Esta es una carta que envió el constitucionalista Alberto Borea al diario El Comercio como respuesta a una editorial publicada en dicho medio la semana pasada. La carta, elocuente y relevante por el tema que trata, no fue publicada en su totalidad. Por esta razón la publicamos en Otra Mirada toda vez que consideramos pertinente presentar este punto de vista respecto al tema que se aborda.
 
Apreciado señor Director:
 
Acompaño a la presente una carta que espero se publique en su integridad con relación a las afirmaciones que se hacen en la Editorial del diario que Ud. dirige aparecida el día 1 de diciembre. Sería más noble, a mi parecer, que lo publique como artículo en su página de opinión.
 
Sé que no se encuentra Ud. en el Perú y estoy casi seguro que Ud. no lo ha escrito, ello no quita, sin embargo, la necesidad de aclarar en un debate donde haya igualdad de armas acerca de que las falsedades no son las del proyecto que hemos presentado para terminar con la situación de precariedad constitucional como producto del golpe de Estado de 1992, sino las que sostiene el editorial referido.
 
Se sostiene que la Constitución de 1979 no tiene credenciales democráticas porque se redactó cuando el país era gobernado por una dictadura, lo mismo que pasó en 1993. Es muy grave que el editorialista no sepa distinguir entre un gobierno que devuelve a la civilidad el poder que arrebató para que dicte las normas de convivencia a futuro, como pasó con los militares en 1979, que lo que sucedió con una dictadura que se apropia del poder para quedarse y hace que sus seguidores hagan una “constitución” para poder perpetrarse en el mando, como pasó en 1993. Mientras el General Morales Bermúdez y los militares dejaron el poder apenas promulgada la Constitución de 1979, Hermoza, Montesinos y Fujimori y sus demás secuaces pretendieron legitimarse con el barniz de un texto que jamás cumplieron en 1993, y luego, como es obvio, cometer todos los delitos que perpetraron. Es falso afirmar que la situación y la vocación fue la misma.
 
En la Constituyente de 1979 lo que dijeran los militares no fue tomado en cuenta por los constituyentes que libremente discutieron el texto fundamental. Las observaciones que al final pretendieron hacer al texto aprobado en la constituyente presidida por Haya de la Torre a través de una carta les fue devuelta, sin abrirla siquiera, por Luis Alberto Sánchez, Ernesto Alayza Grundy y toda la Junta Directiva. Por el contrario, todos somos testigos de cómo desde las oficinas del SIN les pasaban los “discursos” y les daban las “ideas” en 1993 a representantes temblorosos que se paraban en el hemiciclo a decir lo que ordenaba el poder de Fujimori. Todos fuimos testigos cuando Hermoza sacó a las calles los tanques en 1993 cuando los “cecedistas” pretendieron insinuar alguna independencia. Otra vez, la falsedad es la editorial de El Comercio que trata de presentar como igual lo que es distinto.
 
Mientras que en la Constitución de 1979 se hizo un esfuerzo de concertación y todos los peruanos se sintieron parte en el texto, incluso el Presidente Belaunde, quien la promulgó y cuyo partido presentó diversos textos a las comisiones, en el producto del golpe de 1993 se instaló la exclusiva visión de un grupo en lo económico, se cercenó el aspecto social y se levantó el control de poderes. Otra vez son distintos los enfoques y procederes.
 
Pero además de todo eso, muchos de los que animaron la “constitución” de 1993 han sido condenados por diversos delitos y purgan cárcel, han merecido condena o están prófugos. El origen de ese texto es espurio, como lo ha señalado en verso y en prosa el Tribunal Constitucional. ¿Puede el Perú democrático pretender seguir rigiéndose por lo ordenado por esos individuos? No hay que olvidar que el Dr. Juan Chávez Molina, a quien Uds. con razón ponderan continuamente, precisó con claridad el fraude que se perpetró en el denominado referéndum aprobatorio.
 
Otra cosa, quienes hemos hecho y hacemos política con cargo o sin cargo, al igual que la hace el editorialista de “El Comercio” a quien hoy refutamos, no tenemos por qué razón aceptar las insinuaciones de teatralidad que allí se hacen. El pueblo que ha respaldado con su firma esta iniciativa merece todo el respeto, y quienes creemos haber actuado siempre en bien de nuestra patria, también. La presencia de 16 parlamentarios en ese acto dice bien a las claras de la importancia del hecho del que hoy ese editorialista pretende burlarse.
 
Hay que cambiar de inmediato el artículo 206 del texto del 93 que, además, pretendieron los fujimoristas para beneficiarse con un tercio de ventaja en cualquier votación posterior que pretendiera el cambio de “su constitución”.
 
Los peruanos tenemos que discutir en libertad aquello que no fue sino el resultado de la imposición. Como dijo el ilustre Presidente Valentín Paniagua del texto de 1993 al que el editorialista hoy defiende sobre falsedades, eso no fue otra cosa que un estatuto de ocupación, que es lo que los vencedores en un conflicto armado imponen a los vencidos sin siquiera consultarle. En este caso, el derrotado en desigual combate fue el pueblo peruano.
 
Finalmente, invito a que quien escribió ese editorial ponga su nombre y apellido y desde ya lo invito a un debate público en medio neutral y con “igualdad de armas en el debate” para confrontar ideas ante el pueblo y que sea este el que decida.
 
Atentamente
 
Alberto Borea Odría – DNI 09157836