Con la imposición del neoliberalismo desde fines de los años 1970, se abandona la idea de que el Estado debería regular el funcionamiento de los mercados para impedir el surgimiento de asimetrías de poder y las consecuentes injusticias sociales. A esta tarea del Estado, que fue parte del consenso que duró casi treinta años desde la post segunda guerra, se le adicionó la de velar por los equilibrios macroeconómicos. La idea neoliberal de que el Estado es el problema, excluye la posibilidad de este consenso, y en su lugar se impone la concepción del funcionamiento libre de los mercados para que «florezca la creatividad empresarial y no se destruyan puestos de trabajo».

LOS EFECTOS DE LAS DESREGULACIONES 

Los efectos de las desregulaciones en países como el nuestro, han frenado el desarrollo en lugar de promoverlo. La liberalización comercial y los tratados de libre comercio con países industrializados y desarrollados, redujo el mercado doméstico para la producción nacional y nos especializó en la producción y exportación de materias primas. Trabó las posibilidades de industrialización y diversificación productiva. Este efecto negativo en la industria fue exacerbado por la entrada de capitales, sin restricciones, que, junto con el boom primario exportador, redujo el tipo de cambio haciéndoles perder competitividad a las actividades productivas de transables.

La desregulación de los préstamos de la banca comercial en el exterior estimuló la dolarización de los créditos domésticos, haciéndole perder autonomía a la autoridad monetaria. Desde que se agotaron las condiciones de mercado y financieras favorables para el crecimiento primario exportador de nuestro país, se revirtió la tendencia a la baja del tipo de cambio. Así, para impedir que la devaluación ponga en riesgo a los bancos que prestaron en dólares, la autoridad monetaria reaccionó vendiendo sus dólares (o reduciendo su posición de cambio); pero también lo hizo para impedir que la devaluación siga incrementando la inflación. Con la venta de dólares el Banco Central perdió casi el 50% de sus reservas. Esta espectacular merma de sus reservas, obligó al Banco Central a elevar su tasa de interés de referencia en pleno enfriamiento económico.

El deterioro de la autonomía de la autoridad monetaria ha provocado desconfianza en la moneda nacional, la misma que se expresa en la creciente dolarización de los depósitos bancarios: 56.9% corresponden a personas jurídicas y 46.44% a personas naturales. Esta dolarización es otro factor que acrecienta las presiones devaluatorias, y ocurre al mismo tiempo que aumenta el retiro de los depósitos bancarios en soles que reduce la liquidez en moneda nacional de los bancos.

La flexibilización del mercado de trabajo y el recorte de derechos laborales, es otro ejemplo de desregulación que ha afectado a los trabajadores y a su calidad de vida, convirtiéndose en fuente de conflicto social. Cerca del 75% de los trabajadores tienen ingresos menores a mil soles y un poco más del 74% son informales. De otro lado, hay que mencionar que la gran mayoría de los conflictos sociales están relacionados con las actividades extractivas. Los últimos gobiernos han vuelto más laxas las regulaciones orientadas a proteger el medio ambiente y los derechos de las poblaciones indígenas. Por ejemplo, se acortaron los plazos para los estudios de impacto ambiental.

No hay regulación en el «mercado» de la salud. El acceso a genéricos de todo tipo es limitado y será aún peor si el gobierno firma el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP). En carta dirigida al presidente Humala, Joseph E. Stiglitz -premio Nobel de Economía- y Adam S. Hersh -economista senior en el Instituto Roosevelt-, advierten que ese acuerdo irá «mucho más allá de una simple reducción de aranceles y cuotas, pues exigirá cambios fundamentales en las instituciones jurídicas, judiciales y reguladoras de cada país, lo que constituye una concesión a los poderosos grupos de presión». Elevará la protección de los derechos de propiedad intelectual no para innovar, sino para mantener, por ejemplo, a los competidores de los «Big Farma», como son los genéricos, fuera del mercado.

LA PÉRDIDA DE SOBERANÍA DEL ESTADO

Los tratados comerciales y este último, el TPP, no solo cercenan la capacidad regulatoria del Estado, sino también su soberanía. Como dicen los economistas citados, el TPP reducirá su capacidad «de aprobar normas legales regulatorias para proteger la salud pública, la seguridad y el ambiente, porque creará mecanismos de solución de controversias entre inversionistas y Estados, que permitirían a los extranjeros a demandar al gobierno cuando consideren que alguna regulación afectará sus ganancias. El arbitraje sería privado y vinculante, incluso si el fallo fuera contrario a las leyes nacionales».

Esta pérdida de soberanía que favorece a los inversionistas y grupos de poder extranjeros, además de someter al Estado a un arbitraje privado internacional, le bloquea las posibilidades de realizar transformaciones sociales y económicas, en particular, por ejemplo, para adoptar medidas orientadas a la integración del país sobre la base de un nuevo esquema de regionalización y ordenamiento territorial.

A MODO DE CONCLUSIÓN

Adam Smith se declaraba a favor de la regulación argumentando que, si bien la presencia de un muro es una violación de la libertad natural del fuego, su construcción es indispensable para impedir la propagación de los incendios. Al respecto, cuando la libertad natural «está concentrada en pocas manos de un modo inapropiado –dice Casassas–, esa libertad natural puede poner en riesgo a la sociedad entera». El Estado debe intervenir entonces «para que no se den esas inapropiadas concentraciones de la libertad natural». La sociedad se pone en riesgo cuando el Estado «rompe los lazos que lo vinculan a la sociedad civil» y ya no promueve el bien común porque está controlado por una plutocracia.

Publicado en el Diario Uno 03 octubre 2015