobierno, no es una práctica insólita, los presidentes Ramón Castilla y Rufino Echenique han sido sometidos a sendos juicios de residencia al término de sus mandatos. 

El mundo marcha hacia la transparencia y el gobierno abierto y ese debe ser el derrotero de los estados que se precian de modernos. Por eso, las quejas de Alan García ante la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, en “defensa de sus derechos constitucionales”, son de antología.

No se trata aquí de inhabilitar a un candidato a la presidencia de la república, se trata de investigar cuestiones de posible alta corrupción. No se confunda las cosas.

La Comisión Investigadora Multipartidaria Encargada de Investigar la Gestión del ex presidente Alan García Pérez (Megacomisión) se crea en un ambiente particular. Asumía su mandato Ollanta Humala, apoyado por amplios sectores de la población y del empresariado en segunda vuelta, la bancada fujimorista, presionaba con renunciar  al grupo de trabajo si es que lo presidía el entonces Congresista Javier Diez Canseco, la mitad del país (51%) consideraba que la corrupción era el principal problema que enfrentaba el Perú en esos días  y el caso Brujas de Cachiche, hacía tambalear al régimen, debilitando el discurso anticorrupción del estrenado Presidente de la República y de su grupo parlamentario.

Sin embargo, lo peor estaba por venir. El archivamiento de casi 30 casos de posible corrupción por parte del Ministerio Público, entre ellos varios a los que le sigue la pista la Megacomisión, era el plan B de los investigados.

Haber conducido al país en dos oportunidades ha sido tiempo suficiente para aprender a no dejar el poder o, parte de él, cuando ya no se tiene el gobierno. El Fiscal de la Nación José Peláez Bardales, ha sido señalado reiteradamente de ser un solapado militante del aprismo.

Colegios emblemáticos

Uno de los casos más relevantes por sus implicancias sociales es el referido a los Colegios Emblemáticos.

El Decreto de Urgencia (D.U.) 004-2009, crea la figura de los Colegios Emblemáticos, argumentando que la crisis mundial, tendría “consecuencias impredecibles para nuestro país” y la existencia de 56 colegios en situación crítica que deben ser atendidos ¿? El Presidente de la Megacomisión en un acápite del informe parcial que hizo en agosto del año pasado, señala que “los colegios emblemáticos no fueron parte del Plan Anticrisis ni del Plan de Estímulo Económico, creados por el gobierno en cuestión, para paliar las consecuencias de la crisis internacional”.

Y eso no es todo, lo que ha encontrado la Megacomisión es que el informe que sustenta el Decreto de Urgencia mencionado, se habría mandado a hacer después de  su aprobación. Es decir, se sustenta en un documento que en el momento de su aprobación, no existía.

Los alcances que recientemente hace la Megacomisión sobre las conmutaciones de pena a narcotraficantes, son reveladores de un manejo cuestionable no sólo de los dineros sino también del poder.  Se han vendido influencias al mejor postor.

Por lo menos va quedando claro que los indultos o conmutaciones de penas a sentenciados por narcotráfico, no aspiraban precisamente a despoblar las cárceles del país, como lo señaló el ex presidente en su defensa.

Hay la necesidad de fortalecer y respaldar  la labor que está llevando adelante la Megacomisión, de generar un escenario favorable para que el trabajo desarrollado por este grupo no sea cuestionado o relativizado por las autoridades que después tendrán la obligación de iniciar procesos de investigación si es que el informe final tuviera contenido penal.

Por eso mismo, deben ocurrir dos cosas con carácter de urgencia, el Congreso de la República deberá aprobar la ampliación de plazo que solicitará la Megacomisión en estos días, para continuar con sus indagaciones, pero además y, sin interferir con la labor del Ministerio Público, los organismos pertinentes, deberán poner sus buenos oficios, frente al archivamiento adelantado de casos de presunta corrupción por parte del Ministerio Público.