El fallo por el caso de torturas, asesinatos e incineración de cuerpos en los sótanos del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) cobra especial importancia primero porque confirma la existencia de dos hornos en las instalaciones militares de “El Pentagonito” para “desaparecer cadáveres” y determina que la estrategia de eliminación extrajudicial en el gobierno de Alberto Fujimori no se limitó al Grupo Colina luego de su desactivación, demostrando que hubo otros grupos que realizaron similares actividades.

La sentencia que condena al exasesor Vladimiro Montesinos, y al exJefe de las Fuerzas Armadas Nicolás Hermosa Ríos, a 22 años de prisión; y a Jorge Nadal Paiva a 15 años, por el secuestro y desaparición de los estudiantes Keneth Anzualdo, Martín Roca Casas, y el profesor Justiniano Najarro, asesinados y cremados en los sótanos de SIE en 1993, significa además el  punto de inicio para que el Ministerio Público asuma la investigación a cabalidad pues aún no se ha demostrado cuántas personas fueron secuestradas por elementos de Inteligencia, torturadas y desaparecidas en ese macabro lugar.

El exfiscal anticorrupción Avellino Guillén dijo que, según el expediente, no se consignaban los nombres de los detenidos cuando ingresaban a los “Sótanos del SIE” y para dificultar su identificación posterior se les asignaba códigos para ser distribuidos en diferentes celdas.

De esta forma, quienes perpetraron estos crímenes se preocuparon en bloquear el acceso a la información de los nombres de los detenidos y por eso no se puede determinar aún cuantas personas fueron llevadas a esas prisiones, cuántas fueron desaparecidas, y tampoco se sabe la identidad de muchos de ellos, por lo que es un trabajo arduo que le espera al Ministerio Público que de inmediato debe tomar este caso.

La sentencia del Poder Judicial señala que la desaparición forzada fue una Política de Estado del Gobierno del reo Alberto Fujimori, lo que configura delito de lesa humanidad. La justicia ha determinado que lo que era una conjetura, una imputación periodística, era un hecho cierto y que realmente existieron estos hornos en el SIE, que soportaban temperaturas de hasta 1000 grados centígrados.

Esto abre una perspectiva de investigación y se tienen que revisar minuciosamente los cuadernos de ingresos en estas dependencias. Esto es fundamental para que se esclarezcan cuántas fueron las personas que permanecieron privadas de su libertad y luego determinar qué  es lo que ha pasado con estas personas.

Justamente ahí la radica la importancia de este fallo. Los actos de lesa humanidad no se agotan en julio de 1992 sino que se han prolongado y se debe llegar al fondo de la verdad. Se tiene que saber que grupos han estado a cargo de estas violaciones de derechos humanos y quiénes fueron las víctimas.

El fallo ha corroborado la investigación que el periodismo llevó adelante con Ricardo Uceda y sus colaboradores, quienes aportaron fuentes y testimonios que determinaron que la justicia pueda emitir un fallo condenatorio, pero en este caso hay mucho por investigar aún.

El caso no termina con esta sentencia que no fue apelada por Vladimiro Montesinos. Es tarea del Ministerio Público profundizar la investigación y dar no solo con los responsables de los grupos de aniquilación que aún no se conocen, sino también descubrir el número de personas que fueron “desaparecidas” en esta maquinaria de terror que se había instalado en el SIE. La justicia aún no ha cerrado este caso.