En la discusión actual sobre el conflicto de intereses del Ministro de Energía, Eleodoro Mayorga, dado que fue integrante del estudio Laub & Quijandría, el mismo que tenía como cliente a Interoil, empresa que perdió un arbitraje contra el Estado y, sin embargo, obtiene la prórroga por un año de su contrato, hay varios factores que no se están tomando en cuenta.

El primero es el fortalecimiento y modernización de Petroperú, que pasa por cumplir dos objetivos: a) la ampliación y modernización de la Refinería de Talara y, b) la vuelta de Petroperú a la explotación de petróleo, ya que solo así se puede acceder a la renta petrolera (que es la clave de la industria) y dejar de ser “Refinoperú”.

Al inicio del gobierno se planteó que Petroperú volviera a la explotación de petróleo de la siguiente manera: obteniendo una participación importante en los lotes petroleros de Talara (que fueron de Petroperú hasta que fueron privatizados bajo Fujimori) y de la Selva (el Lote 1-AB) cuyos contratos expiraban en el período 2011-2015.

Para ello, en enero del 2012 se promulgó el DS-001-2012-EM, “Reglamento de Calificación de Empresas Petroleras”, que da el visto bueno para que Petroperú participe en actividades de exploración y explotación, lo que le estaba prohibido.

Sin embargo, han pasado casi tres años y nada. ¿Qué ha pasado? Pues que el directorio de Perupetro, la agencia estatal a cargo de los contratos petroleros, ha decidido la prórroga por un plazo de 10 años a los mismos y actuales contratistas.

Al inicio se dijo que Petroperú podría participar hasta en un 25% (lo cual es mínimo). Pero luego, con la Ley 30130 de diciembre del año pasado (impulsada por el Ministro Castilla), Petroperú ya no puede participar en negocios que le generen un pasivo o un pasivo contingente. Dicho en castellano, Petroperú no puede participar en nada.

Lo criticable acá es la decisión de Perupetro de prorrogar a dedo los contratos que están expirando. Hemos dicho que debían revertir a Petroperú, lo que no se ha dado. Vayamos más lejos: si bien no estamos de acuerdo, es evidente que, por un mínimo de transparencia, dichos lotes se deberían haber licitado para obtener mejores ofertas de otros postores, ya que con los actuales contratistas la producción de petróleo en la zona ha decaído fuertemente. ¿Por qué se les prorroga a dedo y a los mismos? Eso debe investigarse. Y aún estamos a tiempo porque no han salido aún los Decretos Supremos de la prórroga.

También es criticable que Perupetro no haya previsto un resultado positivo del arbitraje. ¿Es que durante los 18 meses que duró el litigio no se podía poner en práctica un esquema que permita continuar con la explotación de esos lotes para eliminar la posibilidad de que el mismo Interoil continuara en ellos?

Claro que se podía. Petroperú ya tenía el DS-001-2012-EM y estaba fortaleciendo su Gerencia de Producción. Además, debe quedar claro que esos lotes se pueden explotar a través de empresas de servicios (existen; y muchas) contratadas por Petroperú, las mismas que ampliarían los contratos del personal técnico actualmente existente en los Lotes III y IV.

Pero esto no se quiso hacer pues existen intereses para mantener a Petroperú fuera de la explotación de petróleo. Este hecho es clave por lo siguiente: si los lotes se le entregan a Petroperú, entonces ya no hay posibilidad de prórroga con Interoil, ni tampoco con los actuales contratistas de los otros Lotes. Ese es el quid de la cuestión, que no aparece en la discusión actual.

Y, sin embargo, Petroperú consiguió un lote petrolero. Pero no de aquellos cuyos contratos expiraban, que en el papel era lo más simple.

No. Petroperú tiene ahora el Lote 64 –con 55 millones de barriles de reservas probadas- porque contactó a las empresas Talisman y Hess, que lo estaban devolviendo a Perupetro en noviembre del 2012. Se hicieron las gestiones para que le cedan el contrato, de forma completamente gratuita, a Petroperú. Lo que sucedió.

Así, una empresa privada cedió el Lote 64 a Petroperú, algo que el actual gobierno no está haciendo con los lotes de Talara, cuyos contratos están expirando. Aunque Usted no lo crea. Pero los problemas aún no terminan para Petroperú pues el Art. 6 de la Ley 30130 podría impedir su explotación.

No solo eso. Las utilidades generadas por los Lotes III y IV de Interoil en el período comprendido entre marzo del 2013 y abril del 2014, le pertenecen al Estado peruano y no a Interoil. Por tanto, ese dinero (se habla de US$ 18 millones, cifra a ser corroborada) debió haber sido devuelto desde el momento de notificación del laudo arbitral. Pero no. Perupetro le amplió “al toque” el contrato un año más y recién ahora “se va a ver el tema” de las utilidades. Otra vez, aunque Usted no lo crea.

Está en juego la política energética y petrolera del Perú. Está en juego la puesta en marcha del Gasoducto Sur Peruano, cuya licitación está marcada para el 30 de junio.

Está en juego la firma del contrato de modernización de la Refinería de Talara, que ya obtuvo la aprobación del MEF (a regañadientes) y que está en el paso final: que lo apruebe la Contraloría, algo que debe suceder en estos días.

Está en juego que Petroperú pueda explotar los lotes del noroeste, lo que implica un cambio en los Acuerdos de Directorio de Perupetro. Y también está en juego la propia existencia de Petroperú, puesto que la Ley 30130 (Art. 3) quiere privatizar el 49% de sus acciones “a precio de libros”, lo que constituiría un “faenón” de proporciones.

Hay que tener mucho cuidado de separar bien la paja del grano en la discusión actual, pues están al acecho todos aquellos que quieren mantener posiciones monopólicas en la explotación del gas de Camisea e impedir la puesta en marcha de la industria petroquímica, así como vender a Petroperú al “mejor postor” (es un decir). Se debe investigar hasta el final todo lo relacionado con conflictos de intereses, pues debe abolirse la estrategia de las tristemente célebres “puertas giratorias”. Y se tiene que cambiar la actual “política” de Perupetro.

Por todo ello, se debe también apoyar la iniciativa legislativa ciudadana, que ya está en marcha, para conseguir 65,000 firmas y plantear la derogatoria de los Art 3 y 6 de la Ley 30130 para privatizar Petroperú. Toda la política energética está en juego.